CARLOS STENERI

La política económica inconsistente

En momentos en que la mayoría de los analistas coincidimos que la política económica en curso presenta inconsistencias que es necesario corregir pues es insostenible en el tiempo, la agencia calificadora S&P mantuvo la calificación de la deuda soberana, mejorando su perspectiva de negativa a estable.

Sus razones principales son la mejoría de las perspectivas del crecimiento para 2017-18, lo cual ayuda a consolidar las cuentas fiscales y la inmunización del endeudamiento a shocks financieros externos adversos, dados sus vencimientos extendidos y la liquidez disponible.

Sin duda que es una buena noticia que reconoce el diferencial a favor de nuestro país respecto a otras realidades cercanas. Conductas que se han venido forjando a lo largo de décadas, que son patrimonio de toda la sociedad, y que sirvieron para desembarazarse rápidamente de crisis severas y facilitaron proyectar al país hacia delante cuando las condiciones lo permitieron.

Calificaciones.

También sabemos por experiencia que las calificaciones son un indicador más, anclado más a circunstancias ligadas al corto plazo que al análisis profundo de las trayectorias de largo plazo de variables claves. Eso es así por el propio diseño del indicador y la complejidad de tener que hacerlo comparable con el de otras realidades. Pues realmente de eso se trata: servir de guía a los inversores de los grados de riesgo relativo entre diversos emisores de deuda a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, no es otra cosa que un ranking de posiciones relativas entre riesgos soberanos, importante por su utilidad práctica pero nunca un veredicto definitivo sobre el desempeño futuro de la realidad económica de un país.

En tal sentido, sobran ejemplos que lo confirman. En definitiva, lo que importa para la salud macroeconómica es la prevención de inconsistencias que cuando traspasan un cierto límite, son caldo de cultivo para brotes de crisis que se explayan vertiginosamente, se desparraman a confines inesperados y cuya resolución presenta siempre altos costos sociales.

La conducción económica, a pesar de la alta carga fiscal, no ha podido doblegar un déficit fiscal abultado heredado de la pasada administración. Su guarismo del 3,6% del PIB, implica necesariamente un aumento de la deuda pública, insostenible en el largo plazo. Basta mirar el crecimiento sin pausa de la relación deuda/producto, que aun estando lejos de comprometer la solvencia de las cuentas externas, de todos modos las va deteriorando. Hoy la deuda bruta converge hacia el 60% del PIB, lo cual ya hace necesario que el resultado fiscal cese su expansión a través de superávit primarios (resultado fiscal antes de pagar intereses) que financien completamente el servicio de la deuda. Hoy se emite deuda para pagar intereses, pues el superávit primario no alcanza para cubrirlos.

Consecuencias.

Esta realidad también tiene otras connotaciones que retroalimentan ese resultado. El déficit fiscal abultado erosiona la capacidad de la política monetaria para abatir la inflación. El financiamiento del déficit vía endeudamiento genera una sobre oferta de dólares que el BCU debe absorber emitiendo, y que luego pretende esterilizar vía la emisión de letras de regulación monetaria. Con ello ocurren dos resultados: un aumento de la cantidad nominal de dinero por encima de lo que requiere la consecución de la meta inflacionaria, pues la esterilización es incompleta. Y segundo, el aumento necesario de las tasas de interés en pesos promueve la venta de dólares deprimiendo su cotización, lo cual retroalimenta todo el proceso. En realidad, solapadamente el tipo de cambio se convierte en el ancla relevante del sistema de precios, lo cual no es sostenible temporalmente.

Usando cualquier métrica, el costo país —salvo con Argentina— está caro en dólares, lo cual lesiona el desempeño de los exportadores e industria local, puntales genuinos del crecimiento y generación de empleo. En cambio, se incentiva el consumo principalmente de bienes importados, lo cual mejora las cuentas fiscales temporariamente.

Complementando ese escenario, el fisco se financia con aportes desmedidos de las empresas públicas encareciendo insumos básicos de la matriz productiva cuyo resultado final es crecimiento económico por debajo del potencial. Por último, la estructura del gasto público ha relegado a mínimos históricos la inversión pública en momentos que se requiere un salto importante para zanjar las deficiencias de la infraestructura física.

Ambos temas son insoslayables y deberían incluirse como un déficit "sombra" latente, una vez que las tarifas públicas se normalicen con los niveles internacionales, y la inversión pública cubra las necesidades existentes.

Resolver estos aspectos ya reiterados son las bases genuinas de la sostenibilidad de la política económica. Sería ingenuo imaginar que la conducción económica los desconoce y que amplios segmentos de la opinión pública también los entienden como temas esenciales.

Pero las proyecciones fiscales, y los reclamos en las vísperas de la rendición de cuentas muestran otra cosa. Es cometido esencial del gobierno y del cuerpo político actuar en consecuencia para realinear la política económica antes que sea tarde.

Que las buenas noticias de una calificadora no sea excusa para otro rebrote de complacencia.

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