El jueves 5 de enero, se publicó en el Diario El País una columna del Presidente del Banco Central el Ec. Mario Bergara, titulada: "Secreto Bancario: sobre valores y servilismos." Vale la pena leerla, porque con gran claridad el jerarca revela su convicción sobre la conveniencia, ética, económica y política, de asestarle un "golpe casi mortal al secreto bancario".

Sin embargo, notoriamente sentido por las críticas que ha recibido por parte de quienes cuestionan que el gobierno esté dispuesto a sacrificar derechos de fuente constitucional, como es el derecho a la intimidad, para cumplir con las directivas de la OCDE, transforma su columna en un alegato político y rápidamente pierde los estribos. Obviamente, un hombre político e inteligente, que se define como socialista, no puede soportar que lo acusen de ser el mejor alumno de un organismo internacional que está al servicio de las grandes potencias.

En defensa de su postura, crea dos categorías contrapuestas, por un lado los que a cualquier precio quieren defender el secreto bancario, cuyo origen sitúa en un Decreto Ley de la Dictadura, y los demoniza acusándolos de ser los defensores de la opacidad, del fraude fiscal, del incumplimiento de obligaciones familiares (pensiones alimenticias), el lavado de activos derivados del narcotráfico, del tráfico de personas y del negocio armamentista y los califica irónicamente como, "Homus: Rebellis, Reticentis, Anacrónicus, Privatus, Opportunus".

En el otro bando, donde se sitúa él, están los defensores de la transparencia que combaten la opacidad, los modernos, los que quieren insertar al Uruguay en el mundo para recibir inversiones extranjeras y que gobiernan en función de valores y son racionales y justos.

En lo personal, he cuestionado en este suplemento que con la excusa de cumplir con las exigencias de la OCDE, se aprueben Leyes destinadas a sobredimensionar los poderes del fisco en contra del contribuyente, para recaudar impuestos con mayor eficacia.

También he cuestionado a la DGI por utilizar prueba ilícita, proveniente de hackers o filtraciones de funcionarios infieles, en las inspecciones realizadas a los clientes del HSBC —"Swiss Leaks" — y las inspecciones llevadas a cabo en 32 estudios de plaza en base a la filtración ilícita de información de Mossack Fonseca, donde incautaron documentación de clientes sin orden judicial.

Por último, me referí a la decisión del Poder Ejecutivo de introducir en el proyecto de Ley Transparencia Fiscal, un artículo que violaba abiertamente el secreto profesional en la relación abogado cliente.

Para el equipo económico, el secreto profesional del abogado debe restringirse exclusivamente a "todas las comunicaciones entre el abogado y su cliente, en el marco de la defensa de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional". Fuera de esa hipótesis, las consultas privadas con el abogado, no son secretas y ese criterio es inconstitucional. Esta norma vuelve a aparecer en el art 12 del proyecto de Ley Integral de Lavado de Activos, porque las mayorías parlamentarias le permiten al Gobierno sancionar normas inconstitucionales una y otra vez, ya que a muchos legisladores no les preocupa violar la Constitución y no siente vergüenza cuando la Suprema Corte de Justicia las declara inconstitucionales, total, el proyecto de ley lo redactó el Poder Ejecutivo y ellos los votan "tal como vienen", por pura disciplina partidaria.

El poder derivado de las mayorías parlamentarias durante tres períodos, se va subiendo a la cabeza de los gobernantes y cambia incluso a hombres sensatos que de a poco se vuelven arbitrarios.

Para muestra basta un botón, el Frente Amplio orgánicamente acaba de cuestionar a los economistas porque erraron en su pronóstico sobre la evolución del precio del dólar y les exige públicamente autocrítica a la hora de reconocer sus errores, cuando lo único que hicieron fue un simple pronóstico. Sin embargo, ni un solo integrante del Poder Ejecutivo o Legislador oficialista, salió a pedir disculpas por haber redactado y votado la Ley de Medios —y otras tantas— que resultaron estar plagada de normas inconstitucionales, lo que es muchísimo más grave.

Ahora, el equipo económico, decidió tratar de corregir el déficit fiscal con un aumento de las tarifas públicas de los servicios monopólicos de uso ineludible —UTE, Antel, OSE, Ancap—, utilizándolas para recaudar como si fueran tributos, lo que viola indirectamente el principio de que toda exacción coactiva del Estado, debe ser aprobada por el Parlamento y eso lo sabe perfectamente el equipo económico.

Por eso, creemos que la columna del Presidente del BCU está fuera de tono y denota intolerancia a los cuestionamientos sobre un tema complejo y opinable. El que ejerce el poder, tiene que aceptar los cuestionamientos y no puede —desde el poder— acusar a quienes piensan diferente, de carecer de valores éticos y de defender la opacidad y la falta de trasparencia.

Además, no puede autoproclamarse el Paladín de la transparencia, quien integra un partido político, que acaba de someter al Diputado Gonzalo Mujica al Tribunal de Conducta, por haber votado las comisiones parlamentarias investigadoras sobre los negocios del gobierno con Venezuela y sobre la Planta Regasificadora.

GONZALO RAMÍREZ