Julio Preve Folle - Ingeniero Agrónomo

Investigar, y discernir

Finalmente se votó la investigadora de Ancap, y es difícil saber qué temas podrá abordar hasta el fondo en poco tiempo. No obstante, y aunque descuento un cierto caos, hay tres niveles de discusión, uno de los cuales me propongo comentar. De estos tres niveles, el primero es el de las eventuales irregularidades de naturaleza llamémosle penal. Un segundo nivel es el de la administración, es decir lo que genéricamente recogen sus balances en cuanto a resultados, endeudamiento, patrimonio, etc.

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El director blanco de Ancap votó en contra. Foto: Archivo El País

En definitiva de lo que se trata aquí parece ser hurgar en las decisiones suponiendo que se desviaron de un supuesto objetivo llamémosle de eficiente gestión. Este tema a su vez tiene dos abordajes: las pérdidas producto de una gestión deficitaria por incompetencia, y las pérdidas derivadas de la ideología. Por último tenemos el tercer nivel que es el del análisis de los campos de actividad en los que cada vez más se mete Ancap y su hija dilecta, ALUR. Esta es la discusión más relevante.

Ideología.

Dejando de lado el enfoque penal, la administración en sí se puede seguir en los balances auditados, que recogen una situación de inmenso dolor pensando en la sociedad que, o por transferencias directas o a través del precio de los combustibles, se está haciendo cargo de lo ocurrido. La investigadora quizás llegue a conclusiones de ineptitud, lo que no debería llamar la atención porque los directores no llegan a esa función por concurso de oposición y méritos. Pero ese no parece ser el problema; la realidad es que las pérdidas de esta gestión socialista no derivan probablemente de decisiones de mala administración, de errores. Por el contrario la conducción ha sido de naturaleza ideológica. Producir azúcar, elaborar agrocombustibles, relacionarse con Venezuela, repartir tierra a algunos, proveer de servicios agropecuarios de maquinaria o de raciones, instalar una planta de etanol en Artigas a partir de boniato, pagar por los granos precios más caros que los de mercado, remunerar las compras de agrocombustibles a ALUR a precios fuera de la realidad, todas estas decisiones son horribles en lo económico, pero no constituyen un error de administración solucionable cambiando de contador. Nada de eso; responden a una visión ideológica de la economía según la cual estas decisiones son estratégicas según un cierto modelo de país. Ese es el punto; que tomaron un ente autónomo creado para producir combustible, alcohol y portland, y quisieron convertirlo en un ensayo de socialismo, sin consideraciones tan burguesas como la rentabilidad, el endeudamiento, o la invasión en la esfera de la actuación privada. Así, Ancap tuvo su propia política de tierras, de relaciones internacionales, de agrocombustibles, de gasto público, de endeudamiento, su propia política agrícola, y se venía también su intervención en la ganadería, los fertilizantes, etc. Para un ente lanzado así, los rigores presupuestales que pudieran provenir de OPP pasan a segundo plano. No fue pues por casualidad una mala gestión: fue quizás el intento de construir una economía dentro de la economía; una institucionalidad especial dentro de la de todos. Así, si para sacar adelante a ALUR hubo que transferirle recursos, pagarle deudas, capitalizarla o comprar su producción a cualquier precio, ese no fue un error, sino utilizar deliberadamente los recursos de todos, lo que solo se puede hacer por ley, para un propósito de política propia. De esto se podrá discutir para devolver a Ancap al control de la sociedad a través de sus representantes, para que nunca más tenga una política propia.

Estado y derecho.

Precisamente éste es el tema de largo plazo más relevante: qué puede hacer Ancap y qué no. Para empezar, cabe recordar su participación en 18 sociedades paralelas en el derecho privado, fuera del control social. Vale la pena discutir además si Ancap se tiene que seguir encargando de viabilizar el azúcar en Bella Unión, tan válido como plantar palmeras datileras en Vichadero. O que se dedique a promover cultivos para atender un nuevo monopolio, el de los agrocombustibles que nadie le otorgó; o que fabrique cementos para la construcción, en competencia. Cada vez que el Estado avanza sobre cualquier rubro, excluye necesariamente de la actividad productiva al esfuerzo de la gente, quitando espacios para la actuación libre. Esta es la discusión, la institucional, incluyendo a las satélites. Esta supone pensar si sigue siendo necesario el monopolio, si un ente puede hacer cualquier cosa, incluso publicitar los productos o servicios que sin competencia provee. O si por sí o por medio de ingeniosas creaciones de derecho privado, puede ir tomando más y más funciones. Mucho más importante que no perder plata —de hecho parece que ALUR ha mejorado— es discutir a qué se va a dedicar, qué espacio de actuación va a retener contra la actividad privada. Y preguntarse si existe un límite para financiar cualquier propósito, a través del factor que más duele a la actividad productiva como lo es el precio del combustible, ahora en ascenso a contrapelo de lo que ocurre en el mundo con el petróleo, justo cuando el mundo se nos hace más lejano en términos de competitividad.

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