ISAAC ALFIE

Estamos hiper regulados

La forma en que el sector público interviene en la economía no se limita al gasto público —funcionamiento e inversión— y su contrapartida, los impuestos que se deben cobrar para soportarlo, existen otras que suele ser importantes —en ocasiones hasta más que lo anterior—, y potencialmente dañinas.

Mazo de juez. Foto: Public Domain Pictures
Foto: Public Domain Pictures

Entre estas últimas se encuentra la fijación de precios, salarios y tipos de interés regulados, la intervención en mercados donde el accionar privado es eficiente y la imposición de regulaciones (leyes, decretos, resoluciones, reglamentos) que se emiten desde el Estado e influyen sobre la eficiencia relativa de las economías.

En ocasiones se hacen comparaciones entre dos economías con algunos parámetros "similares" y resultados muy distintos, sin tener en cuenta el marco regulatorio en que cada una se desempeña. Esta intervención, sin que signifique cobrar un impuesto o gastar en determinado bien o servicio, impone obligaciones y sus costos correspondientes, al tiempo de sesgar la asignación de recursos.

En nuestro país ejemplos sobran; desde la abrumadora cantidad de información que hay que brindarle al sector público con cada pago al BPS o la DGI, hasta las limitaciones para emprender ciertas actividades que nos conducen indefectiblemente a un menor dinamismo de la economía y la concentración de la actividad. Si las obligaciones son muchas, como lo son, cualquiera que quiera emprender desde cero debe enfrentar un costo fijo que aleja el punto de equilibrio económico del emprendimiento, lo que implica tener que soportar pérdidas por un período más largo, que necesariamente nos conduce a que menos personas estén en condiciones de hacerlo, limitando la competencia y con ello, el bienestar social.

Ahora bien, las regulaciones, además de imponer a las empresas la carga de tener que costear personal meramente para brindarle información al Estado o acumular papeles "por las dudas", tienen otro lado. También aumentan el gasto público, porque hay que destinar recursos humanos y materiales para procesar la información y controlar.

No todos los sectores son iguales, en algunos, directamente o se dispone de mucho dinero para soportar dos o tres años de pérdida o no se puede empezar y, en otros, directamente la regulación le deja espacio solo a empresas grandes donde entonces el camino es la fusión de algunas o la adquisición de alguna o varias para estar presente. Concentración al fin.

Las regulaciones generan distorsiones, algunas de ellas provocan tanto daño que las autoridades advierten que algo deben hacer. Usualmente lo que habría que hacer es derogarlas y volver a lo normal, la libertad, pero, por lo general la forma de actuar es hacer otra regulación para "corregirla", una sobre otra, a la que luego le sigue otra y, al cabo de un tiempo nadie sabe bien dónde está parado.

Una regulación común es la fijación de salarios por categorías generales sin distinguir empresas ni zona geográfica, pensando que es lo mismo una gran empresa con 200 o 1.000 empleados al lado del puerto de Montevideo y contratos de millones de dólares, que otra del mismo "rubro" con 5 empleados en Cerro Largo o Treinta y Tres. Está probado que este tipo de decreto beneficia a las empresas de mayor porte, que le preserva su porción de mercado ya que le "limpia" o al menos restringe la competencia que puede surgir. De allí que los acuerdos siempre se convengan entre las empresas grandes y sus sindicatos, y a las empresas les termina sirviendo. Con este marco, a las empresas de reducido porte les cuesta crecer.

Lo mismo pasa con otras normas donde, en muchos casos, son las propias empresas las que las solicitan a efectos de limitar la competencia en el mercado. Lo anterior suele encontrar eco, porque a la burocracia pública "le encanta" hacer reglamentos, es la manera de justificar su trabajo. Luego viene el tradicional y falaz argumento, "si se quita esto hay gente que se queda sin trabajo", omitiendo que los recursos con los que se abona ese puesto de trabajo provienen de la propia sociedad y le fueron quitados a otros. Dichos recursos, de no ser aplicados a ese destino, lo serían a otro y generaría empleo en algún sector de la misma economía, seguramente con mayor valor agregado y, por ende, posibilitando mayores salarios promedio.

Otro ejemplo notorio y, desde mi punto de vista inentendible, refiere a las normas sobre lavado de activos en la compraventa de un inmueble. Si usted compra un inmueble, debe abonar vía banco, que debe hacer los controles sobre el origen de los fondos. Ahora bien, la normativa le exige el mismo trabajo, por la misma operación al escribano e inmobiliaria interviniente. ¿Qué recurso puede tener una escribana o una simple inmobiliaria frente a un banco?, ¿para qué hacer tres veces la misma tarea? No lo entiendo. Las cosas deben tener siempre medida y razón.

Nadie puede decir que no son necesarios cambios en las normas porque hay que adaptarse al mundo, pero debe evitarse el "activismo" del cambio permanente, usualmente producto del afán controlador del estado y no necesariamente correcto.

En Uruguay hemos acumulado normas y restricciones en muchos casos sin mucha lógica. Todos sentimos que tenemos demasiadas restricciones a nuestra voluntad de libre acción sin encontrar justificativos para ello. Se impone realizar un estudio global, como el llevado a cabo entre 1995- 1996, donde se eliminaron, simplificaron, racionalizaron y actualizaron varias centenas de regulaciones obsoletas. Parte de la competitividad perdida está escondida en la maraña de normas que generan costos explícitos e implícitos al distraer recursos desde actividades generadoras de valor hacia otras inútiles, sin beneficio ni razón alguna.

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