El Senado de Brasil aprobó la apertura de un proceso de impeachment contra la presidenta, Dilma Rousseff. Durante un período de 180 días, a lo largo de los cuales se discutirá el mérito de las acusaciones, la presidenta permanecerá alejada de su cargo y será reemplazada por el vicepresidente Michel Temer.

Más allá de las acusaciones formales de responsabilidad penal en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que pesaban sobre la presidenta, la decisión —tras la votación en la Cámara de Representantes a mediados de abril— es consecuencia de la grave crisis económica y política producida por las decisiones equivocadas tomadas por su gobierno en los últimos años.

No deja de ser irónico que el proceso tenga como base la LRF. No sólo el PT se opuso a su aprobación en 2000; la propia presidenta asumió, desde que pasó a la condición de Ministra Jefe de la Casa Civil del Gobierno de Lula en 2006, una postura hostil a las propuestas dirigidas a promover un ajuste fiscal a largo plazo a través de ajustes graduales en la tasa de crecimiento de los gastos corrientes del gobierno federal.

El nuevo gobierno encontrará la economía brasileña en estado crítico. El crecimiento venía cayendo desde 2011, desapareció en 2014, fue negativo (3,8%) en 2015 y debería registrarse una nueva caída significativa este año, cercana al 4%. La tasa de desempleo alcanzó el 11% en el primer trimestre de 2016, tres puntos porcentuales más que en el mismo período de 2015. La masa de ingreso real cayó un 4,1% y la informalidad en el mercado laboral aumentó fuertemente. La caída de la producción industrial en el primer trimestre fue de 11,8% y del 9,8% en las ventas minoristas. La inflación, aunque disminuyendo gradualmente, sigue siendo alta, lo que restringe el uso de la política monetaria como instrumento para reactivar la economía.

Tal vez la única buena noticia en el campo económico sea el desempeño del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, debido a un fuerte cambio de tendencia en la balanza comercial. El volumen de las exportaciones creció un 18% en el primer trimestre, pero su impacto fue neutralizado por la reducción del 19% del precio de los productos exportados. Por tanto, la mejora de la balanza comercial se ha debido al descenso de las importaciones, que cayeron un 33% en el primer trimestre.

La retracción de la actividad económica sin duda tiene un impacto fundamental en este resultado, mediante la reducción de la demanda por importaciones. También existe el efecto del tipo de cambio, que sólo en 2015 se depreció más de un 40% en su media anual, y acumula casi el 100% desde 2011. Sin embargo, Brasil sigue siendo una economía muy cerrada, y los efectos de la devaluación sobre la demanda y la actividad económica son limitados.

La reversión de la actual trayectoria de la crisis dependerá en primer lugar, y en el corto plazo, de la recuperación de la confianza. La perspectiva de un cambio en el gobierno ya está actuando en ese sentido, como se constata en el comportamiento, entre otras variables, del tipo de cambio, que se apreció en un 12% desde el comienzo del año, o el mercado de valores, donde la valorización fue de 35 % desde finales de enero, cuando las perspectivas de votación del impeachment comenzaron a tomar forma. Es necesario, sin embargo, que el nuevo gobierno adopte medidas concretas para revertir el deterioro económico actual.

Los artículos aquí publicados a lo largo de los últimos años siempre han puesto de relieve el papel central de la política fiscal, tanto para garantizar el crecimiento de la economía brasileña en el periodo 2004-2010 y, más recientemente, como el elemento central de la pérdida de credibilidad y fuente de desequilibrios macroeconómicos que llevaron a la crisis. Por tanto, las medidas en el ámbito fiscal —tanto a corto plazo como estructurales— serán las más importantes para que el aumento de la confianza se consolide y permitir en una primera etapa detener la caída de la actividad económica. El déficit primario proyectado para este año es de alrededor de 1,7% del PIB, después de alcanzar el 2% del PIB en 2015. Se espera que la deuda bruta de las administraciones públicas alcance el 75% del PIB, un aumento de 23 puntos porcentuales del PIB desde 2014 y claramente en una trayectoria insostenible. El esfuerzo por estabilizar la relación deuda-PIB será de tres a cuatro puntos porcentuales del PIB.

Las medidas necesarias para estabilizar la trayectoria fiscal implican cambios constitucionales, por lo que el apoyo político al nuevo gobierno será fundamental. Entre ellas se destaca la reducción de la rigidez del gasto y los cambios en las reglas de acceso a las prestaciones de seguridad social y de definición de sus valores.

También ocupan un lugar destacado en la agenda de reformas un cambio integral del sistema tributario a nivel federal y estadual y la fijación de un techo para el gasto público corriente como proporción del PIB, exactamente la propuesta derrumbada por la entonces ministra Dilma Rousseff diez años atrás.

El juicio político basado en el LRF puede tener un efecto positivo sobre la percepción de los inversores para construir instituciones fuertes que garanticen trayectorias fiscales sostenibles. Junto con el esfuerzo de las reformas, permite diseñar un escenario de recuperación gradual del crecimiento para los próximos años.

PAULO LEVY