Un nivel de precios del petróleo en el rango de los 100 dólares/barril y un avance en la tecnología de prospección, hizo viable la exploración del off shore uruguayo.

Como resultado de las "Ronda Uruguay" el país contrató prospección y exploración en la plataforma submarina con varias de las compañías llamadas Big Oil. También se contrataron trabajos on shore, en el norte del Río Negro.

Si bien el nivel actual de precios del petróleo ha enlentecido las cosas, y algunas compañías han cedido sus contratos, el proceso sigue adelante. En cuanto al off shore, una de las compañías decidió iniciar la etapa exploratoria, con la perforación de un pozo. Esta perforación será realizada en el bloque más alejado de la costa y con las mayores profundidades de agua. Es un emprendimiento con nivel del riesgo relevante, se estará realizando en un área calificada de "frontera" como cuenca petrolera. De llegarse a un descubrimiento debería luego delimitarse el yacimiento. Conocido el tamaño del yacimiento, la calidad del producto, el monto de la inversión necesaria (mucho mayor al de estas primeras etapas), los costos de producción y los precios vigentes, recién se estaría en condiciones de determinar la viabilidad comercial. La inversión total terminaría siendo muy superior a cualquier emprendimiento conocido en nuestra historia.

Considerando el riesgo (minero, tecnológico, financiero y de mercado) que corren las compañías privadas, solo será posible afrontarlo con un alto premio. En el ordenamiento jurídico uruguayo es el Estado el dueño de las riquezas del subsuelo, y por ello se establece con las empresas operadoras un contrato de riesgo en la modalidad producción compartida. Si bien a esta altura del proceso no hay información disponible para calcular lo que se denomina el "government take" de esa posible explotación, podemos deducir que, de ser viable, se trataría de una magnitud muy superior a cualquiera de los impuestos que hoy percibe el Estado uruguayo. El caso on shore es diferente por su orden de magnitud, plazos y tiempos, pero genera desafíos similares.

La "gobernanza" de los recursos naturales es el conjunto de políticas sobre la apropiación y distribución de las ganancias por la explotación de estos recursos. Maximizar su contribución al desarrollo requiere la definición de aspectos institucionales, regulatorios, fiscales, así como de prevención y manejo de los temas socio-ambientales.

Resulta evidente que explotar hoy reservas no renovables de energéticos fósiles va en detrimento de las generaciones futuras. Es importante entonces gestionar la actividad para asegurar bienestar a muchas generaciones, en vez de meramente consumir los recursos en nuestro tiempo de vida. Manejar los yacimientos en forma ordenada y de acuerdo a una estrategia nacional es importante.

Un problema complementario son los posibles desequilibrios económicos: la llamada "enfermedad holandesa" que se produce cuando el ingreso importante de divisas encarece la economía local y afecta la competitividad del resto de las áreas productivas, atrasando el tipo de cambio. Las exportaciones de otros bienes y servicios caen, se producen desequilibrios que afectan al mercado de trabajo y normalmente es el Estado el que termina resolviendo el problema en forma paternalista.

En países con institucionalidad débil, además, avanza la corrupción y aumenta el riesgo de regímenes autoritarios. La historia de los países de la OPEP es elocuente.

Para mitigar estos problemas conviene evitar que el grueso de las divisas de la explotación de hidrocarburos ingrese a la economía sin control y se vuelque al consumo en forma directa. Los países más avanzados han implementado estrategias como la constitución de una agencia reguladora y fondos de largo plazo con reglas claras destinando los recursos a las políticas educativas o de infraestructura básica, por ejemplo.

En los países de la región está pendiente fortalecer la institucionalidad para maximizar la contribución de los recursos naturales al desarrollo. Esto es especialmente necesario en el caso de los recursos no renovables como los hidrocarburos. Y en el Uruguay esa institucionalidad conviene prepararla desde ahora, aún en las etapas iniciales de prospección y exploración.

Si bien se requiere de un análisis detallado y profundo, hay algunas bases conceptuales de la solución que son, a nuestro juicio, imprescindibles:

Separación de roles entre las empresas operadoras, sean estas internacionales y eventualmente nacionales o consorcios de ambas, de los reguladores y de la agencia que debe firmar y administrar los contratos de prospección, exploración y operación.

El "government take" es de la sociedad en su conjunto y debe ser administrado para el largo plazo por un fondo especializado, que debe crearse a esos efectos con criterios de justicia intergeneracional y para evitar la posible enfermedad holandesa. Se deben establecer legalmente las reglas de este fondo, limitaciones de rubros y tipos de inversión, similares a lo que sucede con las AFAP.

Es importante desde ahora la construcción de reglas que nos permitan sostener las inversiones y al mismo tiempo generar desarrollo sustentable. Evitemos transformar una gran oportunidad en un gran problema para las futuras generaciones.

Universidad Católica - Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable