JORGE CAUMONT

Exoneraciones y reclamos

Dos temas actuales llaman a reflexionar si mejoran o no al crecimiento económico y así al bienestar general.

Me refiero a las exoneraciones tributarias a la inversión y a la reiterada propuesta que quien tiene más o gana más, debe pagar más impuestos.

Exoneraciones.

La rentabilidad natural de un proyecto de inversión surge de los resultados de caja deducidos los impuestos, durante su vida útil. Si permiten recuperar el monto a invertir y dejan un retorno sobre él que, a igualdad de riesgo con otras alternativas de inversión es mayor, entonces el proyecto se ejecuta. Si se exoneran los impuestos, los flujos de caja son mayores y la rentabilidad de la inversión es también mayor que si el impuesto se pagara. Proyectos cuya natural rentabilidad privada se ve aumentada por la exoneración de tributos es posible que resulten menos deseados aunque realizados, que otros proyectos con menor rentabilidad privada y mayor rentabilidad para la sociedad pero que no son ejecutados. Siempre es bien considerado a nivel privado que haya exoneraciones tributarias a la inversión, pero puede no ser —y generalmente no lo es— lo que desde el punto de vista económico se recomienda más. El tema nos deriva ineludible y lógicamente a considerar si una acción que provoca un beneficio privado no genera transferencias de ingresos no convenientes y costos a la sociedad —costo social o costos públicos— que le hacen poco o nada recomendable.

Es claro que no recaudar impuestos por exoneraciones que promueven inversiones lleva a que otros sean los que paguen para evitar desequilibrios financieros del fisco. Hay una transferencia de ingresos desde los contribuyentes que siguen pagando impuestos a quienes los tienen exonerados y ello aumenta artificialmente su rentabilidad y a quienes en esos beneficiarios trabajan. Las transferencias no se evalúan desde el punto de vista de la justicia tributaria.

Tampoco es siempre considerado el costo social que tiene la exoneración cuando se la ve únicamente como un beneficio para la sociedad. Subsidiar con reducción de gravámenes incita a la inversión en actividades con menor rentabilidad social que las que no se exoneran y lleva a gravar a estas más intensamente. Se reduce así el rendimiento privado de actividades con mayor rendimiento social —más empleo y más uso de factores de producción locales y otras cosas por el estilo— en beneficio de actividades con menor rendimientos social que deja mayor rentabilidad privada promovida.

Transferencias de ingresos no deseadas y costo social de las exoneraciones son temas a analizar antes de entrar en compromisos ineludibles.

Imposición directa.

El otro tema es el del reclamo, en ocasión de cada discusión presupuestal, de aumento de la presión impositiva sobre quienes tienen más o sobre quienes ganan más sin considerar por qué ello ocurre. Cuando se analiza lo sucedido desde 2004 hasta 2016 con los denominados impuestos directos —que son los que gravan a la riqueza y al ingreso— y con el resto de los impuestos, los indirectos —como el IVA y otros sobre transacciones— se observa que los primeros han pasado de representar el 29% a ser el 44% de la recaudación de la DGI. Se trata de una suba que rápidamente se ha dado en una tendencia que se quiere seguir intensificando sin contrapartida similar en servicios estatales y sin considerar lo que hay detrás en la formación de las bases imponibles de los impuestos directos: cómo se logran, la inversión realizada en capital humano y material y otras razones para alcanzarlas. Y se trata además, de una suba que no considera que también la recaudación de impuestos indirectos incluye una recaudación sustancialmente mayor de quienes ya tributan los impuestos directos. Ni se considera que los impuestos comunales gravan con mayor intensidad a similares contribuyentes de los impuestos directos nacionales.

Continuar impulsando aumentos en los impuestos directos solo pueden hacerlo quienes ignoran la escasa contrapartida de las transferencias indicadas en servicios estatales, entre otros, de seguridad, educación y salud. O el esfuerzo adicional de quienes transfieren, que deben contratar similares servicios a empresas privadas. Continuar aumentando los impuestos directos se constituye en un incentivo para trabajar menos y para invertir menos y para que el ocio crezca en la sociedad. La propuesta tiene antecedentes que se deberían evaluar económicamente. Por ejemplo, cuáles han sido los beneficios y costos para la sociedad de haber aumentado la recaudación del IRPF de 0 a 1.533 millones de dólares en nueve años. O los del aumento en diez años, en época de revolución informática en Uruguay, de la cantidad de funcionarios públicos cuya nómina ha pasado de 229 mil a 291 mil, 43 mil de los cuales fueron incorporados durante la última administración. Esos antecedentes deberían ser parte de una evaluación para realmente considerar si el costo que ha tenido para quienes lo han aportado es menor que el beneficio de quienes lo han recibido. Desde ya es seguro que las transferencias de ingresos que se desean aumentar, no han tenido el resultado multiplicador de la actividad y del bienestar que habrían tenido de mantenerse en poder de los aportantes.

Los señalados son dos temas que merecen atención general, no parcial. La evaluación costo-beneficio debe ser ineludible: es la forma de hacer las cosas antes de proponerlas.

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