JULIO PREVE FOLLE

Trazabilidad: es hora de evaluar

E sistema de trazabilidad del ganado, individual y obligatorio, viene transitando su décimo año desde que se lo lanzó en esa condición severísima y única en el mundo, que es la obligatoriedad. 

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La polémica de las caravanas. Foto: Archivo El País

El sistema en sí ya había sido patrocinado por un Ministro de Ganadería del gobierno del Dr. Batlle, pero hasta el gobierno socialista no había aparecido esa faceta de la obligatoriedad.

Quienes siguen nuestras columnas desde aquel entonces, recordarán mi oposición, no a la trazabilidad, sino a su condición obligatoria. Presenté el tema como un típico caso de confusión de roles entre lo público y lo privado, convirtiendo un simple tema de negocios que hoy puede ser y mañana no, en un objetivo de política. Advertí además que no era nada claro que el mundo fuera en esa dirección, o que hubiera un beneficio indudable en la adopción generalizada del sistema. Y que si alguien creía en ese negocio, —el de vender carne proveniente de ganado identificado— debería hacerse cargo de armar el sistema, necesariamente un asunto privado para quienes tuvieran esperanzas en él.

Por último pero no menos importante, volví a subrayar un tema sobre el que muchos empresarios han perdido lamentablemente el reflejo, que es el de defender con uñas y dientes la reserva de sus cosas, su secreto profesional, no entregar al estado más información que la imprescindible, y en cambio no promover un conocimiento detallado de la intimidad empresarial del ganadero, potencialmente usada con cualquier fin. Han pasado casi diez años y hay que evaluar. La instalación de un nuevo gobierno, también éste amigo de intromisiones en lo privado, así como algún cambio de autoridades gremiales que permite alguna esperanza en la defensa de valores y no tanto de intereses, todo contribuye a evaluar, a dar cuenta de lo ocurrido.

Costos.

Dejando de lado molestias y pérdidas de tiempo en trámites, estimé tres fuentes de costos anuales: el costo de trámites por camión, el precio de las caravanas, y el costo del SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera), que se licita y se contrata con una empresa que lo administra, fuera del ministerio. No considero el costo de los funcionarios del propio MGAP abocados a esta tarea, que en un supuesto heroico se puede asumir venían de otras actividades.

La revista de mayo de la Asociación de Consignatarios de Ganado, estimó en 150 dólares por camión el costo entre timbre, sellado, veterinario y viáticos. Tomando datos de la faena anual, así como de los movimientos estimados en negocios para el campo, se llega a una cifra no inferior a los 20 millones de dólares por año (alrededor de 130 mil viajes de camión). En cuanto a las caravanas, asumiendo un valor de 1,5 cada una, el costo del sistema, según el número de terneros nacidos, oscila entre 3,5 y 4,5 millones de dólares, excepto en el 2006 que se debió caravanear todo el rodeo, con un costo en este caso de 7,5 millones.

En cuanto al costo del SNIG, a estar por el valor de la última licitación, estimo un costo anual de US$ 7,37 millones. De esta forma, sin contar costos anteriores a 2006 —que los hubo—, asumiendo un 2015 igual a los anteriores, el costo de estos 10 años no baja de US$ 326 millones, una cifra muy respetable, que supera cada año a los aportes patronales al BPS, es la mitad de lo que se pagó en 2014 de Impuesto al Patrimonio, o algo menos de la mitad de la Contribución Inmobiliaria para ese año.

Pero hay otro costo mucho más importante: el institucional. En efecto, al montarse un sistema obligatorio con control policial de cumplimiento a cargo del estado, de hecho se convierte a éste en coejecutor de un negocio absolutamente privado, como lo es vender ganado trazado.

Se convierte así un objetivo de negocios —como vender mejor, a más alto precio, con mayor diferenciación— en un objetivo de política pública, cuando claramente no lo es.

Son los privados los que, detectada una oportunidad de negocios, arman su estrategia para atenderlo; si les va bien mejor, y si les va mal es su problema. Si mañana alguien encuentra un mercado para animales enteros, o para terneros mamones, deberá encargarse de armar el proceso, certificarlo si se lo piden, etc. Hacer mejores negocios se supone que es un objetivo privado.

Pero está también ese otro costo, para mí sumamente trascendente, que es entregar también en la ganadería, la intimidad total de lo que ocurre porteras adentro de un campo. Un ganadero uruguayo, que también trabaja en Estados Unidos, me explicaba que no solo no hay trazabilidad obligatoria allí, sino que su mentalidad jamás aceptaría semejante entrega de datos personales…

Beneficios.

¿Y los beneficios? No se ha cumplido que, 10 años después, algún mercado pague más la carne de ganado obligatoriamente trazado. Tampoco es verdad que el mundo haya ido hacia ese objetivo. Es más; de los grandes países exportadores, en ninguno de ellos existe ese régimen; no lo hay en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en India, Nueva Zelanda o Paraguay.

Como consecuencia de lo anterior, no ha habido ningún sobreprecio pagado por la industria a los productores en razón de la trazabilidad. Y menos aún ahora cuando empiezan a aparecer "travesuras" en su aplicación, como siempre ocurre cuando una obligación no tiene un correlato de beneficio claro para el que la costea. Este es parte del problema que, al igual que en los planes de uso y manejo obligatorio de los suelos, empieza a ocurrir: si se empieza a extender una conciencia de nulo beneficio por el esfuerzo, las cosas empezarán a cerrar solo en los papeles.

Es verdad que puede haber un intangible beneficioso para el Uruguay, si nos creen que por tener este sistema somos más serios, o prolijos, incluso para seguir el derrotero de alguna enfermedad. Pero es un intangible imposible de probar.

Queda claro que puede haber negocios en los que la trazabilidad aporte información que agrega valor, por ejemplo para cumplir la cuota 481. Pero esto lo único que subraya es el hecho que trazar ganado debe ser un tema de la voluntad de los privados: si para algunos hay un negocio del que sacar beneficios, que identifique ganado pagando el sistema. Y si así no fuera, basta de obligaciones que representan no poca plata o esfuerzo.

En definitiva, la condición obligatoria de la trazabilidad y aún el propio sistema, deben ser objeto de evaluación prudente y profesional. Sin preconceptos. El MGAP podría liderar quizás un proceso de análisis, antes que la sensación de escasa utilidad se convierta en el mejor argumento para ir deteriorando la calidad del sistema.

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