El último proyecto sobre empleo solo incluye medidas consideradas cosméticas y no modifica las 35 horas semanales.

Francia ha decidido frenar una reforma laboral similar a las emprendidas por buena parte de los países europeos, pese a las reiteradas recomendaciones y exigencias de las organizaciones internacionales, y especialmente de la Comisión Europea. El último proyecto reformista analizado por el Consejo de Ministros, sobre "el diálogo social y el empleo", incluye tímidos cambios y ninguno encaminado a esa reforma laboral.

El primer ministro, Manuel Valls, y el titular de Economía, Emmanuel Macron, se han mostrado en varias ocasiones partidarios de esa reforma, pero el presidente de la República, François Hollande, prefiere ser prudente en estos momentos.

La posición de Hollande se produce tras cuatro fracasos electorales seguidos del partido gubernamental (municipales, europeas, parciales al Senado y departamentales) y semanas antes del congreso del Partido Socialista, previsto para comienzos de junio. También después de la jornada "contra la austeridad" organizada el día 9 por los principales sindicatos en toda Francia. O tras la abstención de decenas de diputados socialistas en votaciones sobre reformas menores.

El proyecto presentado al Consejo de Ministros, en el que se esperaba incluir cambios significativos en el estatuto de los trabajadores, se limita a ligeros cambios en las relaciones entre los representantes sindicales y los empresarios. Se reducen, por ejemplo, de 17 a tres los capítulos de diálogo social anual.

El texto legal, sin embargo, no hace referencia alguna a la posibilidad de modificar la ley que fija en 35 horas el límite laboral semanal o la opción de simplificar los 37 tipos de contratos que existen en Francia. Valls y Macron se habían mostrado partidarios de reconsiderar la ley de las 35 horas (el principal sindicato, la CGT, exige rebajar el límite a 32 horas) y de abrir el debate sobre el contrato único.

Las tímidas medidas del proyecto sobre "diálogo social y empleo" se suman a las igualmente mínimas incluidas en el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, enviados a Bruselas la semana pasada. Por el primero, París se compromete a reducir su déficit por debajo del 3% en 2017, tras una tercera prórroga de dos años por parte de Bruselas, que ha exigido un reajuste suplementario de 4.000 millones de euros este año y de otros 5.000 el que viene. Ninguno de los dos prevé una reforma laboral en profundidad.

Sin embargo, en sus recomendaciones de diciembre pasado exigió "reformas laborales complementarias para reducir las rigideces laborales" y consideró "esenciales" los cambios estructurales. A mediados de mayo, Bruselas, que ya tiene bajo vigilancia especial a Francia, dará su veredicto. Pero ya ha avisado en las mismas recomendaciones que considerará "un agravante" si París no pone en marcha "un ambicioso plan de reformas".

La última reforma debatida en el Parlamento y que prevé mínimos cambios, fue aprobada finalmente por decreto por Valls ante el peligro de perder la votación por la revuelta de decenas de diputados socialistas rebeldes.

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