Poco antes de Semana Santa, se divulgaron alguna opiniones de directivos de la Federación Rural acerca del sistema nacional de trazabilidad obligatorio (El País, 29 de marzo).

Dichas declaraciones me generaron una importante sorpresa porque la institución parece confundir un tema absolutamente instrumental, con una afirmación de principios.

Es así que la crónica recoge textualmente como expresado por la institución: "…apoyo al Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina, en el entendido que es un logro que diferencia al Uruguay en el mercado internacional. Un desafío que no tiene vuelta atrás…" Es muy curiosa esta afirmación.

En efecto, y como se verá más abajo, la gremial recoge con prolijidad un conjunto de problemas, de dudas, que al menos deberían habilitar un replanteo del tema sin preconceptos, sin ataduras, porque este régimen de identificación de animales, o bien genera un beneficio económico, o bien debería dejarse de lado, sin que esto supusiera defender posiciones de fondo.

Decir que "no tiene vuelta atrás" en la opinión gremial, es tanto como afirmar que jamás cambiaremos las razas que criamos, o que jamás dejaremos de plantar trébol blanco o raigrás, o de usar ivermectina, o que nunca dejaremos de vacunar contar ésta o aquella enfermedad: son todos temas absolutamente instrumentales que, o demuestran en el tiempo algún beneficio económico, o habrá que repensarlos, sin apresuramientos pero sin preconceptos.

Si en cualquier orden de la vida se le da categoría de valor trascendente a algo absolutamente instrumental y por ende mudable, si convertimos en temas definitivos aquellos que son apenas un consejo, una oportunidad para mejorar los ingresos, la calidad de la discusión se viene totalmente abajo. Y la posibilidad de cambiar para mejorar se esfuma por completo.

Veamos lo que dice la Federación Rural. Señala por ejemplo que luego de diez años, "los beneficios económicos no han llegado a los productores". Esta sola afirmación justificaría al menos un momento de pausa y reflexión para analizar, incluyendo por qué no la vuelta atrás, la pertinencia de seguir con un sistema cuyo costo no es menor.

En un artículo anterior lo estimé, desde 2006 a 2015 inclusive, en 326 millones de dólares incluyendo allí el costo directo por cada camión embarcado (150 dólares), el valor de las caravanas, y el costo anual del sistema según el valor que aparece en su última licitación. Parece increíble que una cifra de esta magnitud, que supera cada año a los aportes patronales del agro al Banco de Previsión Social, que hasta ahora se señala no ha generado nada, motive una declaración de que "no tiene vuelta atrás", como si se tratara del voto femenino o de la libertad de enseñanza.

Continúa la Federación Rural: "existen productores de países con carnes de menor calidad que las nuestras, y que no poseen ni siquiera trazabilidad grupal —en esencia nuestro sistema anterior— que logran precios iguales y a veces superiores a los que recibimos los productores uruguayos." Y yo agrego que no es solo un problema de los productores sino también de la industria.

En efecto, mirando la evolución de los precios de las exportaciones de carne de los principales países que participan del mercado mundial reportados por FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), no se puede afirmar que Uruguay venda mejor que otros en razón de algo ocurrido a partir del 2006. En definitiva hay que, por lo menos, dejar de hacer más severo un sistema —al punto de excluir animales de determinados destinos— por defectos en su trazabilidad: no es consistente con un beneficio nulo en todo su funcionamiento.

Véase que Uruguay analiza su permanencia o salida del Mercosur, estudia con frecuencia quizás mayor a la recomendable cambiar leyes fundamentales y ¿va a dejar de analizar este tema absolutamente menor como seguir o dejar la trazabilidad, afirmando "que no tiene vuelta atrás"? Es absurdo. Y más todavía lo es hacer más exigente el régimen, para determinados mercados, si ninguno premia esa exigencia.

Objeción.

Debo reconocer que en mi caso sí pesa un elemento de fondo que me hizo ser contrario al sistema desde que nació: su condición obligatoria. Como lo he desarrollado otras veces, un tema de negocios como es éste, no puede abandonar el ámbito voluntario, y debería quedar solo en el domino del contrato entre partes que desearan, siguiendo su expectativa de ganancia, realizarlo o no. No corresponde al Estado señalar cuál es el mejor negocio ni, menos aún, obligar a nadie a hacerlo; no es su tema. Es como obligar a fertilizar con fósforo, encarnerar en mayo, regar pasturas o destetar los viernes.

La Federación expone sus datos y hace bien en manifestar preocupación. Pero en lugar de convocar a una discusión serena sobre costos y beneficios señala que el tema no tiene vuelta atrás, un modo claro de limitar el progreso.

En realidad este tema como prácticamente todos, debe estar continuamente en discusión; porque aunque existen algunos valores absolutos, el derecho a la vida, la libertad de expresión, de enseñanza, etc., otros no sólo son relativos sino que algunos —este por ejemplo— son menores y discutirlos debería ser lo habitual.

Confusiones similares acerca de la realidad ganadera expresa la misma institución cuando, después de señalar que hay una abundante oferta y una reducida demanda de ganado, se sorprende de que baje el precio.

Esto no solo lo recoge la prensa del 7 de abril, sino que viene siendo una constante institucional, cuando sin mirar la oferta y la demanda, se supone que cada vez que el precio baja es porque existen manejos oscuros.

A cuenta de la discusión que se está instalando sobre este sistema, así como sobre la extensión de las travesuras que se generan para obedecer sin cumplir, a cuenta de esa discusión adelanto que, así como parece que hoy no hay ningún beneficio para nadie en el sistema, sí podría haber un costo en abandonarlo que habrá que estudiar.

Por último, me permito recordar que agregar valor a cualquier producto implica desarrollar en él un atributo, una condición, que alguien esté dispuesto a pagar. Si esto no ocurre no se agrega valor, sino que se suma un costo, que es algo muy diferente.

En definitiva, en primer lugar hay que parar con exigencias mayores que nadie paga. Y sobre todo empezar a discutir sin preconceptos y a partir de 10 años de experiencia, si vale la pena seguir con un sistema, y al menos abandonar su condición obligatoria, para volver al ámbito voluntario de su aplicación, del que nunca debió salir.

JULIO PREVE FOLLE