Las crisis son algo demasiado importante como para desperdiciarlas. El episodio de Ancap encaja perfectamente en esa vieja máxima partera de tantos cambios a lo largo de la historia del mundo.

En estos momentos el foco de atención está centrado en conocer hechos, cuantificar pérdidas, deslindar responsabilidades y detectar posibles conductas penales que dirimirá la justicia en su momento.

Pero este episodio abre una ventana hacia algo más importante. Preguntarnos cuál es el rol de las empresas públicas, su relacionamiento con el resto del Estado y con el propio sector político. Son tres dimensiones que determinan su funcionamiento y por ende sus resultados.

Sería un supino error creer que su desempeño es sólo una cuestión de personas. Es también una cuestión del tipo de incentivos sobre las que operan, siendo éstos una función del marco político que se arroga interpretar lo que la sociedad prefiere. Obviamente que esta situación se mece al amparo del espectro ideológico de la administración de turno, y también de las necesidades —a veces fiscales y otras políticas— del momento.

Si miramos de donde parten las Empresas Públicas hasta el día de hoy, se observa que su evolución es fruto de un proceso aluvional sin una estrategia clara hacia dónde van, salvo que su expansión monopólica genera beneficios automáticos hacia el resto de la sociedad.

En esto ayuda la interpretación abusiva del plebiscito desfavorable sobre la privatización de las líneas de cobre fijas de Antel, hoy obsoletas, seguido por otros de menor resonancia pero igual impacto como el del saneamiento y abastecimiento de agua potable.

Eso culminó con el rechazo de una tímida modernización de Ancap a través de la derogación por vía plebiscitaria de cuatro artículos de la Ley 17.488 de 2003, que entre otras cosas derogaba su monopolio al permitir la importación de refinados y su asociación con empresas especializadas en el tema.

Ese articulado tuvo entre sus gestores a senadores relevantes del Frente Amplio como Danilo Astori y Aberto Couriel. Aquí murió el último intento de mejorar el entorno operativo de una empresa realmente estratégica para el funcionamiento del país.

Y para peor, desde ahí fue mutando lentamente en una hydra variopinta descontrolada con cabezas en la refinación de petróleo, los biocombustibles, el portland, la explotación de cal, bebidas alcohólicas y la cosmética. Completando el panorama, promotor del desarrollo regional de Bella Unión, a través de ALUR y sus programas de promoción de cultivos para abastecerla.

Todo a pérdida, a lo que se debe agregar el costo social del mal empleo de recursos que hubieran rendido más en otras áreas de la economía. Como hoy esto ha hecho crisis es el momento de sinceramiento, despojarnos de preconceptos, mirar hacia adelante y preguntarnos qué hacer para no recaer. Esto no se arregla cambiando personas (necesario) sino que implica adaptar lo que otros más adelantados han hecho con entidades de propiedad pública que operan en sus sectores energéticos, de comunicaciones e incluso de transporte.

En estos días es común oír a los defensores del modelo operativo actual que por supuesto hay cosas por mejorar introduciendo cambios administrativos, lo que de manera oblicua implica una versión criolla del Gatopardo: cambiar un poco para que todo siga igual que antes.

Una vez más reiteramos que las empresas públicas deben cambiar su modus operandi y su relación con el Estado. No se debe confundir propiedad pública al de ministerios de gestión productiva que los acercan demasiado al ciclo político.

Esto impide tener una estrategia de largo plazo, distorsiona su operativa diaria, y genera de hecho una puerta rotatoria para usufructo de sus jerarcas y sus aspiraciones de carreras políticas.

Las reglas básicas de administración indican que deben estructurarse como sociedades anónimas con mayoría accionaria estatal, cuadros ejecutivos elegidos por concurso abierto y directorios cuyos miembros estén desligados legalmente por un cierto periodo de la carrera política.

Su condición de sociedades anónimas las obliga a presentar balances periódicos, posibilita que flote parte de su capital en la bolsa —dando un indicador de la salud de su gestión—, y que también en la misma financien sus inversiones.

Como agregado, colaboran al desarrollo del mercado de capitales doméstico, que necesita de la operativa de grandes empresas para cimentar su crecimiento.

Por último, las empresas públicas deben operar lo más posible en régimen de competencia. La historia muestra que cuando actúan bajo régimen de competencia su gestión mejora notablemente. El Banco República es el ejemplo paradigmático.

Sobre el punto ya han aparecido trabajos académicos locales muy valiosos, que analizan experiencias internacionales diversas en la materia, con sus propuestas respectivas.

Estas propuestas concuerdan que el marco institucional actual es inadecuado por su obsolescencia y por los incentivos impropios que contiene. Es ahora el momento de comenzar el debate. Lo comenzaron los académicos. Es el momento de invitar a todos los políticos y el público interesado en algo apasionante donde se juega una buena parte del destino del país.

Carlos Steneri