JAVIER DE HAEDO

Hace dos lunes veíamos los indicadores de difusión trimestral. Veamos ahora algunos de los de difusión mensual, de modo de completar el panorama de la coyuntura cuando nos acercamos al final del año.

Primero, los indicadores del mercado de trabajo, donde se mantienen tendencias claras después de 2014: caen tanto la tasa de actividad o de participación (oferta de trabajo) como la de empleo (demanda de trabajo), y lo primero amortigua el impacto de lo segundo en la subida de la tasa de desempleo.

Como hemos señalado muchas veces, hay dos problemas habituales con la difusión de estos indicadores. Uno, que muchos de quienes los trasmiten ponen excesivo énfasis en datos mensuales que son muy volátiles. Dos, que se suele poner más énfasis en la tasa de desempleo que en la de empleo, cuando es el empleo el que está relacionado con la actividad económica y cuando el desempleo puede verse afectado precisamente por la evolución de la tasa de participación.

Si bien el cuarto trimestre es estacionalmente creador de empleos, todo apunta a que 2017 será el tercer año consecutivo con pérdidas de puestos de trabajo.

Quiero compartir los resultados de algunos cálculos que he realizado, procurando estimar, para nuestro país, la tasa de desempleo U-6, a la que en Estados Unidos se sigue con atención, y que incluye, además de los desocupados según la definición habitual (U-3), a los subempleados y a los que salieron de la población activa porque ya no buscan trabajo, al haber "bajado los brazos" en esa búsqueda. Incluyendo a quienes dejaron de ser activos después de 2014, la tasa U-6 para Uruguay me da casi 14, habiendo subido firmemente desde el 2014 cuando estaba en el entorno de nueve.

En cuanto a los salarios, en el caso de los privados que son los relevantes si hablamos de "mercado", en el tercer trimestre crecieron casi 5% interanual en términos reales, tasa que sube a casi 6% si se considera el "costo salarial" al haber subido el IRPF desde enero. Con una economía que está creciendo entre 3% y 4%, aquél incremento salarial es consistente con la no creación de puestos de trabajo, más allá de los varios otros factores que puedan estar jugando en ese sentido.

Después de aquel 11% en los 12 meses a mayo del año pasado, la inflación bajó hasta 5,24% a julio de este año. Volvió a subir en los tres meses siguientes, ubicándose en 6,04% a octubre, casi un punto por debajo del límite superior del rango objetivo del BCU.

Mientras tanto, el subconjunto de rubros más estables de la canasta, está casi planchado en torno al 7% desde hace seis meses. En los últimos 12 meses, los rubros más volátiles sólo subieron 2% y a eso coadyuvó grandemente a una caída de 10% en los precios de frutas y verduras, que ya están muy próximos a la media de los últimos años.

Con un núcleo de la inflación que se viene situando en el 0,4% mensual, resulta decisivo lo que ocurre con los rubros volátiles, y en este sentido es clave lo que se resuelva hacer con los precios de las empresas públicas el próximo primero de enero. Hace un tiempo, desde el gobierno se dio a entender que habría algunas rebajas (si no nominales, sí reales) en los precios de la energía: ¿alguna nueva rebaja en el gasoil? ¿Algún aumento menor al IPC en UTE? El reciente aumento del precio del petróleo resta chances a alivios desde Ancap, cuyos números, a pesar de todos los esfuerzos, no levantan vuelo: en los 12 meses a septiembre, sin contar variaciones en el stock de petróleo, Ancap sólo tuvo un excedente financiero de US$ 57 millones, el 2% de su facturación. O sea, nada. Otra es sin dudas la realidad de UTE, que en los últimos 12 meses transfirió dividendos al Gobierno Central por US$ 397 millones. Pero, ¿puede el Gobierno prescindir de una parte significativa de estos recursos?

Con los datos de septiembre se volvió a la normalidad con el resultado fiscal, que estaba siendo distorsionado por dos factores: uno, que hemos señalado desde esta página, la desacumulación de stocks en Ancap debido al cierre transitorio de la refinería, y otro, que el MEF destaca, que consiste en una mayor devolución de pagos realizados en exceso al Fonasa.

De este modo, el déficit se ubicó en 3,6% del PIB, unos US$ 2.100 millones. De hecho, desde el año 2014 el déficit se ubica en torno a los dos mil millones anuales. Cero ajuste fiscal neto, a pesar de sucesivas cuotas de ajuste desde el inicio de este período de gobierno. Complicado, dada la historia del país, cuando ya se está en la segunda mitad del período de gobierno, cuando suele subir el déficit al ritmo de los carnavales electorales.

Se observa que las empresas estatales, que fueron centrales al ajuste inicial, ya no ayudan más, y que el Gobierno, que había estado coadyuvando al deterioro, ha dejado de hacerlo. Si vemos los respectivos resultados primarios, ajustados por los aportes de las empresas estatales al Gobierno Central, en las primeras hubo una mejoría de 0,9 puntos del PIB en 2015 y en el segundo, un deterioro de 1,2 puntos en 2015 y 2016.

La continuación de la película depende de tres factores: cuánto se está dispuesto a ceder mediante tarifas, cuánto aportará la reactivación y cómo seguirá jugando el gasto "endógeno".