FALTA DE PARTE DEL GOBIERNO PLANTEO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN MEDIANO PLAZO

La variable de ajuste no pueden ser siempre los ingresos fiscales

Para la economista Azucena Arbeleche, asesora del Partido Nacional, la necesidad imperiosa de adecuar el gasto público debería ser la principal preocupación del gobierno.

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Azucena Arbeleche. Foto: Francisco Flores.

Cuestiona que no sea esa variable la que determine el ajuste en la discusión presupuestal, al tiempo que reclama políticas más sostenibles para el crecimiento de la economía. A continuación, un resumen de la entrevista.

—El Ministro de Economía ha dicho en más de una oportunidad que sus dos principales preocupaciones son déficit fiscal y empleo; ¿comparte esa visión?

—El empleo sin dudas es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Observamos un crecimiento económico que no va a acompañado por el desempeño laboral, muy por el contrario: hay destrucción de puestos de trabajo, lo cual es muy preocupante. La vimos en los dos últimos años y también el primer trimestre de este año. A pesar de la expansión del PIB, los sectores que crecen destruyen empleo. Es un problema, pero no veo que el gobierno esté abordando el tema.

Tenemos un crecimiento económico movido por el consumo, sin una inversión productiva que esté aumentando. ¿Cuán sostenido es este crecimiento? Esa es la preocupación y no veo por parte del gobierno una propuesta sostenible en el mediano plazo. Esto nos lleva a la competitividad del país; si se tiene preocupación por el empleo, hay que trabajar genuinamente en los cambios estructurales para tener un crecimiento sostenible y de calidad que genere empleo.

— ¿De qué cambios habla?

—De corto plazo, asuntos como el déficit fiscal. La política fiscal tiene que revertir el manejo que ha tenido hasta ahora. Pero también políticas de mediano y largo plazo: una adecuada inserción internacional, temas de infraestructura, por supuesto que también cambios en la educación, enfocada hacia aquellos sectores en los que estamos produciendo. También políticas de reconversión laboral y pensar en el efecto que tendrá la robotización en el trabajo. No podemos depender solamente de que se instale UPM para ver crecer al país. Me pregunto qué está haciendo el gobierno para que haya un crecimiento sostenible.

La rigidez del mercado laboral también es un tema a abordar. No significa ir marcha atrás con una cantidad de derechos y beneficios que los trabajadores hemos logrado en los últimos tiempos, pero si tenemos una masa salarial que aumenta al mismo ritmo del producto y vemos la evolución de los salarios reales, confirmamos que todo ese incremento se lo están llevando los salarios y no se crea empleo. Hay que pensar en mejorar las condiciones de productividad.

—¿En la Rendición de Cuentas, qué aspectos considera que deben destacarse?

—En la Rendición de Cuentas, el gasto prioritario que presenta el ejecutivo son 72 millones de dólares; 10 millones por el diferendo con el Poder Judicial y 62 millones para la Educación. Luego compara con el período pasado y calcula que se va a recaudar más por mayor crecimiento, resta las utilidades que no van a llegar del Banco República y además debe sumar los gastos imprevistos por pasividades (algo que yo no considero que sea un imprevisto). Por tanto, debe financiarse en 112 millones de dólares. Toda la discusión es esa cantidad, que el gobierno no es capaz de conseguir recortando algún gasto, cuando tenemos un presupuesto de 14 mil millones de dólares. Lo único que le interesa al gobierno es cerrar las cuentas, de la manera más fácil. Es un cálculo de servilleta. Entonces aparecen las nuevas cargas en tasa consular y juegos de azar.

En cada discusión presupuestal la pelea que ha dado el Partido Nacional ha sido por el gasto. Nos reunimos con la bancada de diputados antes y ahora con la de Senadores y el tema es el mismo. Buscar la forma en reclamar eficiencia en el gasto. Seguramente, por las realidades de conformación del Senado, no habrá modificaciones en un presupuesto sin agenda de crecimiento.

—En marzo pasado, Lacalle Pou manejó públicamente un conjunto de 20 medidas que proponía al gobierno. ¿Están vigentes los planteos hechos en aquel momento?

—Algunas de aquellas medidas parcialmente se han implementado, aunque en forma tardía. Da la sensación de que finalmente se va a reestructurar el negocio de cemento portland, en procura de mejorar la situación de Ancap. También, se había propuesto dejar de lado el proyecto de la Regasificadora tal cual estaba planteado y se reconoció tardíamente (luego de gastar muchos recursos) que no es un negocio viable.

Entre los pendientes, por ejemplo, no se ha cumplido con una auditoría externa al Mides. En realidad, con posterioridad a la propuesta, hemos visto que la Auditoría Interna de la Nación ha observado que en muchas contrataciones de los programas del Mides hay falta de transparencia y que a su vez hay debilidades e insuficientes controles a la hora de asegurar que los prestadores de servicio cumplan. Esto va atado al grave problema del gasto que es muy visible.

Y algo muy importante: la propuesta de aplicar una regla fiscal. Habíamos sugerido la creación de un grupo de trabajo para su diseño, pero hasta el momento eso no existe.

—¿Es posible llegar al 2,5% de déficit fiscal al término del período, como proyecta el gobierno?

—Es difícil de alcanzar esa meta. Desde 2011 a la fecha tenemos un déficit que va en aumento, por encima de lo proyectado, y una deuda neta que en los últimos dos años aumentó 10 puntos del PIB, llegando al 43% del producto.

—Según el gobierno, la deuda está en niveles manejables…

—Utilizando las proyecciones de deuda neta que ha hecho el equipo económico, puedo observar cómo sistemáticamente sube y sube. ¿Qué es lo que el equipo económico entiende por sostenibilidad de las cuentas públicas? A mí no me resulta evidente. Para 2019, el nivel de deuda neta que se proyecta está 4 puntos por encima de lo que se presentó en la Ley de Presupuesto.

—¿Hay un mal manejo de la deuda?

—No, no es ese el problema. El endeudamiento llega porque el déficit crece. No se trata de un tema de manejo de deuda. El problema está en el deterioro del déficit fiscal.

En 2016, el déficit fiscal fue menor al 4,3% que se establecía en la Rendición de Cuentas, ubicándose en 3,9%. Pero tenemos que tener presente que el PIB creció 1,5% cuando la proyección era de 0,5%. Entonces, la lectura es que hubo mucho más crecimiento del esperado y el déficit alcanzó el peor nivel de los últimos 27 años.

—¿El problema lo ubica tanto en menores ingresos como en mayor gasto?

—No, mi preocupación es el gasto. Los ingresos crecieron como porcentaje del producto. Todos los gastos aumentan, no solamente los gastos endógenos ni los que corresponden exclusivamente a políticas sociales como presenta el gobierno. Aumentan las remuneraciones, los gastos no personales, así como las transferencias y las pasividades. La sensación que a uno le queda cuando lee los números es que la variable de ajuste son los ingresos. Siempre el gobierno gasta por encima de lo proyectado y finalmente tiene que pedirle a los ciudadanos mayores esfuerzos para afrontar el problema, como hizo a principio de año. El cuestionamiento no está en las políticas sociales, sino en las ineficiencias del gobierno.

—¿Por dónde se debería reducir el gasto?

—Quedan márgenes para reducir. Vale la pena estudiar la endogeneidad del gasto. Las pasividades se presentan como un gasto endógeno, que lo es, pero debemos recordar que allí pesa lo que surge de la modificación en las jubilaciones de la ley de 2008 y una trayectoria al alza bien marcada. Ahí hay margen para hacer alguna modificación. Otro gasto es el de las políticas sociales, que sin duda han sido buena cosa. Pero por ejemplo, en el Fonasa hay un déficit esperado, por el ingreso de los nuevos colectivos. Sin embargo, el déficit termina siendo mucho mayor. ¿Qué pasó?, ¿somos eficientes con el gasto social, está llegando al maestro, al policía?, Se necesita eficiencia y transparencia.

—Las calificadoras de riesgo le han mantenido la nota a Uruguay. ¿Lo esperaba?

—La sostenibilidad del grado inversor va a estar de la mano de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Si continúan los desvíos fiscales, podemos estar en problemas. Creo que las calificadoras están dando tiempo a que el gobierno acomode las finanzas y el déficit converja a 2,5% hacia el final del período. En el Centro de Estudios (del Partido Nacional) hicimos la comparación con el perfil de otros países que están en el mismo escalón de Uruguay, y cuando observamos los indicadores fiscales, estamos al límite del resto del grupo. Ahí hay un factor de riesgo.

El tope de endeudamiento no debe considerarse una regla fiscal.

—El gobierno sostiene que el sistema de tope de endeudamiento que se aplica es, en definitiva, un instrumento que cumple la función de regla fiscal. ¿Comparte?

—La ley de tope de endeudamiento no es una regla de responsabilidad fiscal. De ninguna manera contiene el gasto. Esta ley está vigente desde 2006 y hasta la fecha ha sido modificada cinco veces por nuevas leyes, cambiando los máximos de endeudamiento. Lo que establece es cuánto puede aumentar la deuda neta, que es la contracara del déficit fiscal. Alguna vez se estableció que solo se podría variar ante eventos extraordinarios. Esto se justificó en 2009, cuando hubo una sequía importante en el país y estábamos en plena crisis internacional. Pero en los demás casos no existían estos factores.

A la luz de los resultados, más allá de flexibilidad —el argumento que ha usado Astori para justificar el uso del tope de deuda— lo que hemos visto es irresponsabilidad en el manejo de la conducta fiscal.

Podemos detenernos en el caso chileno para ver que lleva su tiempo estudiar y poner en marcha una regla fiscal. En el 2000 se plantea por primera vez la necesidad de incorporar en el presupuesto nacional el objetivo de llegar a un superávit estructural de 1% del PIB. En 2006 se vota una ley de responsabilidad fiscal, y luego ese objetivo de déficit fiscal estructural fue bajando hasta llegar al cero. En paralelo, se van incorporando cláusulas de salida. Lo más importante es que Chile logró ser creíble, y Uruguay no lo es. Para tener una regla fiscal, hay que tener credibilidad.

Azucena Arbeleche.

Licenciada en Economía en la UdelaR; Magister en macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile. Fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF (2010-2012) y actualmente asesora al Sector Todos (Partido Nacional).

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