CARLOS STENERI

Las polémicas que rodean a las solicitudes de la empresa UPM para instalar su segunda planta de celulosa nos llevan a preguntarnos si el planteo tiene relación con las trabas para realizar negocios en nuestro país.

Para responderlas, recurrimos al informe reciente preparado por el World Economic Forum(*) donde se compara el grado de competitividad relativa de 133 países. Allí se muestra que Uruguay ocupa la posición 76, lo que implica estar en la mitad inferior de la tabla. En la región solo superamos a Brasil (80) y Argentina (92) en tanto que países relevantes del resto del continente están mejor posicionados: Chile (33), Costa Rica (41), Panamá (50) y Perú (56).

En tanto nuestros competidores extra regionales, como Australia y Nueva Zelanda, ocupan las posiciones 21 y 13 en el concierto global, lo cual confirma su potencial como exportadores y competidores nuestros.

También muestra nuestro rezago relativo en materia de competitividad, hecho compartido con nuestros principales socios del Mercosur. Además, refrenda el fracaso de ese acuerdo para potenciar la competitividad conjunta del área, pues gracias a su encierro arancelario es que se pudo generar comercio intrarregional, enmascarando las ineficiencias de sus sistemas productivos. Solo sus sectores primarios muestran capacidad de penetrar en los mercados internacionales, siendo las manufacturas los grandes ausentes en los mercados globales. Esto explica los dilemas que enfrentan los inversores, en particular los extranjeros, cuando comparan localizaciones alternativas y encuentran niveles de competitividad externa tan bajos y alejados de los vigentes en otras alternativas para localizarse. Y cuando la decisión está referida a un país con su competitividad debilitada, es natural entonces solicitar regímenes especiales para compensar esa desventaja. Al final del día, la decisión gira sobre el retorno del capital neto de impuestos.

Una buena aproximación es conocer cuáles son las principales dificultades que enfrentan las empresas para desarrollar su gestión. En el caso de Uruguay, el informe señala y jerarquiza como la terna de escollos más relevantes la carga impositiva, burocracia excesiva y regulaciones laborales restrictivas. Ese dictamen está alineado con la percepción de empresarios y diferentes analistas.

La carga impositiva —y en particular la referida a la renta de las empresas— es elevada para los estándares internacionales, a lo que se debe agregar los tributos encubiertos cobrados a través de las tarifas públicas. Conviene refrescar que el empresario invierte tomando como decisor final, la rentabilidad del capital neto de impuestos. Es por eso que hoy los países más relevantes están bajando los impuestos a las empresas como estímulo a la inversión, especialmente para atraer inversión externa. La globalización aplana el mundo cuando los inversores deciden en base a la rentabilidad relativa entre localizaciones diferentes, y de esa tendencia inexorable no hay escapatoria posible. Es por eso que allanar esa restricción es una cuestión que no admite demora, pues se arriesga estrangular la inversión y por ende mayor crecimiento. Entre tanto, se lo soluciona con fórmulas excepcionales como las solicitadas por UPM o por regímenes de incentivos extraordinarios a las inversiones nuevas que no son universales, y además gravosos en su trámite. Esto discrimina al inversor local, en especial al pequeño o mediano, que genera más ocupación y efectos positivos al resto de la economía.

La segunda restricción está ligada con la burocracia excesiva en sus formas diversas. Se ha avanzado en algunas áreas, pero no es suficiente. La reforma profunda del Estado, en particular de su gestión, es una asignatura pendiente que revive como promesa electoral pero que luego siempre naufraga. Que su presencia se la mencione como escollo relevante para realizar negocios es un contrasentido propio de una sociedad arcaica en materia administrativa. Injustificable, cuando la tecnología penetró la vida comercial, dotando de eficiencia a áreas complejas como los servicios financieros.

Las regulaciones laborales restrictivas son el otro componente de la trilogía de escollos más relevantes. El indicador de Eficiencia del Mercado Laboral de Uruguay es desalentador: posición 121 entre 137 países. Se explica fundamentalmente por la falta de flexibilidad (posición 134) que se explica por la inflexibilidad en la determinación salarial (135), las cargas tributarias para la contratación de personal (132), el grado de cooperación en las relaciones patrón-empleado (131) y las condiciones para contratar o despedir personal (127).

Si bien estamos ante indicadores que no señalan certezas absolutas, muestran una realidad que invita a reflexionar en la materia. Es un tema complejo, sensible por su especie y por otras cargas ligadas a la ideología. Pero no por eso se escabulle de un problema que inexorablemente también deberá ser tratado.

(*) The global competitiveness Report 2017-18 " World Economic Forum