Las pautas salariales del gobierno, que incluyen aumentos nominales similares a la inflación y no aumentos reales como en el pasado, son más coherentes con el contexto macroeconómico actual que las vigentes en los últimos años.

Pero el nuevo diseño introduce, en determinados escenarios, un incentivo para que el gobierno propicie tasas de inflación mayores para los próximos trimestres.

Las pautas del gobierno tienen como objetivos prioritarios "promover aumentos salariales diferenciales" (para remuneraciones bajas), "mantener elevados niveles de empleo" y "proteger las mejoras salariales obtenidas en los últimos 10 años asegurando el mantenimiento del salario real". Se proponen convenios a 3 y 2 años, para aquellos que vencen en 2015 y 2016 respectivamente, con aumentos decrecientes y diferentes según el grupo en el cual quede incluido cada sector. Los ajustes serán nominales, aunque prevén un correctivo a los dos años si la inflación supera los aumentos pactados.

Estos lineamientos bajan los ajustes previos de aproximadamente 2% a 4% real anual (equivalentes a entre 10% y 14% anual nominal) a 8,5% anual nominal para el grupo medio en el primer año. Este aumento es similar a la inflación de los últimos años, algo menor a la actual y similar a la que los agentes esperan para un horizonte de 12 y 24 meses. De cumplirse las expectativas, el salario real se mantendría estable o caería levemente en los próximos años. El nuevo diseño propuesto por el gobierno se adapta mejor a la nueva realidad, en la cual no era atinado pactar aumentos reales de antemano.

El primer problema vincula al hecho que las pautas incluyen un correctivo que asegura que el salario real no caerá al final del período. Esta restricción no es compatible con el objetivo de mantenimiento del empleo en un escenario de bajo crecimiento de la actividad económica, estancamiento o recesión. Una posible solución puede ser, llegado el momento, la de revisar los convenios y no cumplir la cláusula en función del contexto que se dé dentro de tres años.

Pero también pueden suscitarse dificultades en el corto plazo. Una de ellas, paradójicamente, es que se cumpla el objetivo de inflación del propio gobierno. Este escenario parece poco probable, pero podría producirse en caso de un fuerte shock deflacionario. En este caso, los salarios reales estarían creciendo aproximadamente al mismo ritmo que lo hacían en el pasado (2% real), lo que también repercutiría sobre el empleo. Estas dificultades podrían plantearse incluso en el escenario relativamente favorable, de crecimiento de 2,7%, previsto por las autoridades para los próximos años. En este caso, el gobierno tendría incentivos para evitar que la inflación disminuya respecto de los niveles actuales generando caídas en el salario real que eviten destrucción de empleos.

En el caso que la inflación no disminuya o disminuya levemente, y que el escenario sea de bajo crecimiento de la actividad económica, estancamiento o recesión, las empresas se verán obligadas a mantener niveles de salario real insostenibles, lo que motivará reducciones de importancia en el empleo. Para evitar que esta sea la variable de ajuste, los convenios deberán revisarse con la introducción de menores aumentos nominales, lo que implicará un alto costo político para el gobierno y de negociación para las partes.

Si se llega a esta situación, y con el propósito de evitar entrar en una revisión de los acuerdos, el gobierno tendrá incentivos concretos (al menos en el corto plazo) para que la inflación supere a los aumentos nominales pactados. Una inflación anual que supere en tres, cuatro o más puntos porcentuales a los aumentos nominales, disminuiría en forma apreciable el salario real, lo que contribuiría a reducir los impactos sobre el empleo sin pasar por la renegociación de los laudos. En este escenario, se requeriría un nivel de inflación mayor al actual, especialmente en el primer año.

Al fijar aumentos nominales y no reales, las pautas diferirán por tres años el dilema actual de salario real versus empleo a otro de inflación versus empleo. Lo anterior propiciará una tensión entre el objetivo de mantener a la inflación controlada (por debajo del 10%, como hasta ahora) con el de preservar la mayor cantidad posible de empleos. Es probable que se priorice esto último, lo que llevaría a que las autoridades tengan incentivos para elevar la tasa de inflación. Esto operará hasta que venzan los contratos, momento en el que los salarios reales eventualmente volverán al nivel inicial y se abrirá una nueva etapa de negociación. En definitiva, las pautas pueden funcionar adecuadamente si se cumple el escenario previsto por el gobierno, de crecimiento cercano a 3% anual y con inflación en los niveles actuales, dado que es posible que el salario real caiga levemente y se mantenga al final del período sin repercutir demasiado en el empleo.

Sin embargo, en un escenario menos optimista, de baja expansión (que es cada vez más probable), o más aún en el caso de estancamiento o recesión, los lineamientos propuestos pueden constituirse en una fuerte restricción para que la economía procese ordenadamente los ajustes que serán necesarios.

Alejandro Cavallo - Economista