JUAN SÁNCHEZ

Gasto, inversión y exclusión

El tiempo de las redes de contención quedó atrás, le pasaron por encima Mercado y Estado, y aunque organizaciones públicas y privadas tratan de mitigar esta realidad, las situaciones de borde están más cerca y el abismo es más profundo.

Está de moda entrevistar a fiscales (Zubía, Díaz), lo impone la realidad. Han quedado en evidencia facetas contradictorias de nuestro Sistema Judicial y sus consecuencias.

Con similar ligereza que en ocasiones se tratan temas económicos, se abordan otros temas, formando opinión de forma intencional o no. Las entrevistas referían a los aspectos controversiales del Nuevo Código del Proceso Penal, que en caso de no enmendarlos llevará a aumentar las vulnerabilidades que ya tenemos.

En 40 años los errores de política no se tradujeron solamente en transferencias entre grupos, sino en desintegración social, que lleva generaciones. Las políticas públicas hicieron lo suyo, los ejecutores las potenciaron, pero actores políticos, medios de comunicación y opinión pública en general compraron. Algunos sectores del Gobierno parecen tentados a transitar un camino que augura dudoso éxito y que otros ya recorrieron en el pasado .

Algunos actores del propio FA están advirtiendo del riesgo de no ser autocríticos. Un ejemplo es la reciente entrevista a Richard Reed, que afirma que nuestra sociedad se encamina a la "lumpenización".

El problema es histórico, ni de un gobierno ni de dos, el pecado es subestimarlo y cuando más tarde se le asigne la prioridad que merece, mayor será el deterioro en valores y hábitos de convivencia. Lo que sucede en sociedades más complejas debe ser observado como un espejo de la nuestra. Hay asesinatos por encargo y varios fiscales amenazados, aunque el Presidente de la Suprema Corte diga que está todo bajo control.

Dice Reed: "hay cierto enojo de la opinión pública con el Sistema Político", y añade que hay "actitudes en el Estado con las que parte de la sociedad no está de acuerdo" y da el ejemplo de las empresas públicas. Agrega que "estamos pagando las consecuencias con ajuste fiscal y tarifas elevadas".

Afirma "lo que más me molesta es que no hay una autocrítica de los actores políticos, sino todo lo contrario". La supresión ahora de la figura del abuso de funciones podría ser otro ejemplo.

Datos recientes pusieron el foco en la competitividad, el déficit fiscal y la inversión y una de las preocupaciones compartidas es la credibilidad de las metas macroeconómicas (reducir la inflación a un dígito, la reducción del déficit fiscal a menos del 3%, etc.), pero un costado menos glamoroso es que UTE completa 4 años con ganancias por US$ 1.100 millones, mientras Ancap acumula pérdidas por US$ 700 millones.

Se ha sostenido, incluido por parte de la oposición, que el problema es el gasto y el déficit fiscal, y en esa línea de preocupaciones, en 2016 las ganancias del ente se convirtieron en fuente de financiamiento del Estado. La energía eléctrica en Uruguay es del dominio público, pero se utiliza como un factor recaudatorio más. Este hecho constituye un parte aguas en la opinión de distintos actores. En estos dos años el MEF ha ejercido un mayor control sobre las empresas públicas con la mira puesta en la reducción del déficit fiscal a 2,5% del PIB, acortando gastos corrientes y también inversiones.

Sin embargo, Bafico y Michelin llegan a la conclusión que la tasa de inversión pública ha sido baja para todo el Sector Público, pero, el último año, parece acelerarse, por los requerimientos de infraestructura de los sectores productivos y también sociales. Desde el Frente algunos sectores ven con preocupación la obsesión por las vulnerabilidades fiscales por los costos políticos que trae aparejado.

Las recetas de algunos referentes de la oposición coinciden con las del Ministro, en el objetivo del déficit, la inflación y la política monetaria, salvo por la idea de que ésta, sostienen, debe estar acompañada por un ajuste significativo del gasto público, para mejorar el déficit y la competitividad.

El foco debe ponerse en una combinación de factores, seguimiento de los disparadores de expansión del gasto corriente, siguiendo una trayectoria descendente, sin comprometer la sostenibilidad del crecimiento, la capacidad de competencia y las capacidades institucionales para prestar servicios públicos esenciales, restringiendo lo menos posible la inversión pública.

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