El Pit-Cnt está convencido que con un déficit fiscal equivalente al 3,8% del PIB (la producción de bienes y de servicios en la economía), en los doce meses cerrados en marzo, no hay posibilidad ninguna (alguna) que el gobierno cumpla con sus compromisos electorales si no se incrementan los impuestos".

El País adelantaba esa noticia agregando que "la central sindical volverá a la carga con sus planteos de gravar más al capital, lo que augura un desencuentro con el gobierno que ya dejó claro que descarta recurrir a nuevos impuestos para reducir el déficit de las cuentas públicas".

Siempre sobre la base de lo expresado en el diario por un integrante del Secretariado Ejecutivo de la organización, ésta presentará un documento al gobierno en el que le replanteará —ya lo habían hecho anteriormente— la necesidad de incrementar el Impuesto al Patrimonio, gravar a las herencias y recurrir a las reservas internacionales.

Aceptar la propuesta que haría el Pit-Cnt en estos días constituiría un castigo a los contribuyentes adicional al de nuestro gravoso sistema tributario. La sugerencia sindical no muestra los efectos económicos de los impuestos que ya existen ni de los que propone, que transfieren ingresos sin la adecuada contrapartida en servicios, que desalientan y reducen la competitividad de la producción nacional, que hacen caro a nuestro país y que son obstáculo para una oferta de empleo relativamente más abundante para los propios trabajadores en el presente y sobre todo en el futuro.

El objetivo de la propuesta sindical es que el gobierno central recaude más fondos para reducir su déficit operativo aunque, por otro lado, el Pit-Cnt exige también que aumente la inversión pública lo cual implica incrementar el gasto fiscal atentando así contra el objetivo declarado y observado como prioritario. Es una propuesta que provocaría una contracción en la demanda por activos fijos —inmuebles, maquinaria y equipo y otros por el estilo— tanto a nivel individual como corporativo, que reduciría la actividad productiva local con las consecuencias bajistas sobre el empleo.

Pensemos en otros términos: ¿qué pasaría si se eliminara el impuesto al patrimonio? La recaudación de ese impuesto, que hoy dice la central obrera que es escasa —recordar que se prometió eliminarlo tras la aplicación del IRPF—, pasaría a constituir recursos disponibles de los contribuyentes, tendría una aplicación sensiblemente más eficaz y eficiente y con un efecto multiplicador mayor de la actividad que cuando se la transfiere al gobierno para su gasto. Si esto no es así se debería probar lo contrario por quienes siguen sosteniendo que el gasto público a partir de la recaudación de este impuesto tiene un efecto multiplicador de la actividad y del empleo, mayor que si quedasen esos recursos en propiedad del contribuyente. Recordemos que si quedaran esos recursos en manos privadas no habría costos de transacciones que poco aportan a la economía: los de liquidación del impuesto tanto los pecuniarios explícitos como los no pecuniarios, por el tiempo que se gasta para eso y que se distraen del ocio o del negocio; los de recaudación; los de control y otros por similares circunstancias.

Pero la propuesta de la central sindical no es solo descartable porque su aplicación resultaría en efectos netos negativos para la sociedad uruguaya en su totalidad. Lo es también porque desconoce que ya los componentes de la base imponible del impuesto al patrimonio no solo tributan este gravamen. También se les grava con otros aunque disfrazados con nombres atractivos para quienes no se detienen a observar los efectos económicos adversos que provocan.

El impuesto al patrimonio grava a los inmuebles más allá de cierto valor, por ejemplo. Pero también esos inmuebles son gravados por el impuesto de Primaria. Y por la contribución inmobiliaria a nivel municipal, así como son gravadas las transferencias de su propiedad. Algo similar ocurre con los automóviles. Y no olvidemos que el patrimonio se constituye con la acumulación de ahorros que un sujeto económico realiza a lo largo de un período y con el ingreso disponible resultante tras pagar gastos de consumo e inversión e incluso impuestos. O por la inversión para producir y brindar empleo. En definitiva, debemos reconocer que el impuesto al patrimonio no es otra cosa que una exacción que se le hace al contribuyente y que se trata de justificar solo reiterando que quien tiene más debe pagar más, pero sin considerar los efectos económicos y sociales adversos que desata. ¿O acaso no es eso ya lo que ocurre tanto por el lado de los impuestos directos —abundantes y con alta tasa todos ellos— como por el del indirecto de mayor recaudación, a tasas también sumamente altas?. Cuando la base imponible es pequeña se repiten y son gravadas con altas alícuotas. Subir éstas no es la solución ni siquiera para los propios trabajadores.

Y para terminar, ya que se proponen nuevamente más altas alícuotas para el impuesto al patrimonio, gravar a las herencias y usar las reservas —¿qué hacemos con los pasivos que las financian?— para con todo eso gastar más, ¿no sería conveniente que se hablara de gastar para poder así, trabajar más?

JORGE CAUMONT