Hace tiempo que escribo sobre lo que varios pensamos, un agro sitiado por una cantidad de circunstancias adversas, en muchas de las cuales hay responsabilidad directa del gobierno, que no entiende la dimensión de lo que está pasando.

Esta falta de comprensión alcanzó un punto altísimo en los discursos que se conocieron en la Rural de Durazno, en la que los representantes oficiales —Presidente de INAC, Ministro de Ganadería— prefirieron ignorar los planteos.

El agro enfrenta, más allá de precios bajos, la peor presión fiscal de su historia, el gas oil más caro del mundo, la infraestructura como la conocemos, insumos y fletes más caros de la región, tipo de cambio atrasado y amenazas de más tributos; problemas que, en buena medida, dependen del gobierno que no obstante cree que se trata de un sector que funciona fantástico...

El empresario agropecuario contempla que con sus recursos colabora a sostener un país que arma autos, que subsidia a ALUR, al Fondes, que toma empleados públicos sin tasa ni medida, que posee una productividad del trabajo en caída y una intervención burocrática creciente. Y además, sospecha que el gobierno se refiere a él cuando anuncia que si aumenta impuestos no va a ser a la clase media o baja. Semejante contribución a seguir partiendo la sociedad, debe leerse como que se va a seguir con el mentado espacio fiscal. Hoy sabemos que ese espacio se llenó con empleo público —70 mil netos más— y que la gran política social del gobierno fue hacer crecer la burocracia. En este contexto, llama la atención que el ministro de Ganadería en Durazno se ufanara de haber reducido la plantilla de funcionarios del ministerio, como si no integrara —lo hizo en dos administraciones— el mismo gobierno dispendioso. El diálogo de sordos se planteó —ya es un tema viejo— cuando el ministro quiso mostrar cambios favorables que se han dado, en especial en Durazno. Vuelve el ministro a confundir al aumento de los ingresos del país —dependiente de los precios de años atrás— con el aumento de la producción en volumen físico que, según el BCU, fue desde 2006 a la fecha no solo modestísimo, sino menor al crecimiento global de la economía. Por otra parte, de lo que se habla ahora es de la situación de 2017 y de los próximos años; y allí solo se ve incomprensión oficial, renuncia a abordar temas candentes, y dejar todo como está.

La Presidenta de la Rural de Durazno se concentró en toda la serie de problemas a los que el gobierno hace oídos sordos: impuestos, dólar barato, servicios caros, costos de producción en aumento y dilapidación política de recursos, cuando mentó el tema de la fiesta de Ancap, los salvatajes de empresas, en un país caro para producir y para vivir. Y eso que todavía no se sabía la noticia de ALUR pagando 100 mil dólares en lugar de 100 mil pesos, pero enterándose 9 meses después...

Además, la presidenta Mabel Puig puso el foco en un punto novedoso, crucial para lograr una sociedad vigorosa, cuando expresó: "Deberíamos estimular el emprendedurismo, facilitarle la vida al que asume riesgos y no colocarlo como el villano en una lógica de buenos contra malos". Gran acierto en estas palabras que se oponen a la lógica oficial de promover sin tasa ni medida el empleo público.

Propio de este diálogo de sordos fue el valiente reclamo de Gerardo Zambrano de evaluar todo el sistema obligatorio de trazabilidad cuando señaló: "No conozco a ningún productor que esté de acuerdo con la trazabilidad obligatoria". Frente a un planteo sensato de quien es una voz autorizada del agro, el presidente de INAC descartó de plano todo intento de evaluar nada, justo él, que tiene si quisiera todos los medios para hacerlo.

Los que leen estas columnas desde hace años saben lo que pienso, y cómo pronostiqué el fin del sistema. De hecho, la trazabilidad obligatoria ya se terminó: ahora queda lo peor, su caricatura, que humilla a productores y a empleados públicos, en la medida que tantas veces se sienten partícipes de una comedia. Con más retraso se va a terminar también la política policial de cuidado del suelo, procedente de la misma mentalidad intervencionista, controladora, que el gobierno también se niega a evaluar.

Hay que lograr un shock de reducción de costos en los que el MGAP puede influir aunque sea por un año: suspender la política de biocombustibles; terminar con la trazabilidad obligatoria; terminar por un tiempo con la política policial de suelos; hacer lo propio con los trámites de inscripción de todos los plaguicidas registrados en Argentina o Brasil; terminar con la obligación de sembrar semillas de la calidad que se le ocurre al MGAP; llevar el gas oil a lo que se hizo en los 90; estudiar una reducción en los aportes a las personas de derecho público no estatal, que son impuestos. Y hay muchos costos derivados de intervenciones previas que ordena el MGAP que hay que suspender, si se entiende que estamos en un momento de emergencia.

No le vamos a pedir al MGAP que reduzca el IRAE o que tenga otra política monetaria, o que intente un TLC negociando con la negativa a todo del Sunca; ni le vamos a pedir que intente ayudar a derogar los decretos que habilitan la ocupación de las empresas. Pero sí le vamos a exigir que al menos revea todo lo que suponga costos que de ese ministerio dependen: que ayude a rascar el fondo de la lata en lo que pueda. De lo contrario, esta sensación de diálogo de sordos se va a extender, para mal de muchos.

JULIO PREVE FOLLE