GONZALO RAMÍREZ

UPM: un negocio electoral

El Presidente de la República viajó a Finlandia con el propósito de concretar con la mayor celeridad posible, la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM en el país.

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UPM genera más de 4.000 empleos entre directos e indirectos. Foto: D. Rojas.

Junto a los miembros del gobierno fue un importante grupo de empresarios, así como representantes del Pit-Cnt, pero como de costumbre, no había ningún representante de la oposición.

En el mes de enero la casa matriz de UPM comunicó a sus accionistas que la compañía no estaba involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo, y que únicamente estaba conversando con el Poder Ejecutivo sobre el desarrollo de obras de infraestructura. Sin embargo, desde el gobierno todos los días se anuncian las inversiones que realizaría el Estado para contemplar las exigencias de UPM, que no bajarían de 500 millones de dólares. En este sentido, el Ministro Rossi anunció que en marzo de este año estaría pronto un anteproyecto para instalar 300 km de vías férreas hasta el Puerto de Montevideo.

Es evidente que el gobierno está negociando desde una posición de debilidad, mostrando una fuerte desesperación por la pronta inversión de la empresa finlandesa, que lejos de beneficiar al país, nos perjudica y esto tiene dos causas. La primera, es que los últimos indicadores de la economía uruguaya y especialmente el déficit fiscal no han sido los esperados. La segunda, tiene claramente un origen político-electoral, ya que para el partido de gobierno la concreción de esta inversión podría asegurarle un cuarto mandato. Es habitual que cuando se acercan las elecciones, los gobernantes se sientan tentados a tomar decisiones que pueden darle réditos electorales, aunque puedan ser perjudiciales para el país. Para impedir esta desviación de los gobernantes, la Constitución establece en el artículo 229 que: "El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias (…)". Si bien en este caso no se crearían cargos públicos, ni se aumentarían los sueldos de los funcionarios, por la vía de la inversión en obras de infraestructura se estarían generando miles de puestos de trabajo en el año electoral, con sus obvias consecuencias en la popularidad del gobierno. Obviamente no estoy en contra de la creación de puestos de trabajo ni de la inversión extranjera, pero resulta cuestionable la forma y la celeridad con la cual el gobierno está negociando con UPM, obras de infraestructura que pueden llegar a los mil millones de dólares y que por su magnitud, deberían ser analizadas y discutidas con la participación de la oposición y de los demás sectores productivos que pueden verse afectados. Sin embargo, para el gobierno solo importa obtener el consentimiento del Pit-Cnt, para que le garantice a UPM que no habrá conflictividad laboral en las obras.

Los antecedentes del Frente Amplio en las negociaciones con las papeleras, son motivo suficiente para preocuparse. Recordemos que fue un escándalo el acuerdo secreto celebrado en el año 2011 con Montes del Plata, empresa a la cual se le garantizaron condiciones que no tuvo nunca otra empresa en Uruguay. El acuerdo dejó de ser confidencial gracias a una intimación de la Justicia pedida por el fiscal Enrique Viana. En aquel momento, además de los beneficios fiscales otorgados, el gobierno se comprometió a declarar de prioridad forestal un mínimo de 100 mil hectáreas en un radio de 200 km desde la planta de Conchillas, en los suelos de mayor productividad del país. Pero lo más cuestionable es que el gobierno se obligó a garantizarle determinados ratios de rentabilidad a la empresa, comprometiéndose a darle mayores beneficios en el marco de la Ley de Inversiones en caso que en el futuro se aprobarán modificaciones en el régimen tributario que afectaran su ecuación económica.

En una nota publicada en este diario, el ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, planteó determinadas interrogantes en relación a las negociaciones con UPM con gran agudeza y acierto. Refiriéndose a los subsidios a la actividad forestal, sostuvo el ex ministro: "Hasta ahora me vienen subsidiando implícitamente, y ahora quiero que me subsidien explícitamente, que me hagan un ferrocarril. Además que sigan atendiendo las carreteras que le llegan a la planta. Y todo bien, ahora, en Finlandia la forestación tiene un sistema especial de financiamiento para las carreteras que mueven la madera. Así que en la casa matriz hay un sistema y resulta que acá tenemos otro. ¿Alguien lo pensó? El Presidente sale a buscar fondos para una inversión que no se sabe cuál es y en una de esas se sabe y nadie está enterado".

En definitiva, las obras de infraestructura necesarias para que UPM transporte la materia prima por ferrocarril las va a soportar toda la sociedad en beneficio de un sector determinado (subsidio explícito). Pero además —según Cáceres— este sector ya tiene un subsidio implícito por vía de infraestructura vial, principalmente en mantenimiento de caminos y carreteras, cuyo costo no se le cobra al sector forestal a diferencia de lo que sucede en Finlandia. Tampoco se ha valorado el impacto del ferrocarril en las empresas de transporte carretero, que no cuentan con ningún subsidio del Estado y cada vez pagan un combustible más caro.

Si este negocio se celebra bajo las urgencias electorales y sin la debida transparencia, puede resultar tan ruinoso para el país como las inversiones que realizó Ancap en el pasado y que llevaron a Sendic a la vicepresidencia, las que muchos aplaudieron cuando se inauguraron las obras y que hoy explican gran parte del déficit fiscal.

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