La comisión investigadora sobre la gestión de Ancap ha puesto nuevamente a las empresas públicas sobre el tapete. Sin duda es un gran paso, pues se trata ni más ni menos que de conocer con profundidad los resortes de la gestión de una entidad pública encaramada en un área estratégica del quehacer nacional.

A nuestro entender, este episodio debe ser el preámbulo de otro gran debate que se viene postergando, que consiste en conocer a fondo qué tipo de empresas públicas tenemos y cuáles son los incentivos bajo los cuales operan, para proponer reformas que eviten repetir hechos como los actuales y, de paso, mejorar su eficiencia.

Todos sabemos que nuestras empresas públicas necesitan refaccionar su institucionalidad y sus prácticas operativas, pues lo que tenemos pertenece en su mayoría a un diseño que vio luz en la década del 30 del siglo pasado. Con ellas se fue paliando la escasez en materia energética de aquel mundo convulsionado y absorbiendo además las rémoras de las empresas que en estos países iba abandonando el imperio británico en franca decadencia. Así, al núcleo inicial se fueron sumando las Aguas Corrientes, los teléfonos y el telégrafo, el ferrocarril, y el ya fenecido tranvía montevideano. Hasta aquí llegamos con ese andamiaje de empresas vestidas de monopolios o cuasi monopolios, ubicadas en áreas estratégicas, dirigidas la mayoría de las veces por directorios de fuerte impronta política y corta permanencia en el tiempo. En esa realidad, el ciclo electoral tiñe su gestión al convertirlas en una palanca de apoyo al gobierno de turno y darle una fuerte visibilidad política a sus jerarcas respectivos.

Y si no fuera así, queda aún la interrogante de si la sumatoria de las estrategias de inversión de esas empresas que operan como monopolios públicos converge hacia una optimización social del uso de los recursos. Al no existir una instancia coordinadora que jerarquice prioridades, lo más probable que se esté efectuando una utilización sub óptima de los recursos, que afecta la productividad global.

En realidad lo que hay es una situación de hecho, facilitada por una suerte de vacío legal que se agranda cuando se esgrime la "independencia" de las empresas públicas. Aunque sus planes de inversiones son incluidos en el presupuesto quinquenal del gobierno, no es el producto de una estrategia de mediano plazo de donde surge una secuencia jerarquizada de proyectos de acuerdo con su rentabilidad social.

Con ello se posibilita que la empresa "A" pueda llevar adelante una inversión con una rentabilidad social menor que la correspondiente a la de la empresa "B".

En buen romance, puede darse el caso que la inversión en el abastecimiento de agua potable se posterga por falta de recursos, cuando al mismo tiempo se realizan inversiones con menor rentabilidad social.

Otro hecho no menor es cuando se ejercita una visión corporativa de que lo que es bueno para la empresa y sus jerarcas, también lo es para sus empleados. Con ello se ha logrado compartir las rentas monopólicas a través de niveles salariales medios muy por encima que los del resto de los asalariados públicos cuyos ingresos se sufragan con recursos de rentas generales.

Como lasas empresas públicas están encaramadas en el corazón del aparato productivo, la sumatoria de estos aspectos hace caudal en el decaimiento de la productividad global del país. Toda falencia en su estrategia de inversiones y operativa se traduce en que la calidad y los precios de su oferta de bienes quedan desalineados con los estándares internacionales. Eso no es otra cosa que un lastre que se esparce sobre el resto de la economía. En momentos que se agita el tema de las empresas públicas, es la oportunidad de mirar el horizonte reflexionando de cómo mejorar su gestión, advirtiendo desde ya que no es para reabrir el debate entre su propiedad pública o privada. De lo que se trata es crear los incentivos para que operen logrando la mayor rentabilidad social al capital que invierten.

Un primer paso es la discusión de una estrategia de inversión conjunta que permita jerarquizar proyectos de acuerdo a las prioridades y recursos disponibles. No es agregar un escalón burocrático, sino trazar de antemano las metas a nivel de cada entidad pública dentro de una estrategia global, eliminando la compartimentación actual. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto parece ser el candidato ideal tanto en la parte programática y de su control de ejecución.

Un segundo paso es la eliminación de las actividades ejercitadas bajo régimen monopólico. Al respecto existen resistencias infundadas, a pesar de que la competencia en áreas antes reservadas al monopolio público ha mostrado resultados espléndidos. Los seguros y la telefonía móvil son dos ejemplos clásicos. No hay razón para que continúe la red de monopolios que detenta Ancap, incluida la refinación de petróleo.

La mejora de su gestión empresarial también implica incentivar las prácticas administrativas modernas, obligándolas a que presenten resultados periódicos como cualquier empresa privada que cotiza en bolsa. Con ello se lograría mejorar y controlar su gestión junto al beneficio adicional de conocer instantáneamente los costos de usar las tarifas como instrumentos de política económica.

Por último, legislar para prohibir que sus directores puedan presentarse como candidatos en las elecciones del siguiente gobierno. Con esta base, se crearían las condiciones necesarias para que las empresas del Estado aporten todo su potencial para mejorar la productividad del país.

Carlos Steneri - Economista