JSVIER DE HAEDO

En el país de los jubilados

Uruguay es el país de los jubilados. Se trata del tramo etario con menor tasa de pobreza (en oposición al de los niños más chicos, donde es la mayor) y sin embargo, cada tanto se los vuelve a beneficiar en términos absolutos y también relativamente al resto de la sociedad, que debe pagar el gasto creciente en pasividades con también crecientes impuestos. Los representantes de la sociedad, casi unánimemente, son siempre coautores por acción u omisión.

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"Cincuentones" presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley. Foto: A. Colmegna

O son parte activa del proceso referido mediante la aprobación de las iniciativas que acrecen las jubilaciones, o pasan inadvertidos sin alzar la voz. La razón de esta sinrazón, quién puede dudarlo, está en los cientos de miles de votos que esta parte de la población representa. Es igualmente claro que los niños más pequeños, en cambio, no votan.

En 1989 se incluyó en la Constitución, mediante plebiscito, un mecanismo de indización de las pasividades en función de la variación pasada del Índice Medio de Salarios (IMS). Eso significó en su momento un costo de dos puntos del PIB (con inflación constante) por la superposición de los dos regímenes de ajuste, el que terminaba y el que empezaba.

Aparte de la rigidez que implica incluir en la Constitución una norma ajena a su naturaleza, lo grave de aquella enmienda fue utilizar al IMS como indexador, dado que desde entonces los pasivos se llevan parte de la mayor productividad de las generaciones siguientes, lo que deja menos recursos para éstas.

En las últimas semanas hubo novedades. En oportunidad de presentar los lineamientos sobre la Rendición de Cuentas, el ministro de Economía y Finanzas alertó acerca del crecimiento "muy por encima de lo previsto" en las "prestaciones de seguridad social". En la presentación del MEF, se señala que "el número de jubilaciones creció 23% entre 2008 y 2016 (como) resultado de la Ley de Flexibilización, y sigue aumentando por encima de las proyecciones del propio BPS" y que la "Ley de Flexibilización representó en 2016 un costo incremental respecto al previsto originalmente de US$ 330 millones". También destacó el ministro el hecho que "las altas jubilatorias por incapacidad total han crecido significativamente: una de cada cinco personas que se jubila lo hace por invalidez". Entre 2008 y 2015 dichas altas se multiplicaron por cuatro. ¿Cómo es posible que no se busque corregir, mediante una nueva ley, aquel grosero error?

Sin embargo, lo que sí ha surgido desde el Poder Ejecutivo es el anuncio de un proyecto de ley para "solucionar" el problema de los llamados "cincuentones" y que tendrá, otra vez, un costo enorme para el resto de la sociedad, unos cinco puntos del PIB.

El origen de este tema está en la reforma previsional de 1996, que como toda reforma tuvo ganadores y perdedores. Y que, como toda reforma estructural, se la hace para generar un cierto resultado, en ese caso reducir el déficit estructural del sistema previsional. Ahora bien, si ante una determinada reforma, después se resuelve "solucionar" los costos de los perdedores, cabe preguntarse para qué se hace la reforma.

Dejemos esto de lado y asumamos que la sociedad decide reparar esos costos (reitero, unos cinco puntos del PIB). Para hacerlo, debe buscarse la solución óptima. Que, una vez más, no es el camino que se ha anunciado se recorrerá, tocándose a las AFAP, que nada tienen que ver en el embrollo y volviendo opacas las cifras fiscales de aquí en más.

Según se ha informado, el proyecto permitirá a los cincuentones abandonar el sistema de AFAP y volver al BPS. Cuando el problema no está en las AFAP sino precisamente en el BPS, que no reconoce a esas personas los aportes realizados hasta 1996, más allá de hasta cierto monto. La solución óptima pasaría por dar a los cincuentones un "bono de reconocimiento" por aquellos aportes no reconocidos y que ellos los volcaran a sus cuentas en las AFAP. Si la sociedad quiere asumir un costo, pues que lo haga explícito, y lo refleje en sus resultados con transparencia. De este modo todos sabríamos la magnitud de la decisión de nuestros representantes.

En cambio, al abandonar su AFAP, el trabajador llevará al BPS sus aportes y desde entonces y hasta que se jubile seguirá aportando mensualmente sólo al BPS y no más a la AFAP. Y el BPS será el que le pague luego su jubilación. De este modo, el sector público recibirá inicialmente una transferencia millonaria desde los fondos de ahorro previsional y luego un flujo mensual adicional. Todo eso habrá de mejorar las cuentas públicas en los primeros años.

Sin embargo, con el paso del tiempo habrán de aumentar los pagos de jubilaciones por el BPS con relación a lo previsto hoy día, lo que empeorará el resultado fiscal considerablemente y obligará al gobierno de entonces (dentro de unos diez años) a aumentar los impuestos para recaudar, a precios de hoy, unos US$ 2.600 millones. Desde el punto de vista fiscal pocas veces se habrá podido utilizar mejor aquello de "pan para hoy y hambre para mañana".

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