JORGE CAUMONT

Aunque no lo parezca es castigo

Es difícil no referirse hoy a la propuesta de la Rendición de Cuentas elaborada por el Ministerio de Economía y enviada al Parlamento para su discusión.

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El equipo económico entrega el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento. Foto: Darwin Borrelli

Ya varios economistas y analistas de otras disciplinas se han expresado acerca de las consecuencias sobre el resultado presupuestal que tendría la sanción de la propuesta en los términos que desea la conducción económica. Por ello, lo único que tratará mi columna es el conjunto de consecuencias, aunque más no sean marginales, de una de las medidas para cubrir parcialmente el actual déficit fiscal que elevarían los gastos que se han disparado automáticamente y los adicionales prometidos en la propia Rendición.

Es la medida que se concretaría elevando la tasa consular tanto a las importaciones uruguayas originarias de los países del Mercosur como a las que provienen de terceros países. Como se sabe, la propuesta es aumentar de 2 a 3% la alícuota de la tasa consular que grava a las importaciones que vienen de socios regionales y a 5% cuando el origen es de países de fuera de la región.

Cuasi tributo.

Ya hoy la tasa consular es un impuesto que grava a las compras en el exterior. No tiene contrapartida de servicio alguno, como alguien podría pensar dada su denominación. No hay intervención consular en las importaciones que realizan las empresas y que resultan de negociaciones que ellas mismas llevan adelante con proveedores del exterior. En definitiva, es un impuesto disfrazado que desde hace ya mucho tiempo, se cobra por fuera de otros como los que gravan a las importaciones y se deben pagar al momento del ingreso al país, de las mercaderías importadas.

El arancel externo común y otros cargos menores de efectos equivalentes a un arancel, a los que se agregará la nueva tasa consular, suman no menos de 26% del valor CIF de las mercaderías compradas fuera de la región frente a una tasa no mayor del 5% en el caso de las importadas de países del Mercosur. La tasa consular es un impuesto que bajo la alusión a una supuesta intervención consular prestadora de un servicio —que no existe—, se carga adicionalmente al que ya se cobra supuestamente para cubrir los costos de la intervención aduanera y parcialmente también como protección nominal a la actividad local, con la cual eventualmente compiten las importaciones.

Aunque la tasa consular tenga ya, antes de la propuesta, un nivel relativamente bajo como protección nominal, puede tener, en muchos casos una protección efectiva sumamente alta. Se trata de la protección que brinda el gravamen "consular" como porcentaje del valor agregado que se incorpora en el país. Una protección nominal de 26% a una actividad local que agrega valor a materias primas por ejemplo, por 26% del costo del bien elaborado localmente, implica que se protege su actividad en 100%. El aumento de la tasa consular sube la protección efectiva a la producción local y a la producción regional que importa nuestro país.

Consecuencias.

Se indica que el aumento de la tasa consular será transitorio y que se reducirá a cero en un cierto lapso a partir de algún año de la tercera década de este siglo, destino que también se esbozara, hace diez años cuando se introdujera el impuesto a la renta de las personas físicas, que se daría al impuesto al patrimonio, algo que no ocurrió y que ahora algunos insisten en elevar. Al margen de las dificultades que puede introducir la medida en las relaciones comerciales con los socios del Mercosur, es claro que la decisión tendrá los efectos clásicos de este tipo de acciones: provocan desviación de comercio y destrucción de comercio. Asimismo, generan transferencias de ingresos de importadores y consumidores a productores locales y extranjeros regionales, al gobierno central y a los beneficiarios de sus programas de gastos, y provocan un costo social que aunque pequeño, da una señal contraria a la que se transmite por las autoridades.

La desviación de comercio es clara. El aumento de la tasa consular eleva el precio local del producto importado y en mayor medida al que se compra fuera de la región, por lo que es posible, aunque más no sea marginalmente, que se sustituya un proveedor de fuera de la región por otro del Mercosur —pagando más y resignando recaudación arancelaria—. Pero asimismo, que se le sustituya por otro local con costos mayores que resultan en los precios más altos que deben pagar los consumidores. Estos realizan entonces, una transferencia de ingresos a productores —locales y extranjeros regionales— y asimismo transfieren ingresos al gobierno central que recauda el impuesto a tasa mayor.

También es clara la destrucción de comercio. Tras el impuesto, la cantidad consumida localmente será menor que antes de la implantación del impuesto, por lo que el consumidor pierde bienestar y ello implica un costo social inexorable. Como lo es también el uso de recursos que realiza, a un mayor costo permitido por el arancel, el productor local que sustituye las importaciones amparado en el aumento del impuesto o arancel adicional.

Y no menos importante es, como lo expuso en su columna de la semana pasada Isaac Alfie, que el aumento de la tasa consular grava a las importaciones y también a las exportaciones porque impone precios de insumos productivos más caros que lo normal y porque contribuye a un tipo de cambio más bajo ante una menor demanda por moneda extranjera.

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