En mi última columna transité por la economía normativa dejando a un lado la economía positiva. No por primera vez escribía lo que entiendo que debe ser la política comercial exterior de nuestro país.

Sugería superar las interminables discusiones sobre si la inserción comercial internacional debe enfatizar el regionalismo, al regionalismo abierto, a la integración latinoamericana o intentar otras formas distorsivas de un libre comercio total. E indicaba que lo mejor es la apertura comercial general con fijación de aranceles cercanos a cero y la eliminación de restricciones no arancelarias, incluidas —valga la paradoja— las que impone la propia OMC, que dan lugar a una discrecionalidad aduanera inadmisible. Una inserción tal mudaría la estructura productiva uruguaya y tras algunos años se ordenarían los recursos y factores productivos de manera más eficiente, de acuerdo con las verdaderas ventajas competitivas relativas. Un vuelco tal de la política comercial externa debe complementarse con otras modificaciones de la institucionalidad económica. Hay dos condiciones necesarias para acelerar los cambios estructurales de una apertura de esa naturaleza: el marco en el que se muevan las empresas públicas, y algunas de las condiciones características del mercado laboral.

Son valoradas por la mayoría de la población. Sobre todo por esa creencia de que pertenecen a los uruguayos. Sin embargo, la realidad es que buena parte de esa mayoría critica sus servicios, sus involucramientos empresariales, sus tarifas, sus resultados y en algunos casos, la gestión de sus administradores. Y el supuesto propietario nada puede hacer para mejorar esos aspectos mientras que, por otro lado, hay evidencia muy clara sobre el buen funcionamiento del mercado de los servicios de las empresas estatales cuando existe competencia privada. Hace ya dos décadas se optó, por ejemplo, por liberar la actividad portuaria y los resultados son muy buenos. Si alguien aún se opone a la competencia privada lo mejor es mostrarle lo que es un mercado de concurrencia mixta y otro reservado exclusivamente al sector público. Ejemplos abundan: el mercado de seguros, la telefonía celular y hasta la educación terciaria. El acceso al mercado de universidades privadas multiplicó el número de carreras, redujo tiempos de estudio en prácticamente todas las orientaciones y desafió a la pública a seguir el mismo camino que enseñó la competencia. Desde el punto de vista normativo, lo deseable no es que haya una actividad que resulte de la privatización de una empresa pública. Discutir sobre privatizar o mantener actividades estatales es a lo que asistimos desde hace ya décadas sin mejorarlas. Algo que sí ha ocurrido cuando se permitió la competencia privada. Perder el tiempo con este tipo de discusiones es la defensa más eficaz del statu quo que asegura el empobrecimiento de los ficticios propietarios de las empresas estatales, que deben pagar tarifas notablemente desalineadas con sus pares internacionales o capitalizar los "agujeros rojos" de lamentables gestiones. Lo deseable es no restringir la competencia privada para así corregir la ineficiencia productiva y reducir las transferencias innecesarias de ingresos a actividades provistas por un solo productor en el mercado.

Es necesario ajustarlo para cambios estructurales que resalten las ventajas competitivas relativas de nuestro país. Un ajuste es la eliminación de la injustificable inamovilidad del funcionario público, que protege la ineficacia y la ineficiencia en la prestación de servicios. En una nación en la que, además, a pesar del progreso tecnológico ahorrador de trabajo y tiempo, en once años su número ha trepado un vergonzoso 36%. No existe razón económica alguna para no igualar el trato laboral del trabajador público con el privado.

Existen otros obstáculos en el mercado laboral para transformar la estructura productiva. En ningún país con buenos resultados económicos y progreso de la clase trabajadora existe la increíble y determinante inconsistencia que los consejos de salarios agrupen y acuerden medidas idénticas o similares para sectores o ramas productivas diferentes. O que se sigan, tras muchos años de evidencia empírica contraria, fijando condiciones laborales ajenas al valor de la productividad de la mano de obra sin considerar las condiciones de cada empresa en particular. No se trata de maximizar la mal denominada "plusvalía" capitalista —el propietario aporta capital, tecnología y otros factores productivos— sino de preservar las condiciones laborales del trabajador.

Si no queremos transitar por caminos distintos a los actuales hacia una estructura productiva compatible con un mayor progreso económico, entonces sigamos con las condiciones de hoy de inserción comercial, del mercado laboral y con la realidad de los servicios públicos. Así, el resultado no será diferente.

Jorge Caumont - Economista