Julio Preve Folle

El MGAP acertó esta vez

El Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento un proyecto de ley para reformar un régimen espacial de estímulo a la granja, el llamado Fondo de Fomento de la Granja, introduciéndole modificaciones que me apresuro a aplaudir. Se trata de un régimen que se puede analizar en sus objetivos, en los instrumentos utilizados para lograrlos, y en su funcionamiento práctico.

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El gobierno envió un proyecto de ley para reformular el régimen de estímulos. Foto: Archivo

Sus objetivos son discutibles, los instrumentos injustos e inconvenientes, y su funcionamiento es muy malo. El Poder Ejecutivo se propone modificar este último aspecto; es muy poco, pero vale el esfuerzo que según parece enfrenta a una demagogia unánime y facilona, la que habla de la defensa de la granja, de los pequeños productores, de bla, bla, bla...

El origen.

Este fondo se creó en el año 2002 para atender las consecuencias de una catástrofe climática de ese año. Ya fue un error crear un fondo para resolver un problema que ya pasó, y que tiene otro tipo de soluciones, como por ejemplo subsidiar si fuera el caso el uso de seguros. Precisamente en esta línea el fondo previó acciones de fomento de este tipo de coberturas y asistencia a algunos programas del MGAP en aquellos años trágicos, y solo hasta el año 2005. Más adelante, precisamente ese año, y como el fondo se vio que generaba buena plata, se le cambió el objetivo y se le incluyó nada menos que el pago de las deudas de los granjeros.

Finalmente en el año 2011 se le cambió el nombre y quedó simplemente con el objetivo, tan amplio como absolutamente discrecional, de fomento de la granja. Se ve claramente la vocación de convertir en permanente un beneficio transitorio: no es fácil que alguien deje de percibir lo que confortablemente recibe, y no lo es para un gobierno quitarlo.

Los fines.

Yo no encuentro ninguna razón válida, ni de justicia ni de equidad, para establecer transferencias permanentes de dinero de toda la sociedad a una parte de ella, en la que se encuentran productores chicos y grandes, vulnerables o ricos. Como tampoco encuentro razón válida alguna para establecer mecanismos de protección comercial, a la manera de un arancel, absolutamente excepcionales, como no los tiene ninguna otra actividad económica.

Puedo entender asistencias extraordinarias por razones de cataclismos, climáticos o tipo los de 2002, a algunos productores vulnerables, granjeros o no, así como a otros ciudadanos no productores, tan vulnerables como estos. Pero no hay razón alguna para sacarle plata a la gente que consume frutas y verduras, y menos todavía para pagar deudas de productores de todos los tamaños, vulnerables o no, endeudados según su riesgo o según alguna circunstancia excepcional.

Así por ejemplo se pagaron deudas individuales de 150 mil dólares, lo que constituye una injusticia social grave que el MGAP conoce bien. Cuando Doña Ramona o Don Fermín no pudieron pagar su tarjeta de crédito a fin de mes, debieron saber que de haber sido granjeros, a partir del año 2005 podrían haber aspirado a que otros se la pagaran.

El instrumento.

El instrumento utilizado para recaudar con destino al fondo es el peor. Se inventó un IVA trucho; se lo diseñó para todas las frutas y verduras, importadas y nacionales, aunque para estas últimas existe un régimen especial que permite no volcarlo a la DGI. Como corolario, solo las frutas y verduras importadas pagan un arancel del 22%, al que se debe sumar un adelanto que no es fácil recuperar, por ejemplo en la venta en ferias. En definitiva el régimen supone violar el arancel cero del Mercosur, y hacerlo de modo engañoso, con lo que podríamos llamar "el arancel del vivo". Alguno se sonreirá señalando que los socios violan mucho más. Yo creo que no es ese el modo de analizar, mucho menos para un país pequeño y solo exportador.

Por otra parte, en el inventario de violaciones Uruguay no es precisamente un ejemplo de fiel cumplidor. Y algún día algún socio nos cobrará el precio de esta violación, como nos lo hicieron con el Newcastle de los pollos, como lo harán con el Affidi, etc. Cabe señalar que este mecanismo de protección y seudo fomento de la granja, que recauda unos 20 millones de dólares, le cuesta al consumidor no solo esta cifra. En efecto, como cualquier arancel, cabe esperar que los precios de los bienes nacionales que compiten con los importados, suban su valor hasta el precio equivalente de importar. Este monto total es difícil de determinar, porque en realidad las importaciones están totalmente prohibidas y solo se autorizan caso a caso, como ocurre en la Argentina que solemos criticar. Pero de modo conservador, estimo un monto parecido al anterior, otros 20 millones de dólares, es decir 40 millones de costo del estímulo a la granja por año, una cifra insostenible. Este mecanismo tampoco lo va a tocar este proyecto de ley.

El funcionamiento.

La realidad indica que el Fondo no usa nunca ni la mitad de lo que recauda; no ha habido ni productor ni institución granjera que planteara al MGAP —todo sigue siendo discrecional— iniciativas de desarrollo por aquel monto. De manera que, señalar que lo que propone el gobierno deja sin recursos a la granja es insostenible. Los fondos se usaban bien para pagar indemnizaciones o hacerse cargo de deudas; pero una vez aumentada la recaudación y terminadas aquellas deudas sobra la plata, es decir que lo recaudado por el IVA se lo viene quedando la DGI por ausencia de demanda. Ahora lo que se plantea es que la DGI siga recaudando, atendiendo los proyectos del MGAP —que no hay—, con fondos que proveerá el Presupuesto, cortándose el vínculo con la recaudación de IVA. Es mucho más sano indudablemente, en particular en un contexto de dificultad fiscal que obliga a rever objetivos; lo comparto.

Lo deseable.

Mucho mejor hubiera sido derogar el impuesto, situar a los granjeros en su condición de ciudadanos comunes del país, sin uno de sus privilegios —ya que tienen muchos otros—, y en todo caso ayudar a los productores vulnerables pero con política genéricas, nunca con "proyectitos" discrecionales resueltos caso a caso. Esto es lo peor.

Conozco de sobra la industria de los gestores vivos, a veces amparados por alguna gremial, dedicados a changar en ministerios —los más "profesionales" en organismos internacionales— para conseguir fondos. Los realmente vulnerables no pueden armar proyectos, planes de negocios, calcular tasas internas de retorno. Estos son los que necesitan políticas: educativas en general, específicas en estos rubros, en su comercialización, etc. Pero todo esto deberá seguir esperando.

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