En los ámbitos de negociación laboral, las reivindicaciones salariales parecen concentrar la mayor atención. En 2016, el 71% de los conflictos justificaron el 80% de los paros, marcando una tendencia que permaneció años anteriores y se ha caracterizado por un escaso vínculo con tópicos clave como las calificaciones, la productividad y la innovación.

Elevando la mira y haciendo un esfuerzo de abstracción, ¿es el salario el nodo que asegurará la sustentabilidad del empleo a los trabajadores? Siendo que:

La diversificación productiva y las nuevas inversiones que dicen anhelar sindicatos y gobierno, estarán condicionadas a que el país cuente con regulación laboral acorde al surgimiento de los nuevos empleos, en el marco del cambio tecnológico y mejor competitividad.

Siguen siendo limitados nuestros esfuerzos de innovación, aún con apoyo de fondos públicos. Según los últimos datos de la OMPI, en 2015 Uruguay presentó 102 solicitudes de registro de patentes; Argentina lo hizo para 889; Chile para 850 y Brasil para 6.554.

Estudios prospectivos pronostican la desaparición de empleos a causa de la automatización, mientras el sector de las TIC, que hoy emplea 14.000 personas, está en condiciones, como opinan los empresarios, de emplear varios miles más y no lo puede hacer por la ausencia de personas calificadas.

Es inminente revisar nuestra matriz de protección social, cuyo financiamiento se nutre del empleo, se basa en un mercado de trabajo en mutación y que, habiendo aumentado la expectativa de vida, establece los 60-65 años como frontera de sus cotizantes.

La sustentabilidad de la protección social estará vinculada a la calidad del empleo y éste a las altas calificaciones. Sin embargo, nuestra brecha educativa entre los 15 a 24 años aumenta; la tasa de egreso de secundaria se equipara a la de Honduras, El Salvador y Guatemala, y es deficitario el aprendizaje durante la primaria.

Vinculado con lo anterior, demográficamente en la región somos la población que más envejece y los decrecientes nacimientos se concentran en los segmentos más pobres y con menor educación.

Todo indica que de futuro será inevitable la proliferación de empleos atípicos y que no siempre aportarán a la seguridad social, al estar muchos de ellos apoyados en plataformas digitales gestionadas desde el exterior.

No se visualizan estrategias ni alternativas de inclusión para encausar los potenciales flujos migratorios que se incorporarán laboralmente, (muchos de ellos calificados, como los venezolanos y pakistaníes).

Sin duda, estos puntos motivan problemas e incertidumbres al trabajador. Todo hace prever que esto se profundizará en la medida en que la visión de quienes dicen asumir su tutela siga siendo reactiva, amarrada al modelo de una sociedad asalariada que agoniza y no preventiva del tsunami que arrastrará a los pusilánimes.

Según últimas mediciones, el dinamismo de sectores no intensivos de mano de obra facilitó el crecimiento de la economía, sin embargo, los desempleados llegaron a 162.200 y se incrementó el subempleo. El protagonismo estatal coadyuva en esta mal entendida paternidad, generando altos costos y aplicando al sector privado un interminable torniquete fiscal, olvidando que fue fundamentalmente el empleo, y no las transferencias condicionadas, el factor que en la región permitió mejorar la distribución del ingreso durante la década dorada.

Por otra parte, se mantiene el crecimiento de un salario real por encima del valor de la productividad laboral y el ligero regocijo sindical no evita el aumento de precios, ni que los sectores que más comprometen empleo lo terminen sacrificando en aras de su propia supervivencia. Colateralmente, las mesas de negociación en el MTSS fantasean sobre la ultra actividad de los Convenios Colectivos y justifican ocupaciones y piquetes amparados en el derecho de huelga. Mientras, la normativa que impulsó el gobierno para regular esto último, obliga a empresarios y trabajadores afectados (según registros jurisprudenciales) a perder tiempo, recursos y esfuerzo en promover la acción de amparo ante los estrados judiciales.

Como era esperable, lo expuesto provocó desplazamientos de trabajadores y adquirió rápida identidad: Chery, Ecolat, Schreiber Foods, Fanapel, Fripur, Coetc, Cotapray, La Spezia, el anuncio de retiro de Katoen Natie y sectores enteros golpeados (lácteo, metalúrgico, textil).

Definitivamente, ignorar los problemas e incertidumbres evidentes es negarse a encarar con rigor cambios inevitables y agudizar la dura orfandad que hoy padece el trabajador uruguayo. Días atrás una colega me contrastaba los ejes de debate que analiza en la actualidad la CGT en Argentina, previendo que en la sociedad del conocimiento el nodo del conflicto laboral se desplazará hacia la construcción de identidades laborales y mecanismos para distribuir más equitativamente el acceso y permanencia en el conocimiento productivo. En ese marco, acordábamos que éstos son componentes que no se articulan mecánicamente, sino como resultado de una rigurosa estrategia, operada en parte por aquellos que se arrogan la representación de los mejores intereses de los trabajadores.

GUILLERMO DUTRA