JULIO PREVE FOLLE

Una política que cruje

La administración socialista del MGAP, se ha caracterizado por convertir algunas prácticas tal vez adecuadas, en algo obligatorio, imperativo, impuesto a la fuerza.

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Suelo afectado por la sequía. Foto: Archivo El País

Esto refiere por ejemplo al sistema nacional de trazabilidad individual, convertido en obligatorio para todos, como no existe —bajo esta condición— en ningún otro lugar del mundo. Así pues, para mover ganado no solo hay que incurrir en molestias y costos, sino que sin ellos en principio no se puede hacer nada, sin beneficio alguno para nadie. Y aún si lo hubiera, nunca me resultó admisible que se impusiera a alguien una práctica que implica entregar por completo la legítima reserva que cualquiera tiene derecho a mantener, en este caso sobre su capital en semovientes.

Grave imposición.

Para el caso de la política de suelos el tema es mucho más grave, y probablemente inconstitucional. En esencia implica que el estado se erige en titular de todo el derecho de la explotación del suelo, extendiendo con arreglo a su criterio, los permisos necesarios para que cada uno lo trabaje. De esta forma, para poder realizar agricultura, se deben presentar al Estado de modo obligatorio, unos planes de uso del suelo que imperativamente deben incluir criterios de conservación del recurso.

De esta forma el cuidado del suelo se ha convertido en un fin en sí mismo, puesto por encima del derecho de propiedad, de la libertad de trabajo o de la sola sensatez.

En efecto, el MGAP convirtió en algo absoluto una herramienta que bien usada debió utilizarse para convencer, para persuadir, para alentar, nunca para imponer. Esto dicho en especial porque en el Uruguay hay en general una buena conciencia y tradición de cuidado del suelo, como la suele haber en principio sobre cualquier bien sobre el que se ejerce el derecho de propiedad.

Advertí muchas veces lo grave que es que, para ejercer un legítimo derecho, haya que pedir permiso. Y sobre todo que este se conceda en base a un único criterio, también discutible desde lo científico, como lo es la aplicación de una determinada rotación de cultivos que acepta el MGAP.

Llevando las cosas a un extremo, la política actual no admite que alguien prefiera correr el riesgo de sobreexplotar un campo un año plantando por ejemplo soja, para pagar un posgrado o un tratamiento oncológico de un hijo: si hay riesgo edafológico el MGAP no se lo permite, en un absurdo que supone convertir en un fin en sí mismo el cuidado del suelo, aun por encima de la voluntad de su dueño.

Por otra parte hay veces en las que el mejor cultivo dentro de una rotación en un año, puede ser un desastre en lo económico.

Teniendo presente esta posibilidad, más de una vez señalé que esta circunstancia, que hasta ahora no había ocurrido, iba a suceder. Y cuando sobreviniera advertí que era muy obvio que los planes se incumplirían, porque no se puede obligar a nadie a perder plata. Y también señalé que cuando este momento llegara, se iba a empezar a prostituir la herramienta: firmas truchas, incumplimientos, necesidad de mayores controles policíacos incluso satelitales, más y más intromisión y control.

Ocurrió lo esperado.

Y bien, ese momento anunciado parece haber llegado. En efecto el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, Ing. Juan Daniel Vago, confirmó a El Observador que la gremial solicitó al ministro de Ganadería, flexibilizar los planes de uso y manejo de los suelos para la próxima zafra de cultivos de verano.

Y cuando tuvo que fundamentar su pedido, en un resumen extraordinario de la tozudez de una política equivocada señaló: "…no podemos plantar sorgo en lugar de soja para perder plata, porque ese cultivo figure en la rotación de los planes de suelos."

Es obvio por tanto que no se van a aplicar los planes de uso, porque los voltea la realidad. Sólo con mayor policía dentro de los campos se puede obligar a un ciudadano y ni aún así, a perder plata. Por tanto los planes van a quedar para otro momento, dándose así otro paso para desacreditar una herramienta que nunca debió ser obligatoria. Seguirá así el camino de la trazabilidad, que el que opera en el campo sabe perfectamente que poco a poco se va convirtiendo en una burla total a la buena voluntad de los que también con buena fe creyeron en ella.

Y así como la trazabilidad obligatoria va cayendo cada vez más en el desprestigio, lo mismo empezará a ocurrir con esta valiosa herramienta, los planes de uso y manejo del suelo, ya que ahora, o se incumplen, o habrá que meter policía en los campos para que la gente no haga lo que le da la gana de hacer, en este caso algún negocio con soja, al decir del Ing. Vago.

Cambiar.

El ministerio, en los momentos críticos que se viven, debe rectificar el rumbo. Y para el caso, abandonar la condición obligatoria de estas dos herramientas. La de la trazabilidad, de a poco; y los planes de uso y manejo del suelo, ya. Esto no quiere decir que no se sigan difundiendo, pero no más de modo policíaco. Que en lugar de querer que en todas las estaciones se aplique una sucesión de cultivos a gusto del MGAP, que se respete una tendencia general de cuidado del recurso, pero que no necesariamente se tiene que cumplir todos los años.

Si el ministerio no cambia su enfoque en el asunto de los planes de suelos, una de dos: o la herramienta se irá desprestigiando como ocurre con la trazabilidad, o simplemente no se va a cumplir, en ambos casos perdiéndose calidad institucional.

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