Diego Gamarra

Dos pájaros de un tiro

El 19 de diciembre del año pasado se promulgó el denominado "nuevo" Código del Proceso Penal (Ley Nº 19.293). La innovación legislativa referida constituye un paso significativo en materia de derechos fundamentales, que viene a remediar una carencia ostensible de Uruguay como Estado de Derecho.

Las deficiencias y ausencia de garantías en el proceso penal, que afortunadamente se subsanarán, no exigen esfuerzos de demostración, han sido señaladas con buen tino e insistencia, en forma pacífica, por especialistas en Derecho Penal, Procesal y Constitucional. De todas formas, no deja de ser revelador el análisis de estudios serios —como el Rule of Law Index del año 2014 del World Justice Project— para terminar de ilustrar la magnitud de la flaqueza, pues en la materia que aquí concierne se encuentran los únicos indicadores en los que Uruguay no sólo no lidera el ranking regional —como sí lo hace en las restantes categorías—, sino que se encuentra por debajo de la media de los países de América Latina y el Caribe.

Hito relevante.

Aunque vendrán tiempos de realizar críticas puntuales y posibilidades de mejora, debe destacarse que el auspicioso tránsito hacia un proceso penal acusatorio, oral y público, con mayores garantías de imparcialidad jurisdiccional y un tratamiento liberal del instituto de la prisión preventiva, constituye un hito relevante en el perfeccionamiento del Estado de Derecho, sin dudas merecedor de bombos y platillos, aunque extrañamente al momento de la promulgación de la ley éstos no resonaron lo suficiente. Quizás ello se deba al apremio que acompañó la sanción de la norma, quizás a la proximidad con las elecciones o la cercanía con las fiestas, pero muy probablemente la razón principal del relativo desapercibimiento se deba a la dilación de su entrada en vigencia, que ocurrirá recién el primero de febrero de 2017.

Es por demás razonable que se disponga de un tiempo para implementar reformas institucionales y para planificar la atribución de los recursos necesarios que posibiliten la efectividad de los cambios normativos; pero ese tiempo debe aprovecharse, el reloj ya está corriendo y es necesario empezar a presentar soluciones.

Recursos.

La novel regulación del proceso penal, que en última instancia no es sino un mecanismo de garantía de la libertad, aunque parezca algo obvio, requiere de fondos públicos para su instrumentación. Constituye este caso una buena muestra de que incluso los derechos civiles y políticos —los denominados de primera generación— requieren de recursos, y que la abstención estatal generalmente considerada como suficiente para su satisfacción resulta engañosa si se la considera así, sin más, pues incluso las libertades requieren de políticas públicas y cuestan dinero.

Lo afirmado parece evidente —y lo es—; sin embargo, se encuentra justificada la digresión, pues en el discurso generalizado sobre los derechos y su distinción entre derechos "negativos" y "positivos", lo cierto es que es exclusivamente en el contexto de relegamiento de aquellos denominados "económicos, sociales y culturales" que suelen presentarse las razones económicas como excusas de su desatención. Como bien han indicado Cass Sunstein y Stephen Holmes (destacados profesores estadounidenses contemporáneos, respectivamente, de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas) es claro que los derechos fundamentales deben financiarse, todos ellos sin excepciones, de manera que la frustración de unos y la satisfacción de otros —no obstante debe reconocerse que existen grados de dificultad en su tutela— responde en buena medida a opciones ideológicas o de conveniencia, toda vez que los recursos son insuficientes —si es que realmente lo son, algo que en nuestro país admite no pocos cuestionamientos ante la existencia de gasto superfluo— para atender íntegramente al conjunto.

La otra cara del fenómeno es también evidente, en la generación y cuidado de los recursos se juega la eficacia social y sostenible de los derechos, siendo la agenda de las desprotecciones —insatisfacción de mínimos— la que debe imponerse, ante todo, a la hora de fijar y ordenar su destino.

Inevitablemente deberán dirigirse fondos presupuestales al Poder Judicial y al Ministerio Público y Fiscal para establecer finalmente el derecho al debido procedimiento penal, de acuerdo al nuevo régimen aprobado, pero interesa aquí poner sobre la mesa un camino que, al menos a primera vista, parece inteligente para coadyuvar en el sentido indicado, con especial cuidado de los recursos, en tanto necesarios para asegurar también concurrentemente otro elenco de derechos lamentablemente insatisfechos. Conforme fuera adelantado en el título, se propone al hacerlo matar dos pájaros de un tiro.

Los fiscales.

En el nuevo escenario procesal los fiscales asumirán un rol protagónico, entre otras cosas, incluyendo su actuación en la etapa de investigación de los hechos de apariencia delictiva, otrora confiada a los jueces que oficiaban como juez y parte. Además de un necesario primer mojón que se fijará con la reubicación del Ministerio Público y Fiscal, en la línea de un imperioso distanciamiento del Poder Ejecutivo —que se encuentra concretamente proyectada a través de un Servicio Descentralizado—, parece oportuno, como lo ha propuesto el propio Fiscal de Corte al Colegio de Abogados, comenzar a estudiar una posible reforma de la Fiscalía, puntualmente en lo que refiere a sus competencias en materia civil, de modo de poner el foco en el tema más urgente —sino también el más relevante— ante una siempre previsible insuficiencia de recursos presupuestales.

Así, a la necesidad de fortalecer el papel de los fiscales en materia penal, se oponen ciertas dudas sobre su actual función en la materia civil, que no pueden dejar de explorarse y dirimirse para encontrar respuestas razonables, especialmente ante un problema verdaderamente trascendente como el que supone la preparación institucional y funcional de cara a la entrada en vigencia del mencionado nuevo proceso penal.

No se pretende aquí cuestionar a lo bruto la necesidad de intervención del Ministerio Público en procesos civiles —en sentido amplio, por oposición a procesos penales—, sino compartir la inquietud sobre la racionalización de su actuación, sugiriendo la identificación y posterior combate de aquellos casos en los que su participación no se justifica por resultar fundamentalmente superpuesta con la de los jueces, que son también custodios de la causa pública positiva (en definitiva del Derecho) e indudablemente poseen formación jurídica.

Culminado el ejercicio propuesto, no tengo dudas de que se hallarán ineficiencias de tiempo —que en términos de justicia vaya que importan— y de dinero, que bien manejadas y superadas pueden conducir a agilizar los procesos civiles y, a la vez, a canalizar recursos para la cobertura de las nuevas exigencias que deberán afrontarse una vez que devenga vigente el nuevo Código del Proceso Penal.

Es necesario siempre tender puentes entre los textos normativos y la realidad, máxime cuando como en este caso se trata de hacer efectivos derechos, en el sentido aquí empleado de protección de bienes indispensables ligados a la idea de dignidad del ser humano.

La mitad del camino está recorrido con la sanción del nuevo Código, resta recorrer la otra mitad, y en dicha cruzada la revisión de las competencias civiles de la Fiscalía luce como una medida racional y eficiente para contribuir a alcanzar la impostergable meta.

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