Dos semanas atrás, en mi primera entrega sobre el tema, repasé los aspectos centrales de la Ley que reformó el Sistema de Previsión Social en 1995 y el proyecto de ley que el gobierno elevó a consideración parlamentaria.

Culminaba mi columna expresando que a la "solución" del fideicomiso especial, con los costos que implica, no le encuentro sentido alguno. Ello obedece a las siguientes razones:

a. El fideicomiso especial administra el dinero de los trabajadores con un mandato que no difiere del que hoy tienen las AFAP.

b. Será un fondo chico en términos relativos, que tendrá un costo especial de administración que cargará la sociedad (todos lo vamos a pagar con impuestos).

c. Siendo de reducida dimensión, el costo del servicio sobre el capital administrado será alto. La "comisión promedio implícita" sobre dicho capital, será superior a la que hoy se les reprocha a las AFAP.

d. Dado que las AFAP cobran el costo(*) únicamente al momento de recibir el aporte y luego administran "gratis", la comisión media que las AFAP habrán cobrado por esta administración será superior a la del resto de las personas (menos años de trabajo).

e. El plazo a término de 20 años con capital administrado decreciente lleva a que cada año que pasa, el costo de administración aumentará frente a dicho capital.

Por todo lo anterior, no se entiende lo ineficiente del sistema, siendo su única explicación en que una parte del gobierno quiso evitar que los fondos pasen al BPS y se pierdan "en la bolsa".

Es difícil gobernar así, pero comprendo a quienes van por el camino de la razón. Lo lógico, aun admitiendo la desafiliación ahora, sería que la administración de los recursos ya existentes (el saldo de la cuenta personal) siga como hasta hoy en las AFAP (ya son sin costo), que se establezca que las AFAP deban tener una cuenta separada y global, de la cual en 20 años va pasando los recursos. A su vez, a partir de la opción la persona aportará sobre el 100% de su salario al BPS. Nos ahorramos unos cuantos pesos y el engorro.

En general, jamás son todos los casos, si las personas se retiran a las edades implícitas planificadas en la ley original —en el entorno de los 65 años—, la aritmética indica que no habría haberes jubilatorios superiores a los que abona el régimen mixto y, entonces, la desafiliación carece de sentido. Por supuesto que sí habrá casos puntuales donde le resultará conveniente al afiliado.

Se desconocen cifras concretas, pero se dice que la cantidad máxima de "damnificados" podría llegar a ser unos 30.000, si todos decidieren su retiro en edades cercanas a la mínima (60 años). Si todo el problema de un sistema con más de 1:350.000 afiliados, que puso a las FF.PP. de pie y nos dio el Investment Grade es éste, sólo prueba de nuevo su bondad.

Ahora bien, ¿quiénes son los potenciales damnificados? Básicamente y, de nuevo, sin que no pueda existir algún caso aislados por fuera, personas que están cerca de los 60 años, cuyos ingresos medios han sido relativamente estables en los últimos 30 años, entre unos $ 69.000 y $ 115.000 al mes a valores actuales.

A quienes ganan menos que el límite inferior y más que el superior, el régimen mixto suele retribuirlo mejor, en el primer caso por aportes y en el segundo por aplicación del máximo. Siendo esta la población beneficiada, con un costo que enfrentará toda la población, no puede menos que sorprender el proyecto de ley, en especial dado el énfasis del discurso gubernamental a favor de la redistribución del ingreso.

La decisión apunta estrictamente en sentido contrario.

La propuesta legal de "elección ahora" y no al momento del retiro, encierra riesgos para quien lo hace, riesgos que crecen a medida que la persona está más cerca de los 50 años ¿Por qué? Sencillamente por tres razones básicas. La primera es que desconoce su edad efectiva de retiro y cuánto más la dilate, mejor le resulta el sistema mixto. La segunda porque si sus ingresos futuros disminuyen, el haber de retiro que cobrará por BPS cae en mayor proporción que la renta vitalicia por su ahorro individual y, la tercera porque la renta vitalicia que se percibe del ahorro individual, depende de la tasa de interés real. Si, como todo hace pensar, dichas tasas, que ya comenzaron a subir, lo siguen haciendo, la capitalización futura será mayor y, por ende, también la renta a cobrar.

Una simulación sencilla con subas graduales de tipos reales de interés a registros superiores a los actuales, pero inferiores a los históricos, fácilmente desafía a una persona menor de 55 años a animarse a cambiar, ni que hablar si adicionamos la incertidumbre en la edad de retiro efectiva. Personalmente no lo haría.

Lo que está arriba de la mesa es seguir en régimen actual o, cambiar las condiciones originales de la ley y obtener una pasividad exclusivamente servida por el BPS. El tema es que esta pasividad no se serviría bajo las condiciones de la ley previa a 1995, sino bajo las notoriamente más beneficiosas del régimen de transición. Precisamente, los no muchos beneficiados lo son en muchos casos por el mayor tope jubilatorio ya que, de haberse mantenido el anterior, el sistema mixto de todos modos les retribuye mejor. Entiendo que las cosas se deben analizar en su contexto global, mirando las circunstancias completas y no hacer pagar a nuestros hijos los costos que no queremos asumir.

En un par de semanas seguimos.

(*) Exceptuando la comisión de custodia que trasladan el costo del BCU.

ISAAC ALFIE