Veamos hoy a las principales tres empresas estatales: Ancap, UTE y Antel, las que respectivamente facturaron el año pasado 2.294, 1.908 y 943 millones de dólares. Las cifras que voy a utilizar son las publicadas por el MEF, y que son utilizadas para la determinación del resultado fiscal; no son, por lo tanto, cifras de la contabilidad.

Veamos por un lado el rol que cada una de ellas tuvo en el ajuste fiscal procesado en el primer bienio del actual período de gobierno. Ajuste que en el caso de estas empresas se dio por dos vías: un recorte de sus inversiones y una mejor relación entre sus precios al público y los costos de los bienes y servicios vendidos. Y veamos también la "última foto" de cada una, es decir sus números en el año 2016. Desde tiempo inmemorial la inversión pública (gobierno y empresas) acompaña el ciclo electoral y esta vez fue bien claro: de estar en 3,5% del PIB en los 12 meses a octubre de 2014, cayó a 2,1% dos años después (¡menos que en 2003!).

La "contribución fiscal total" de la empresa, definida como la suma de sus resultados más los dividendos pagados al gobierno más los pagos de impuestos a la DGI, mejoró en US$ 315 millones entre 2014 y 2016. Y casi toda esta cifra es explicada por las menores inversiones (US$ 306 millones), las que pasaron de 429 millones en 2014 a 123 millones en 2016. Es notorio que en 2014 se estaba en medio del proceso de inversión en fibra óptica, que luego finalizó, por lo que el recorte en gran medida estaba implícito en la naturaleza de la propia inversión. De todos modos, hay una enorme mejoría fiscal atribuible a la reducción de las inversiones en Antel.

Esas inversiones extraordinarias habían golpeado fuertemente el resultado financiero de la empresa, el que fue negativo en 2014 en US$ 194 millones, aún antes de girar dividendos. Mientras tanto, en 2016 el resultado antes de dividendos fue positivo en US$ 94 millones. La contribución fiscal total de Antel fue en 2016 de US$ 286 millones, o el 30% de sus ingresos.

En este caso también bajaron las inversiones, en US$ 192 millones entre 2014 y 2016. Pero lo más destacable fue el salto que pegaron en 2016 los pagos de dividendos al gobierno, que de promediar unos US$ 65 millones anuales en el trienio anterior, pasaron a US$ 230 millones el año pasado, con un aporte extraordinario sobre el cierre del año, de US$ 164 millones. Es decir que el pago de dividendos apuntaba a ser en 2016 como en todos los años, pero "en los descuentos" se dispuso un giro extraordinario por el cual el gobierno se apropió de gran parte de la liquidez de la empresa. Con este antecedente y el hecho de que el aumento de tarifas dispuesto desde el primero de enero fue tres puntos mayor al solicitado por UTE al MEF, queda en evidencia el propósito fiscalista de una parte sustancial de dicho aumento.

La contribución fiscal total de UTE fue el año pasado superior a la de 2014 en US$ 128 millones, aun cuando en ese año hubo un considerable aporte al Fondo de Estabilización Energética (US$ 158 millones) dado que "le sobró tarifa". La contribución fiscal total de UTE en el año pasado fue de US$ 681 millones, o el 36% de sus ingresos.

Sus inversiones alcanzaron el año pasado a US$ 286 millones y la compra de bienes y servicios le insumió US$ 630 millones.

En este caso, para que el análisis no se vea distorsionado, se deben dejar de lado, primero, las ganancias obtenidas por las quitas en la deuda con Pdvsa (US$ 202 millones en 2013 y US$ 159 millones en 2015) y segundo, los efectos de las variaciones en el stock de petróleo.

Entre 2014 y 2016 hubo una serie de decisiones que contribuyeron positivamente a las finanzas de Ancap. Primero, se mejoró la relación entre costos y precios (notoriamente, se mantuvieron los precios mientras bajaba el crudo): las compras de bienes y servicios pasaron de representar el 71% de los ingresos en 2014 al 58% en 2016. Segundo, se disminuyeron los pagos a la DGI debido a que en alguna oportunidad no se realizó el ajuste anual del Imesi de modo de dejar una mayor ganancia en la empresa (bajaron de 861 a 730 millones de dólares en el bienio). Tercero, al igual que en las otras empresas, se redujeron las inversiones (de 79 a 32 millones entre 2014 y 2016). Cuarto, la capitalización de la deuda con el MEF (antes, con Pdvsa) le permitió a Ancap reducir su cuenta de intereses (de 45 a 20 millones de dólares en el bienio).

Con todo eso, el resultado financiero de Ancap (sin "efecto Pdvsa" ni variación de stock, como vimos) pasó de -116 millones a +91 millones de dólares entre 2014 y 2016. La montaña parió un ratón.

En 2016, las compras de bienes y servicios insumieron US$ 1.313 millones y la contribución fiscal total de Ancap fue de US$ 820 millones, un 36% de los ingresos, como en UTE.

Sin dudas llama la atención la modesta mejoría registrada en la generación de fondos por parte de esta empresa, dado el arsenal de medidas adoptadas para que mejorara. No ha de ser ajeno a ese desempeño, el mantenimiento de actividades perdidosas, como la de ALUR y la producción de cemento, que se insiste una vez más en reactivar. En esos casos, directa o indirectamente, las pérdidas se pagan en el surtidor de combustibles.

JAVIER DE HAEDO