ISAAC ALFIE

Estadísticas y comparaciones

En los últimos años, derivado de la facilidad en la recolección y el procesamiento de datos que los cambios en las tecnologías de las telecomunicaciones e informática trajeron consigo, se popularizaron estudios donde se pretende comparar situaciones e indicadores entre distintos países.

Con frecuencia leemos que nuestro país está en el lugar xx entre yy países en acceso a internet, libertad de mercado, facilidad para abrir una empresa, etc. De la misma manera se compara el gasto público en tal o cual sector.

Sin perjuicio que en general y, en términos gruesos, podemos concordar que las mediciones tienen cierta validez, suelen ser aproximaciones y no deberíamos tomarlas como algo muy exacto. Las mediciones resultan muchos más válidas si las usamos como una serie donde medimos avances o retrocesos relativos de nosotros mismos, frente a los de nuestros "pares"; es decir, si comparamos nuestra evolución relativa frente a un grupo "similar" u otro que utilizamos como benchmark.

Una primera dificultad en la comparación entre países refiere a la metodología y su adecuación efectiva a cada realidad. A vía de ejemplo, cuando medimos el nivel del gasto público en relación al PIB, más allá de las dificultades de eliminar las duplicaciones que las transferencias entre los distintos niveles de gobierno conllevan, no es lo mismo hacerlo en un país donde no existen empresas del dominio estatal que hacerlo en uno donde sí las hay y son relevantes en la economía global. Del mismo modo, no son comparables países donde prácticamente el 100% de cierto servicio es brindado por el sector público y éste es de calidad, que otros donde la participación del gasto privado es relevante o en uno dónde, siendo público, la calidad es mala.

Yendo a los ejemplos, si las empresas del Estado realizan funciones por fuera de su objetivo comercial o industrial, claramente parte de sus erogaciones, sean éstas gastos corrientes o inversiones, deben asimilarse a gasto público. Un claro ejemplo es el saneamiento en el Interior del país que está bajo la órbita de OSE, siendo generalmente una función del gobierno local. Es evidente que parte de la tarifa que cobra esta empresa debe figurar como impuesto y el gasto correspondiente sumarse al gasto público en general. Lo mismo pasa con ciertos servicios que brinda UTE y otras EE.PP. También suelen existir en estas empresas decisiones políticas, por fuera de la lógica comercial, que deben tomarse como tal y por tanto es gasto público encubierto. Lo correcto sería separarlos y que el gobierno central le pida a la empresa la contribución vía utilidades y luego aquella le transfiera los recursos para cubrir estas erogaciones. Las cuentas no solamente quedarían claras, sino que sabríamos mucho mejor los costos de determinadas políticas de manera de evaluarlas correctamente.

Otro ejemplo donde se suelen cometer gruesos errores refiere al gasto en educación. La medición tradicional sólo computa el realizado por el Estado. Sucede que en Uruguay el sector privado gasta (invierte) en educación alrededor de 2,5% del PIB. Entonces, si el sector público gasta 4,5%, tenemos que en Uruguay el gasto total en educación llega al 7% del PIB, siendo éste el guarismo que debemos tomar al hacer las comparaciones, tanto en lo que refiere a recursos destinados como en materia de resultados. Si el sector público diera las respuestas adecuadas, el sector privado no destinaría esos recursos a la educación y, seguramente, estaría bastante más dispuesto a pagar una parte de ellos en impuestos como lo están en otros lugares del mundo. Si comparamos este 7% de nuestro país con cifras "equivalentes" de otros —suma de gasto público y privado— encontramos que son pocos los países que erogan cifras superiores: Dinamarca 8%, Islandia, Corea del Sur, Noruega, 7,6%, Israel 7,4%, Estados Unidos y Nueva Zelanda 7,3% y prácticamente todo el resto está por debajo. Sucede que en estos países el gasto público en educación abarca una proporción grande del total. A vía de ejemplo, en Dinamarca prácticamente el 100% del gasto es público, en Noruega 6,6% y en Islandia 7,0% de los 7,6% totales. En Estados Unidos el gasto público es 5,2% y en Israel 5,6%.

En este campo, cosa diferente son las mediciones de pruebas internacionales donde sí se puede objetivar mucho más y, especialmente, comparar la evolución frente a nosotros mismos en función de puntajes absolutos.

Por último, en muchos de los estudios las variables se miden de manera cualitativa mediante encuestas generales o a personas "relevantes" de los sectores. Éstas, si bien revelan situaciones, no están exentas de recoger los "estados de ánimo" de los entrevistados en determinado momento que tiñen su percepción de la realidad.

Dado lo anterior, en ciertos estudios deberíamos tomar con pinzas las conclusiones de las comparaciones internacionales, tanto las que nos dan bien como las que no. No quiere decir que "no digan nada", pero la realidad no cambia por una investigación. Medir de manera sistemática y acorde, con una metodología adecuada sabiendo la definición precisa de las variables, es algo que debemos hacerlo siempre nosotros.

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