Entre los episodios que llaman la atención desde el cambio de gobierno y aun algo antes, uno de ellos es la conducta de motosierra en el gasto que el presidente Vázquez con su ministro de Economía parecen querer impulsar. 

Esta actitud ha sido bien recibida en general por los partidarios de una sana administración, tanto como por quienes temen que el déficit actual requiera de más impuestos, más transferencias, más exacciones al sector privado. Como señala Isaac Alfie, el déficit estructural supera el 4 % del PIB y es el mayor de los últimos 20 años, lo que no es un tema menor.

Dado el momento especial del ciclo económico atravesado por las anteriores administraciones, el déficit público así como la inflación son más graves que en otras circunstancias, y responden a una conducta sobre el gasto que de no corregirse rápido empezará de a poco a erosionar nuestra calificación internacional, decisiva para toda nuestra economía, como ya lo adelantó también el ex ministro de economía.

De todos estos temas sobre los que se escribirá mucho quiero detenerme en un par de consideraciones. Una de ellas se refiere a la austeridad personal, que el mundo político celebra del presidente anterior y de otros de sus colaboradores.

Esa austeridad a mí no me parece particularmente virtuosa, aunque no dejo de reconocer su cierto mérito. Pero destaca cuando se la compara con el estilo de gobernantes de otras latitudes, dispendiosos con el dinero público en beneficio propio. Pero hay aquí un error: lo que se opone a un gobernante corrupto no es un gobernante austero: es un gobernante honrado, así viva en una gran residencia o en un cantegril; he aquí una importante confusión.

Pero hay otra todavía más frecuente: la tienen los que creen que gastar poco en lo personal significa gastar mejor como gobernante. Y aquí el contraste con el gobierno anterior es mayúsculo, porque el presidente austero tiene responsabilidad directa en la actual situación fiscal. Habrá sido austero consigo mismo, pero fue dispendioso con los dineros públicos y con la calidad de su uso, que eso sí nos interesa más. El tema preocupa no solo a los que no votaron su partido sino según parece al presidente actual y su ministro de economía, que incluso intentan parar el desorden de Ancap y Antel con su emblemático Antel Arena.

Ojalá tengan suerte, pero la verdad que no creo que se logre demasiado, porque ellos son los mismos que en su momento denostaron la propuesta de aplicar la motosierra, y luego propagandearon la existencia de un espacio fiscal que utilizaron solo para gastar, casi nada para invertir. De manera que deseo que tengan éxito en el uso que proponen de esta nueva motosierra, pero parece difícil, a menos que convenzan a muchos de sus pares que justamente están en el origen del déficit. Y deseo éxito, porque de lo contrario solo mayores impuestos o niveles de endeudamiento podrán arreglar las cuentas, precisamente en un momento en el que aparecen algunos problemas.

Es precisamente emblemático. Como se sabe todos sus precios, ahora también la carne aunque menos, experimentan caídas; las tendencias esperables a mediano plazo hablan de estabilidad en precios que aunque peores a otros que conocimos, no son necesariamente una tragedia si pudieran acompañarse de algunos mitigantes. Estos sí deberían ocurrir para no ingresar en una zona muy complicada. Me refiero particularmente a dos: la presión fiscal y el ajuste de tarifas en el precio del combustible.

Con respecto a la presión fiscal, crear un nuevo impuesto en un momento como el que se empieza a transitar solo por honrar la ideología, supone por lo menos un acto de desatención a la coyuntura, sobre el que el MGAP debería decir algo. La creación del impuesto de primaria es mala en todos los sentidos como reiteradas veces lo fundamenté; pero hacerlo ahora es además poco responsable.

Solo agrego hoy la vejez que supone andar marcando límites territoriales, en un esfuerzo técnicamente insostenible por no gravar a los menos pudientes. Imagínese por ejemplo un campo de 10 mil hectáreas propiedad de 100 mil pensionistas de Estados Unidos; o sin ir más lejos, un campo de esa dimensión pero en poder de las AFAP, o sea de los futuros jubilados uruguayos; ¿son sus titulares menos "ricos" que un dueño de 300 hectáreas de tambo o de agricultura o de fruticultura? Es insólito seguir razonando así.

Pero no me quiero olvidar del ajuste fiscal sin motosierra que supuso el precio del combustible. Si el precio interno de éste no se logra que arbitre con el internacional, simplemente la agricultura de exportación irá cayendo cada vez más.

Pero si bien es difícil imaginar que prospere la motosierra, o que bajen los impuestos, o que se reduzca el tamaño del Estado, hay algo a lo que no puedo ni quiero renunciar a dar la discusión: me refiero a los roles que en la sociedad se esperan precisamente del Estado y los particulares, más allá del monto y aun de la calidad del gasto.

Por ejemplo, ¿es el Estado el que debe resolver los problemas de la gente, por ejemplo la pobreza en todas sus formas? Yo creo que no, que ni le compete, ni creo que lo haga bien cuando lo emprende en forma directa.

¿Es el Estado el que debe educar a la sociedad?, ¿o prestarle la salud? Y algo todavía más prosaico: ¿es el Estado el que debe resolver qué, cuanto y como producir? Este último absurdo que creía terminado, ha vuelto en estos años en múltiples formas vestido de "permiso previo", algo que de a poco se acepta y no es otra cosa que poner al revés los roles en la sociedad: ahora es el Estado el que dice como se cuida el suelo, como se hacen negocios de carne, etc. Y esta es precisamente la discusión: cuál es el límite al actuar del Estado o, peor aún, del gobierno.

Yo veo con preocupación que empieza a depositarse en los gobernantes una suerte de autoridad moral para señalar qué es lo bueno, tomando disposiciones por encima de lo jurídico. Y también cómo, aún dentro de lo jurídico, el gobierno se arroga facultades que luego confiera a la sociedad una vez que ésta pide permisos, y es al revés. Así por ejemplo cuando aparece un problema cualquiera —de educación, de salud, de infraestructura, de medio ambiente— se suele creer que la solución está en gastar más por parte del Estado —más impuestos, deuda o inflación—. Y se olvida que la solución a lo mejor pasa por mejores reglas y tal vez gastando menos, para que sea la propia gente la que vaya encontrando soluciones: las familias, empresas, instituciones intermedias, ciudadanos comunes. Estas podrían hacer mejor lo que el

Estado en forma directa y gastando más, fracasa en lograr. Esta es la discusión institucional relevante.

JULIO PREVE FOLLE