CARLOS STENERI

Empresas publicas, debate pendiente

El rol de las empresas industriales del Estado es un tema que se ha debatido poco o mal, lo cual lo convierte en un gran debe con la sociedad. Preconceptos ideológicos han cargado la discusión, olvidando que su giro integra el cerno de nuestra estructura productiva y de la canasta de consumo de la población.

Por ende todos los desvíos en su gestión o en sus tarifas afectan la competitividad de las empresas y erosionan el bienestar del ciudadano de a pie.

Lo que no fue.

Los plebiscitos de la década del 90, contrarios a ciertas reformas parciales, se tomaron como argumento para dejar de lado toda discusión profunda sobre cómo coordinarlas bajo criterios estratégicos, precisar sus cometidos bajo criterios de buena administración y mejorar su gobernanza. Lo que dejó ese camino fue suponer que toda expansión generaba beneficios sociales, hecho que concordaba con los naturales intereses corporativos propios que toda organización engendra. Más cuando operan en ámbitos monopólicos que enmascaran excesos y hacen irrelevantes los indicadores comunes de gestión que utiliza cualquier empresa.

Las pérdidas de Ancap son el muestrario de cuáles son los riesgos que se incurren cuando hay falencias en la institucionalidad de las empresas públicas, que promueven incentivos equivocados y le dan rueda libre a la impericia en la toma de decisiones.

Como alguien ha dicho, una crisis es algo demasiado valioso como para desaprovecharla, por lo cual estos episodios debieran marcar el puntapié inicial de un debate sereno sobre este aspecto crucial de la vida del país.

Para comenzar, habría que preguntarse cuál es el papel que tendrán las empresas públicas en el área energética frente al cambio tecnológico que ya se está procesando y que muestra el ocaso de los combustibles fósiles. Y en eso estamos hablando de un par de décadas o quizás menos. ¿Tiene sentido entonces la estructura actual empresarial donde la electricidad será la fuente energética preferida, el gas natural su sucedáneo durante esa transición y los combustibles fósiles serán pasado?

En ese contexto y a manera de ejemplo, cuando haya que plantearse la modernización de la refinería de Ancap, habrá que tener en cuenta ese aspecto que tiene implicancias económicas importantes y también urbanas. Es muy probable que en menos de medio siglo, las refinerías sean reliquias que habrá que desmontar, limpiar sus espacios y neutralizar los riesgos latentes de contaminación. Esto no es futurología, sino una realidad que alguien ya debe encarar, pues tiene dimensiones económicas, de planeamiento urbano y también de empleo.

Concluyendo, se debe modernizar con acciones concretas nuestra visión estratégica: hacia dónde vamos en materia energética. Sobre esto hubo intentos, pero los resultados muestran que se actuó de manera descoordinada. El fracaso de la regasificadora es su ejemplo típico.

Monopolio.

El segundo tema a debatir es la conveniencia del régimen monopólico por vía administrativa. Somos uno de los pocos casos, sino el único, donde consideramos a los monopolios como una forma operativa superior a la competencia. Cuando existen por razones técnicas, la práctica indica regularlos para asemejar su operativa a formas de competencia. No porque sean de propiedad pública cambian sus atributos adversos sobre los ciudadanos. En general, solo benefician a sus empleados. Los entes del Estado que compiten, el BROU es un buen ejemplo, muestran resultados alineados o superiores a los del resto del sistema.

Este aspecto nos lleva de la mano a otro con consecuencias adversas inmediatas de corto plazo. Operar bajo régimen monopólico, por ejemplo, le permite a Ancap vender el gasoil a un precio por encima de su costo de producción para subsidiar el precio de la nafta. ¿Cuál es el sentido racional de una política que castiga al sistema productivo y beneficia en general al ciudadano urbano? Aquí nos encontramos con la paradoja de que las intervenciones del Poder Ejecutivo, en vez de limar distorsiones las agudizan, con los consecuentes costos sociales. Esto sería más difícil de instrumentar si la empresa tuviera que competir con otros proveedores.

Por encima se agrega otra distorsión. Las tarifas de las empresas públicas son un instrumento para-fiscal potente para financiar las cuentas públicas que no necesita aprobación parlamentaria y que hoy se encuentra en niveles extremos. Usado el mecanismo para paliar una situación excepcional es comprensible, pero cuando se convierte en un puntal recaudatorio permanente es otra cosa. Para evitar una utilización abusiva del instrumento, se podría fijar por ley si fuera en los combustibles, que sus precios incluidos impuestos no pudieran superar en un cierto porcentaje el vigente del precio de paridad de importación. Cualquier desvío por razones extraordinarias necesitaría de aprobación parlamentaria. Es el mismo criterio que se utiliza para aumentar impuestos o el límite del endeudamiento.

Esto y mucho más integra la agenda de un debate largamente postergado pero inevitable.

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