Cynthia Carballo

Impuesto al Patrimonio Agropecuario

A partir del 30 de junio pasado, gran parte del patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias pasó a estar gravado por el Impuesto al Patrimonio (IP), según lo dispone la Ley 19.088 promulgada el pasado 14 de junio.

Recordemos que dicho patrimonio se encontraba gravado por IP hasta el año 2001, cuando fue exonerado. Luego, en el año 2007, con la Reforma Tributaria, se mantuvo la exoneración sujeta a la condición de que la explotación se realizara en forma nominativa y sus socios fueran personas físicas, con lo cual pasaron a estar alcanzadas por el IP las sociedades con participaciones o acciones al portador o con acciones nominativas a nombre de personas jurídicas y las entidades no residentes.

A continuación repasaremos las principales modificaciones introducidas en este impuesto para el sector agropecuario.

1.Exoneración.

Se mantiene la exoneración del IP agropecuario, solamente cuando los activos afectados no superen las UI 12.000.000 (aprox. US$ 1.600.000 a valores de hoy). Por lo tanto, quienes superen dicha cifra comenzarán a tributar el impuesto a partir del 30/06/2013, debiendo abonar el mismo en octubre del mismo año.

A los efectos de determinar si corresponde o no tal exoneración, se deberá considerar la suma del valor de catastro de los inmuebles rurales que sean de su propiedad, más un 40% de dicho valor por concepto de bienes muebles y semovientes de la explotación. Este último valor deberá ser considerado tanto por el propietario de los inmuebles como por quienes realicen la explotación. Es decir, el propietario considera un 140% del valor de catastro del inmueble, y quien lo arrienda, computa el 40% del valor de catastro.

El valor de catastro a considerar es el aplicable para el año 2012, que deberá actualizarse anualmente según la variación del Índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (IPPN Agropecuario).

Estos valores deben calcularse de la forma previamente comentada, incluso si los mismos son bienes exentos, excluidos o no computables. Luego, si dicho ficto supera las UI 12.000.000, deberá liquidarse el IP por la totalidad del patrimonio fiscal, considerando las normas específicas de valuación así como las exoneraciones que pudieran corresponder. Es decir, este ficto es solamente para determinar si estoy o no gravado y qué tasa y sobretasa debo aplicar, pero no para determinar el patrimonio gravado.

Por otra parte, se propone el concepto de "Unidad Económica Administrativa" (UEA) a los efectos de determinar si corresponde o no la exoneración y la sobretasa a aplicar. Esto es, si bien cada contribuyente debe realizar el cálculo en forma independiente, en caso de verificarse la existencia de una UEA se realizará otro cálculo con el patrimonio afectado de todas las entidades integrantes y si este cálculo supera las UI 12.000.000, la totalidad del patrimonio afectado por cada unidad no se encontrará comprendido en la presente exoneración.

No desarrollaremos con mayor extensión el concepto de UEA, dado que no sufrió modificaciones respecto al Proyecto de Ley analizado en nuestra entrega del pasado lunes 29 de abril (punto 4).

Importa destacar que la presente exoneración no aplica si los titulares de explotaciones agropecuarias son entidades con capital al portador (o nominativas a nombre de personas jurídicas) o entidades no residentes; en adelante las llamaremos "entidades al portador". En estos casos se mantiene el régimen actual, por el que estas explotaciones se encuentran gravadas aunque su patrimonio no supere el monto referido. En caso que parte del patrimonio esté constituido por capital al portador, se grava por IP solamente la proporción de dicho capital. Sin embargo, si los activos afectados de la empresa superan el ficto de UI 12.000.000 antes comentado, todo el patrimonio fiscal estará gravado, sin importar dicha proporción.

2.Normas de valuación.

Las normas de valuación varían según el contribuyente.

Las "entidades al portador", deberán valuar sus activos en general según la normativa del IRAE. En el caso de los inmuebles rurales deberán considerar el mayor entre el valor de catastro de 2012 actualizado por el IPPN Agropecuario y el valor según las normas del IRAE, es decir, el costo de adquisición del inmueble revaluado por IPPN y amortizado (las mejoras).

Por su parte, las demás entidades así como las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, deberán valuar sus activos por la normativa específica de IP para personas físicas. Para el caso de los inmuebles rurales, los mismos deben computarse por el valor de catastro de 2012 actualizado por el IPPN Agropecuario. Para los demás bienes pueden optar entre valuar según las normas del IRAE (si liquidan dicho impuesto en base al régimen de contabilidad suficiente) o mediante las normas del IP para personas físicas. Por ejemplo, por normas de personas físicas, los bienes muebles y semovientes deben considerarse por un valor ficto, que se calcula como el 80% del valor de catastro de los inmuebles que explota. El Poder Ejecutivo (PE) está facultado a reducir este porcentaje hasta dejarlo en 40%.

Cabe destacar que, aunque se determine el impuesto utilizando este ficto, corresponde igualmente exonerar de IP los bienes de activo fijo afectados a explotaciones agropecuarias, en aplicación de la Ley 16.906 (Ley de Inversiones). Para determinar el monto a exonerar, se considerará el menor entre el valor de estos bienes según la normativa del IRAE, y el monto total computado como ficto por los bienes muebles y semovientes.

Respecto a las sociedades personales cuyos socios no sean personas físicas, no ha quedado del todo claro el criterio de valuación de sus inmuebles rurales, tema que está siendo motivo de amplia discusión. Una interpretación literal de la norma llevaría a pensar que deben valuarlos de acuerdo a los criterios de "entidades al portador". Sin embargo, hay posiciones en otro sentido (según criterio de "demás entidades"). Seguramente la reglamentación dejará en claro este punto.

3.Tasa y sobretasa.

La tasa de IP que se aplicará al patrimonio gravado es del 1,5%. Asimismo, se faculta al PE a reducir la misma en hasta un 50%, cuando el activo afectado no supere las UI 30.000.000.

Por otra parte, se crea una sobretasa que se aplicará sobre la totalidad del patrimonio afectado a la explotación agropecuaria de quienes superen los UI 30.000.000, de acuerdo al esquema que se presenta en el cuadro adjunto.

La categoría A será de aplicación exclusiva a "entidades al portador". Los restantes contribuyentes comenzarán su escala en la categoría B.

A efectos de determinar en qué categoría se está incluido, y por lo tanto qué sobretasa se debe aplicar, se utiliza el mismo ficto de activos afectados que para determinar si estoy o no gravado por el impuesto.

Esta sobretasa se aplica sobre todo el patrimonio fiscal (activo menos pasivo valuados fiscalmente); incluso sobre los bienes que se encuentren exentos, excluidos o que no son computables. Cabe destacar que de la discusión parlamentaria de la ley se desprende que sí se podrían considerar exonerados los bienes incluidos en la Ley 16.906, ya sea por beneficios automáticos para industriales y agropecuarios o para los bienes incluidos en proyectos de inversión. De todas formas, este punto no está del todo claro en la ley promulgada.

La única diferencia con las normas de valuación del IP general es que los inmuebles rurales, los bosques comprendidos en la Ley Forestal y los montes citrícolas, podrán computarse por el valor de catastro de dichos inmuebles, a los efectos de la aplicación de la sobretasa.

4.Consideraciones finales.

Como puede advertirse y así se manifiesta expresamente, se quiere dotar al impuesto de cierta progresividad. De esta forma, tendremos productores agropecuarios que no deberán tributar el impuesto, otros que tributarán por sus activos gravados a la tasa del 0,75% (si el PE utiliza la facultad de reducir la tasa en un 50%), y en el otro extremo contribuyentes que tributarán el 1,5% de su patrimonio gravado, más 1,5% del total de su patrimonio fiscal.

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