Paulo Levy

En el filo de la navaja

Las tensiones económicas y políticas en Brasil culminaron a mediados de diciembre del año pasado, con la sustitución del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, por su colega de Planificación, Nelson Barbosa.

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Foto: Google

Se terminó allí una batalla larga y absurda para definir la dirección de la política económica brasileña. Entre los asuntos que dieron lugar a la salida de Joaquim Levy, de la Secretaría de Hacienda, sin duda los desacuerdos sobre la política fiscal parecen haber sido los más importantes. Mientras Levy presionaba para un ajuste más duro, Barbosa, al parecer con el apoyo de la presidenta Dilma Rousseff, abogó por una estrategia más gradual.

Como telón de fondo para este debate se encuentra el deterioro de las finanzas públicas a partir de 2012 y, más recientemente, la profunda recesión que afectó al país desde el año pasado. Las diferencias en las posiciones giran en torno a la dirección de la causalidad de la relación entre el desempeño de la economía y la situación fiscal. Para los economistas de orientación más ortodoxa, fue la intención de mantener el crecimiento económico artificialmente, a través de expansionismo fiscal y monetario, que acabó por minar la confianza de los agentes económicos en las perspectivas futuras del país, dejando caer inicialmente la inversión y, finalmente, la actividad económica en su conjunto. Otras políticas intervencionistas, como la fuerte expansión del crédito subsidiado a sectores favorecidos a través de bancos públicos, también tuvo este efecto de reducir la confianza de empresas y consumidores, además del impacto fiscal que tenía y aún tendrá en el futuro.

Para los economistas de extracción menos ortodoxa, la pérdida en términos de comercio, combinado con la caída del precio de los productos básicos exportados por Brasil, el aumento de la inestabilidad financiera y la pérdida de dinamismo económico mundial, determinó la fuerte desaceleración en el crecimiento de Brasil a partir de 2011. Esto por sí solo habría dado lugar a una reducción en el resultado fiscal primario (es decir, excluyendo el costo de los intereses de la deuda), pero el gobierno trató de mantener el crecimiento a través de exenciones tributarias que profundizaron el déficit. En cuanto a la desaceleración en función del cambio en el escenario mundial, vale la pena señalar que países con características similares a la economía brasileña desde el punto de vista de la estructura del comercio exterior —como Chile, Colombia o México— se enlentecieron mucho menos que Brasil, donde las perspectivas para el período 2015-2017 son de una caída acumulada del PIB superior al 7,5%, sin duda la peor recesión jamás experimentada por el país desde los años 30.

El resultado primario del sector público consolidado se redujo de un superávit del 3% del PIB en 2011 a un déficit del 1,9% del PIB el año pasado, y se espera nuevo déficit este año. Esta reducción en el resultado primario refleja, por una parte, la pérdida de dinamismo de la recaudación, en la medida en que las exoneraciones se mostraron incapaces de revertir la tendencia a la baja en el crecimiento económico y el aumento del gasto, cuya rigidez es uno de los problemas estructurales que necesitan ser abordados. Los ingresos netos del Tesoro Federal cayeron un 6,4% en términos reales en 2015 —incluso con la reversión de las exoneraciones a principios de este año— mientras que los gastos aumentaron un 0,5%, a pesar de una reducción del 7% en los gastos operativos y el capital (excluyendo los gastos de ejercicios anteriores no reconocidos y pagos al final de 2015, las llamadas "pedaladas").

El fuerte deterioro de la situación fiscal ha afectado la trayectoria de la deuda pública, que en términos brutos, aumentó de 57,2% del PIB en 2014 para el 66,2% del PIB en 2015. Teniendo en cuenta las dificultades de reversión en el corto plazo de los déficit primarios de los últimos dos años, así como la posibilidad de un crecimiento también muy bajo (las proyecciones son un nuevo descenso del PIB en 2016, 3,3%, y casi estable en 2017), la deuda seguirá creciendo y puede superar el 80% del PIB en 2018. El país ya ha perdido el grado inversor y el riesgo país superó los 500 puntos, un nivel mucho más alto que el promedio de los emergentes.

La superación de esta situación exigirá la realización de reformas que han sido pospuestas desde los años ´90. Entre las medidas que el gobierno tiene la intención de proponer al Congreso próximamente con el objetivo de promover un cambio estructural en la política fiscal están: la introducción de la edad mínima para la jubilación; la desconexión entre el valor de las pensiones y el salario mínimo; la desconexión entre los ingresos fiscales y los gastos específicos, tales como la educación y la salud, buscando una mayor flexibilidad presupuestaria; y un límite en el crecimiento del gasto público , una propuesta presentada originalmente en 2005 y fuertemente combatida por el propio gobierno en aquel entonces. Estos son temas sensibles desde un punto de vista social, cuya aprobación exigirá una fuerte movilización política junto a su base de sustentación, el partido. Sin embargo, el clima político sigue siendo tenso, lo que complica aún más su recuperación. Por lo tanto, el futuro sigue siendo muy incierto.

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