En 1991, nuestro país firmó con Argentina, Brasil y Paraguay el Tratado de Asunción, por el que se creó el Mercosur.

Cincuenta años antes, un distinguido economista —Jacob Viner—, analizaba la salida comercial global tras la segunda guerra en un artículo sobre las consecuencias de los acuerdos comerciales entre países, e indicaba las dos más importantes: la creación y la desviación de comercio. Las evidencias mostraron más adelante que los acuerdos comerciales por los que se conceden preferencias arancelarias recíprocas entre las naciones que acuerdan, lo más frecuente es que desvíen desde los orígenes que naturalmente y sin preferencias se darían a los que las reciben. Y así, se producen transferencias de ingresos no deseadas —se paga más en la compra de bienes que si la preferencia no existiera— y se tendrían costos sociales, que tampoco ocurrirían sin la concesión arancelaria.

Transcurridos veinticinco años de las promesas comerciales de un Tratado que sustituía a dos acuerdos comerciales —el Cauce y el PEC con Argentina y Brasil respectivamente— la evaluación del Mercosur no se presenta satisfactoria para ninguna de las partes y, en particular, para nuestro país. Transformado desde hace un tiempo en un ámbito de encuentro político, como no es ninguna novedad, el motivo de su creación ha quedado en un lejano segundo plano. Aquello de "más y mejor Mercosur" que inspiraba la reacción de un bien intencionado pero más equivocado canciller a lo que eran propuestas constructivas para actuar con sentido comercial más abierto, hoy seguiría impracticable. No hay lugar para prosperar comercialmente solo con promesas entre partes. Ni siquiera cuando ellas son políticamente afines, absolutamente contrarias al funcionamiento libre del mercado e intrínsecamente proteccionistas. Es evidencia de un cuarto de siglo que el Mercosur no funciona por lo que intentar "más Mercosur" no es admisible pues sería una nueva pérdida de tiempo, despilfarro de recursos y altos costos sociales. No lo debe admitir el sector productivo nacional; tampoco los grupos políticos estancados en el pasado que aún sueñan con la unión latinoamericana, ni la propia burocracia involucrada en el tema.

Son tantas que dan para sacar conclusiones que deberían servir para edificar sobre ellas, las más beneficiosas para nuestro país. Hoy la mirada se dirige hacia el acuerdo entre las naciones americanas con frente al Pacífico y las asiáticas de la otra orilla. Se persiguen así, similares objetivos a los que inicialmente —ante el ejemplo de buena parte de Europa— tomaran los países de América del Sur a fines de la década de los años ´50 y principios de los ´60. El fracasado intento por crear una zona de libre comercio con arancel nulo entre los miembros y uno externo común, se intentó revitalizar en los inicios de los años ´80 pero la frustración del éxito que se esperaba de la Alalc se extendió a la actual Aladi , al menos para Uruguay. Tan solo desviación de comercio; poquísima creación de comercio. Los intentos continuaron por otras avenidas como la de los acuerdos de alcance parcial —concesiones a algunos países y no a otros del grupo—, a algunos de los cuales siguiera el Mercosur. Su fracaso llevó a pensar en nuevas aperturas: con la Unión Europea y ahora con los países del Pacífico. Se trata de un nuevo esfuerzo que seguramente provocará una enconada discusión interna que, superada, tendrá similar resultado que los intentos anteriores.

Desde el punto de vista comercial, sería exitoso un camino que se ha transitado ya pero que se interrumpió, en una etapa que podría ser superada tras varios años de vigencia con nuevas rebajas arancelarias generales, beneficiando a todas las importaciones, cualquiera sea su origen. Desde los ´70, cuando se levantó la prohibición directa de importar y se encaró una reducción arancelaria generalizada, no solo se redujo el gravoso impuesto que impedía las compras externas. También se levantó el pesado gravamen sobre las exportaciones. La fuerte creación de comercio que ello provocara tuvo grandes beneficiarios en Uruguay: el consumidor, el inversor, el exportador y el Estado. Se importa mucho más, se exporta mucho más y el comercio que se creó redunda en mayor empleo y bienestar.

Proseguir con esa política comercial de reducción arancelaria agregaría aún más satisfacción a la población nacional, mejoraría las condiciones de los exportadores y volvería en consecuencia, a elevar el bienestar de los uruguayos. Lo que hoy no se analiza ni propone sería lo que iría en el sentido de lo que todos desean. Una reducción generalizada de los aranceles que gravan a las compras externas y que pasarían todas ellas a tributar a la misma tasa, sería una política comercial mucho más conveniente que las que han fracasado, en particular que la que vivimos bajo el Mercosur.

JORGE CAUMONT