Se han establecido algunas discusiones en torno a las ganancias de ALUR, en las que vienen participando exponentes de la política nacional. Entre ellas se destacan las declaraciones de su presidente, ahora devenido en senador, o hace un tiempo, las de algún jerarca de Ancap. Como ocurre tantas veces, existe una persistencia en negar lo que con facilidad se puede comprobar.

En efecto, así como no se puede discutir el precio de un bien que cotiza en la bolsa, o el área plantada de un cultivo, o el tamaño de la producción nacional, o la tasa de inflación, tampoco pueden discutirse cifras divulgadas por instituciones confiables, públicas y oficiales. No vivimos la tragedia del Indec en Argentina. Por esta razón carece de sentido discutir acerca de las cifras de ALUR, porque nos perdemos el análisis que sí importa, acerca de las razones que generaron una determinada situación, o los proyectos que a futuro van a modificar, en un sentido o en otro, sus números.

Respecto de estos no se puede discutir; de hecho cada año con ocasión de su divulgación, suelo realizar algunos comentarios. Esto es así porque con buen criterio tanto Ancap como ALUR difunden sus balances auditados por una empresa internacional como lo es KPMG. En este sentido su información es muy clara y cualquiera la puede consultar.

En resumen, tomando el período que va entre 2006 y 2013 inclusive, en todos absolutamente en todos los años, el resultado operativo ha sido negativo. Hay una excepción en el año 2013, pero en el informe de auditoría "con observaciones" —que no es algo para tomar a la ligera— se observa el modo de imputar algunos renglones por parte de ALUR. Modificándolos según el auditor, el 2013 también se vuelve negativo. El resultado operativo es el que más importa porque registra lo ocurrido en la marcha de la empresa como fruto de su operación. Excluye del cálculo intereses, impuestos, depreciaciones: es el resultado "puro" llamémosle. Y bien, fue siempre negativo según su balance, que es lo que tenemos los ciudadanos para medir la actuación. Este resultado nos da una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio. La verdad, no comprendo como el director de ALUR habla de cuatro años de resultado positivo, y como la oposición en Ancap lo acepta. Pero además, estamos frente a una empresa con un pasivo, siempre según su balance, de 4.348 millones de pesos que deberá algún día devolver, junto a un aporte de sus socios de 2.170 que quizás algún día quisieran recuperar. En definitiva y sin dudas: tres veces en el resultado bruto (!), y siempre en el operativo, se perdió plata. No sé qué interpretan sus autoridades.

En cualquier caso, la verdad es que no debería llamar la atención que una empresa monopólica, que vende a precios administrados y con consumidores cautivos, lograra rentabilidad. Claro está que al revés sí puede importar. En efecto, como ya lo escribí tantas veces, ALUR es una empresa estatal binacional uruguayo-venezolana, que vende azúcar a una protección nominal de las más altas de la economía, con una protección efectiva de tres cifras, y que así igualmente pierde plata, ya que paga por el azúcar en la caña al productor, más dinero que el del azúcar en el mundo una vez industrializada. En un artículo anterior comenté la serie de precios al productor cañero, comparada con la de otros productores y la del valor del azúcar. Es lógico que pierda en esta operación.

Lo que ya no es tan razonable, pues se podría haber evitado, es la pérdida en los agrocombustibles, por ejemplo en el etanol con su planta de elaboración recientemente abierta. No voy a entrar en el valor de esta planta, que viene siendo objeto de controversias. Sí, en cambio, en algunas cifras. Por ejemplo, la propia ALUR estima en 2 dólares el costo de su etanol (hoy vale 1,43 en la Bolsa de Chicago), el cual Ancap, obligada a comprarlo y los uruguayos a usarlo, lo vende una vez mezclado a US$ 1,62 que es el precio de nuestra nafta súper. La pérdida enorme imagino que debe ser de Ancap y tal vez no de ALUR, pero en definitiva lo es de todos los uruguayos, obligados a consumir un producto que, además, hoy es discutible su beneficio ambiental. Por otra parte, como con un litro de nafta se recorre bastante más que con uno de etanol, siendo la relación de diferencia un 58 % —la nafta tiene que valer más de un 58 % que el etanol para que éste se justifique— si la nafta vale hoy US$ 1,62, el etanol debería valer un dólar, cuando a ALUR le cuesta 2… Pero en el fondo, el día que Ala empresa quiera, con absoluta prescindencia de su responsabilidad en la gestión, podría tener números positivos y ello no representaría mérito alguno. Bastaría que vendiera el agrocombustible al valor necesario para equilibrar sus cuentas, incluidas las del azúcar: el comprador lo tiene, y éste tiene el monopolio para trasladar al pacífico consumidor el precio que quiera, en un bien de demanda relativamente inelástica respecto del precio. De manera pues, que no hay mérito alguno en que ALUR equilibre sus cifras y sí en cambio motivo de preocupación la transferencia de sus problemas a Ancap.

Este es el punto verdadero. Podría aceptarse que entes públicos perdieran plata quizás, si estuvieran de hecho cumpliendo un mandato político explícito y claro, deseado por la sociedad, consciente de los recursos que le cuesta. El problema no es que ALUR pierda plata; el punto es analizar si está haciendo lo que tiene que hacer, si está cumpliendo algún objetivo político o social compartible, y cuál es el precio de alcanzarlo. Y todo esto es lo que falta. No entiendo cómo ha sido posible que el Estado sin ley desarrolle un nuevo monopolio —el de la elaboración de agrocombustibles—, no corresponde a Ancap tener una política ambiental o energética propias, no corresponde al Estado comprar sorgo al precio que se le ocurra, no le corresponde vender raciones, o fertilizante o lo que sea. Y en cuanto a los objetivos sociales, los gestores de esta política azucarera y de agrocombustibles, horrorosa en lo económico, deberían sentir la necesidad de explicar, de dar cuentas de lo que hacen con la plata de la gente, que es la que luego equilibra sus balances. Sería de justicia por ejemplo saber, dado que no puede haber beneficio económico alguno, si en lo social se están logrando éxitos, cambios, que la sociedad que pone dinero pueda valorar bien. Porque los objetivos sociales también se miden, y se comparan con otras alternativas. El MGAP debería hacerlo.

JULIO PREVE FOLLE