Existen muchas razones que conducen a una empresa al fracaso, entendiendo a éste como una situación de pérdidas permanentes que llevan en definitiva al cierre de su actividad.

Pueden deberse a diversas razones tanto por el lado de la oferta de la firma —costos de origen público o privado en alza por encima de los ingresos, por ejemplo—, como por el lado de la demanda que enfrenta —por ejemplo, cuando el producto que elabora y vende se vuelve obsoleto o superado por otro en precio y calidad—. En el caso de una empresa privada el que soporta las eventuales pérdidas —como quien recibe la ganancia cuando existen— es el grupo de sus propietarios, dueños o accionistas. Si tras esfuerzos de cierta duración para la reversión de los resultados negativos estos perduran, ellos decidirán cerrarla no siempre con el pago previo de las obligaciones que correspondan, con organismos estatales, acreedores privados y sus empleados. La decisión de cerrar es cuando, a pesar de esos esfuerzos tanto por el lado de los ingresos como por el de los costos para mejorar los resultados y hacerlos positivos, factores de la propia empresa como externos impiden el éxito de la gestión. Con pena, con desilusión y con la frustración por no alcanzar lo pensado —que fue lo que llevó a la inversión de recursos pecuniarios para obtener las ganancias no logradas—, la opción de cerrar es también la de terminar con la inversión de fondos en algo ya probadamente sin futuro.

Vale la pena recordar que quienes invierten en una empresa buscan un retorno que aumente su patrimonio personal. Nadie invierte para derruirlo, ni el suyo ni el de quienes le sostienen.

En el caso de una empresa estatal nacional no ocurre lo mismo, y eso es así por una única razón: porque por más que se quiera imponer, reiterando una y mil veces, que los accionistas son todos los uruguayos, aunque cada uno debería serlo, ninguno de ellos lo es. La realidad empírica —no la digital, tampoco la que se quiere imponer con argucias poco convincentes desde el punto de vista económico— muestra que las empresas estatales no tienen esos dueños. Si ellos lo fueran y tuvieran pérdidas permanentes la definición sería su cierre. Sirven ellos sí para nutrir de recursos a distintos sectores de la sociedad: al fisco, a sus trabajadores y a sus administradores.

Pero nutrirlos a ellos implica exigírselo siempre y hasta esquilmarlos en algunos casos, a los usuarios y consumidores privados que pagan el bien o el servicio de la empresa pública, y a quienes se les hace creer que son sus propietarios.

Si una empresa estatal —como ocurre hoy con varias de ellas y algunas de sus filiales— tiene pérdidas que son o amenazan ser permanentes, sus administradores —mayoritariamente políticos según lo revela la evidencia empírica de muchos años—, y sus empleados o sus representaciones sindicales, tratan siempre de convencer a sus dueños —supuestamente la población del país—, que hay razones para mantenerla viva.

Entre los más comunes se invocan como motivos para continuar su actividad el empleo que brindan, la ocupación a la población de una zona que se desarrolla de acuerdo con ella, los excesos que evitan de competidores monopólicos privados en la provisión de similar producto o servicio, que con más inversión en ellas los resultados se pueden revertir, y otros argumentos por el estilo. Razones comprensibles pero solo muy poco atendibles cuando se considera el costo económico y social que implica aceptarlas y mantener en actividad a empresas con pérdidas permanentes.

Se trata de argumentos realizados por los interesados directamente que no deberían pesar significativamente en la decisión de cerrarlas definitivamente. Es que de quienes trabajan y gestionan la empresa estatal siempre se debe esperar su oposición al cierre. Una negativa que implica indudables castigos, explícitos — precios más altos o mayores obligaciones financieras futuras por endeudamiento— e implícitos —impuestos más altos para transferir ingresos financieros a la empresa estatal—.

Pero al margen del claro interés de quienes se oponen al cierre de empresas estatales que solo agregan peso a la población en general existe, generalmente encubierta, otra razón: la ideológica. Un motivo que subyace de manera persistente sin siquiera un atisbo de seriedad para su justificación. La evidencia empírica muestra que puede ser buena la intención de mantenerla en actividad, pero ello no alcanza cuando el costo de hacerlo es mayor que el beneficio de preservarla. Ante la indiferencia de muchos, a algunos les pesa que se prefiera cerrar la actividad pública y dejar que la actividad privada se encargue de sustituirla.

En definitiva todo pasa por un problema económico y social. Y como tal se debe analizar en un marco de costo-beneficio para toda la sociedad. El beneficio lo captarán los administradores, los trabajadores y el fisco y el alto costo lo soportarán todos los uruguayos por minúsculo que sea, individualmente, para cada uno de ellos.

No debe, ninguna de las razones expuestas pesar para aceptar lo que se intenta justificar pues tan pronto se las analiza con cierta profundidad se observa que benefician mucho a muy pocos exigiendo mucho esfuerzo y sacrificio a muchos más.

JORGE CAUMONT