El gobierno decretó aumentos en los precios de los servicios públicos desde el pasado 1º de enero y, como suele suceder, se instaló la discusión sobre su magnitud.

Desde la oposición se habló de "tarifazo", ya que las alzas superan con luz la variación de costos; en tanto, desde el gobierno, se aduce que responden a la variación de costos.

Los precios de los servicios públicos son relevantes en los costos de producción y las familias al tratarse de productos no sustituibles. Actúan de manera directa, e indirecta vía su incidencia en otros insumos o servicios. Como no hay competencia en el mercado, no hay alternativa y el costo se absorbe por el productor y consumidor. Ahora bien, los productores venden sus bienes y servicios en un mercado en competencia, en muchos casos internacional, donde su capacidad de fijar precios suele ser nula y los precios están fijados en dólares.

Cuando la empresa se enfrenta a un precio de mercado que no sube y sí lo hacen sus costos, de alguna manera debe reaccionar, desde el momento que enfrenta una pérdida de competitividad. Las soluciones pasan por ahorros de otros costos, donde traslada lo que el estado le impuso de carga excesiva. En ocasiones no puede hacerlo y debe abandonar la actividad. Pese a que se suele pensar lo contrario, esto sucede indefectiblemente, los casos más rápidos y visibles son las producciones agrícolas.

Existe un concepto llamado productividad y refiere a la cantidad de bienes o servicio final que se producen con una unidad de capital y trabajo. Respecto del capital, aquella depende de la inversión, siendo ésta la que incorpora las mejoras tecnológicas que mejoran la relación input output en relación al capital pero, al mismo tiempo, aumentan el rendimiento por hora de trabajo aplicado.

Cuando aumenta la productividad, los costos por unidad producida se reducen y, por ende, el aumento de precios en los insumos no refleja exactamente la variación de costos unitarios (son superiores, al ser más eficiente la producción).

En los bienes y servicios de los que estamos hablando, las ganancias de productividad suelen ser relevantes, en especial en telecomunicaciones y energía eléctrica. Más allá de ello, en todos los casos, el aumento del consumo reduce el costo fijo por unidad vendida y, con ello, el mismo margen de contribución (utilidad bruta sobre costos variables) genera mayor utilidad, haciendo necesario un menor aumento de precio para mantener las utilidades.

Es por ello que la aplicación de "paramétricas" suele sobreestimar las variaciones de precios "necesarias".

Sin perjuicio de lo anterior, de alguna manera siempre basamos los ajustes de tarifas en función de la evolución de costos y estos se referencian con ciertas variables macro, IPC, los salarios y el dólar. Para saber si los aumentos son adecuados o no lo relevante son los costos para el período que regirán, no los pasados. Así por ejemplo, supongamos que el 50% de los costos evolucionan con los precios en general y por la cotización del dólar en la otra mitad. A su vez, supongamos que en el período 1 los precios no suben, y el dólar tampoco, pero éste sí sube 15% en el período 2. Un aumento de la tarifa de 5% en el primer período es un tarifazo y, el mismo porcentaje de alza en el segundo período, implica una reducción tarifaria.

El cuadro 1 muestra aproximadamente la incidencia de cada una de las variables en las distintas EE.PP., salvo Ancap. Si vemos lo que sucedió en 2016, con las salvedades ya descritas, los costos de los servicios públicos subieron entre 10% y 10.2%, en línea con los aumentos de tarifas promedio, exacto en UTE, un poco por debajo OSE y por encima Antel. Tomando la proyección de costos para 2017, los aumentos deberían ser 3,6% en UTE, 4,6% Antel y 5.5% en OSE, frente a 7.5%, 8% y del orden de 11,5% respectivamente. Esto implica que efectivamente ex ante, hay un aumento de tarifas bastante por encima del máximo que en el año significarían unos $ 3.800 millones (US$ 130 MM, más de 0.2% del PIB).

Caso especial es Ancap y por ello lo separé. El cuadro 2 muestra un índice de precio de combustibles sin impuestos, o sea neto para Ancap y la cadena, en relación al barril de petróleo base 100 el promedio 2002-2004. Desde ese momento, la venta anual de combustibles aumentó 55%, por lo que la dilución de costos fijos es muy importante. En 2004 el precio promedio fue 98.6 y en 2016, 142.09. El precio que Ancap recibió fue 44% superior al de 12 años atrás y el mayor de la serie. En 2004 Ancap tuvo un superávit del orden de 0,54% del PIB y en 2016, apenas superior a 0,1%. Es decir, grosso modo, en 2016 Ancap, vendiendo 55% más combustible que en 2004, cobró un 44% más por litro, que representó unos $ 14.000 MM (US$ 460 MM) y obtuvo un resultado que no llega a 1/5, aún cuando se le condonó parte de la deuda y redujo el pago de intereses. El tamaño del descalabro es monumental.

En resumen, por sobre 2016, es esperable que los aumentos de tarifas impliquen un alza de impuestos de US$ 130MM, a los que debemos sumarles los más de US$ 400 MM que Ancap nos seguirá llevando gracias su monopolio.

ISAAC ALFIE