JORGE CAUMONT

La evidencia contra la ideología

La firma de acuerdos comerciales con concesiones arancelarias entre los países signatarios ha tenido, en el pasado en Uruguay, la oposición difícil de sortear de empresarios, trabajadores y gobernantes.

En 2016, el puerto de Montevideo movilizó 880.000 contenedores. Foto: A. Colmegna
Foto: A. Colmegna

Ha transcurrido mucho tiempo desde que en el primer tercio de la década de los años setenta, el entonces Ministro de Economía Alejandro Vegh Villegas levantara las prohibiciones que entonces existían para importar mercaderías, y que reflejaran un ánimo que hasta dio por tierra con la prometedora Alalc, creada una década antes.

El proceso de liberación comercial se hizo casi simultáneamente con el del tipo de cambio, al levantarse la prohibición de compraventa de moneda extranjera algunos meses después. Y siguió con la eliminación de las detracciones a las exportaciones del sector agropecuario y con la reducción gradual de los subsidios a las exportaciones no tradicionales.

La liberación del comercio atravesó luego por muchas etapas —incluida la de la creación del hoy muy condicionado Mercosur—, que se fueron sucediendo con el levantamiento de distorsiones impositivas.

Hoy se ha llegado a una situación que muestra notorios beneficiarios: primeramente el consumidor pero también los exportadores así como la actividad industrial local, que ha podido desarrollar más competitivamente sus ventajas comparativas naturales, así como el sector comercial, reflejo del mayor bienestar alcanzado por los consumidores.

Hoy son pocos pero influyentes los que siguen oponiéndose a una mayor liberalización e integración comercial con países de la región —TLC con Chile— y con otros emergentes —China, así como desarrollados —Estados Unidos, Gran Bretaña—. Desde sectores sindicales dominados por ideologías, solo sustentadas en países en retroceso económico y democrático, como desde sectores gubernamentales también dominados por esas facciones, es que se impide sin razón alguna y con evidencia empírica en contra de lo que afirman, que se entre en nuevas negociaciones para mejorar las relaciones comerciales externas que tendrían efectos favorables para un mayor bienestar.

Protección efectiva.

En una primera instancia del largo proceso citado, lo que se intentó probar es la diferencia que existe entre el arancel nominal o la protección nominal y la que resulta de aplicar ese arancel al valor agregado que se incorpora en el producto elaborado localmente. En ese sentido la prueba ha sido incuestionable, al desnudar la altísima protección a numerosas actividades que si bien las favorecían —tanto al sector empresarial involucrado como a los trabajadores en la empresa— por otro lado castigaban más fuertemente a la masa de consumidores por tener que pagar precios notablemente altos, y a los exportadores a través de un tipo de cambio menos favorable.

Empresas nada competitivas con el exterior, funcionaban prácticamente como monopolios llevando transferencias de ingresos de los consumidores hacia ellas de manera indignante. Las reducciones arancelarias fueron progresivas y dieron tiempo para que, en un lapso que ya lleva algo más de cuarenta años, se diera una adecuación al nuevo escenario comercial. Hubo reconversión pero no desempleo, que aumentó, y la economía no ha sufrido sino que se ha beneficiado de las rebajas arancelarias.

Opiniones diferentes.

Como ya fuera señalado, existen opiniones diferentes y son de quienes la realidad y la ya abundante evidencia empírica, no convencen. Pequeños grupos que siguen pensando en la autarquía con determinismo estatal como la forma de crecimiento económico nacional, a pesar de la evidencia en contra tanto a nivel local como internacional. Pequeños pero exageradamente influyentes y representativos de realidades que se apagaron por su inequidad, su incapacidad de dar respuestas a lo que supuestamente ocurría hace ciento cincuenta años, y a lo que un régimen innovador prometiera hace justamente un siglo atrás pero que no lograra ni cerca, alcanzar. Se sigue pensando tras el velo de la planificación y lejos de validar la vigencia y el triunfo de la economía de mercado, que lo mejor para el bienestar general es el monopolio de ventas y el monopsonio en la compra de los servicios del trabajo.

Después de todo, la planificación tiene su máxima expresión en un Estado intervencionista al punto de determinar qué producir y él vender —fijando cantidades y precios— y siendo el único comprador de los servicios de los trabajadores a quienes encasilla en las actividades que dictamina deben realizarse.

Explicación económica.

Creo que la discusión sobre los beneficios de los TLC y en general de otras formas de acuerdos comerciales entre naciones no se da, en nuestro país, en los términos más pertinentes para la toma de decisiones. Y es justamente ello lo que las dilata, con la consecuencia menos deseada: la oposición al progreso del bienestar de los consumido res y productores locales. Una mayor muestra de evidencia empírica con análisis económico y social debería ser más importante que seguir dando paso a interpretaciones jurídicas, que son las que normalmente se escuchan en simposios y reuniones convocadas para, lejos de dar pruebas de la necesidad de descartar discusiones anacrónicas y sin sustento, perpetuarlas en el tiempo.

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