Después de muchos años donde la evaluación del desempeño de la economía chilena fue esencialmente una discusión técnica, en los últimos dos años dicha práctica ha cambiado radicalmente.

En efecto, la explicación para una prolongada caída de la inversión y un magro crecimiento del producto no puede soslayar el giro que ha tenido lugar en el ambiente político que se ha configurado en el país en dicho período. Así, ha pasado a ser habitual que los economistas deban incursionar en la revisión del cuadro político para especular acerca de la evolución probable del peso relativo de las diferentes fuerzas que participan en ésta, para así hacer ciertas proyecciones con respecto a lo que puede ser la marcha futura de los principales indicadores y/o regulaciones de la economía.

Este giro en la lógica del debate económico se inicia con la drástica reforma tributaria impulsada por el actual gobierno el año pasado. Su objetivo fue elevar la recaudación en tres puntos del PIB —un aumento considerable— a través de un importante ajuste en el régimen tributario de las empresas y las tasas que gravan las utilidades de éstas. Para un importante número de economistas dicha reforma provocaría un daño considerable en el ahorro e inversión, argumentos que el Ministro de Hacienda de la época desestimó al calificarlos como eslóganes de la oposición y los empresarios.

Cabe señalar que el aumento de la carga tributaria se justificó en el propósito de elevar en gasto en educación, iniciativa que en ese momento estaba expresada en algunas ideas vagas y que de hecho, aún no toma una forma concreta. Dentro de estas, destaca el objetivo de algunos sectores en orden a promover la gratuidad de la educación universitaria, junto con un fuerte aumento de la educación pública a nivel escolar. Tanto en su inspiración como en su diseño, estos proyectos evidenciaron nuevamente el abandono de los criterios técnicos en la elaboración de las políticas públicas, al tiempo que se generó una considerable incertidumbre, especialmente entre los padres de familia y los propietarios de las universidades y los colegios.

A lo anterior podríamos añadir una reforma a la legislación laboral, actualmente en trámite parlamentario, cuyo objetivo esencial es fortalecer los sindicatos, al tiempo que debilita el poder de negociación de las empresas a través de la eliminación de la posibilidad de reemplazar a trabajadores en huelga. Incluso con trabajadores de la propia empresa.

Como era de esperar, economistas de distintas posiciones políticas han advertido acerca de los costos sobre el empleo y la eficiencia que puede ocasionar este tipo de reformas. La experiencia de otros países que en el pasado transitaron este camino es elocuente al respecto. Sin embargo, la iniciativa del gobierno sigue en pie, en un ambiente donde las expectativas y la popularidad de las actuales autoridades siguen a la baja, al igual que las proyecciones de crecimiento.

Cabe recordar que frente al deterioro del clima de expectativas y las cada vez más evidentes manifestaciones de una agenda de reformas débilmente diseñada, la Presidente Bachelet introdujo un importante cambio de gabinete en mayo pasado, al nombrar como jefe del mismo a Jorge Burgos, un político de centro, perteneciente a la Democracia Cristiana y; como Ministro de Hacienda a Rodrigo Valdés, un economista de destacados antecedentes académicos y profesionales, con experiencia previa en el Fondo Monetario Internacional, la banca privada y el mismo gobierno de Chile.

La señal era —o parecía— clara: moderar y perfeccionar el proceso de reformas. Había acabado el período de trabajo de la "retroexcavadora" que demolería los cimientos del modelo de economía de mercado existente en Chile.

Sin embargo, las señales posteriores de la Presidente han sido confusas. Por un lado, el Ministro Valdés ha anunciado la disposición del gobierno a corregir la reforma tributaria y a la vez ha advertido acerca de la necesidad de minimizar los costos en empleo de la reforma laboral. Por otro, algunos sectores de la coalición —particularmente el Partido Comunista— han demandado la mantención de la agenda del gobierno, desechando el gradualismo y moderación impulsados por los ministros entrantes.

Para resolver estas disputas el gobierno citó recientemente a un "cónclave", para definir la agenda de la segunda parte del gobierno. De dicho encuentro parece haber salido triunfante la idea de perseverar en el camino de las reformas y no atender a las demandas de gradualismo y moderación. Esta impresión quedó posteriormente ratificada en una entrevista por la propia Presidenta. Frente a ello, la pregunta que muchos analistas se hacen es: ¿para qué se hizo el cambio de gabinete?

Como mencioné al comienzo, en este momento no resulta posible desarrollar una evaluación de la marcha de la economía chilena en función de lo que ocurre en materia de política monetaria y fiscal, los cambios en los términos de intercambio u otra variable tradicionalmente presente en el análisis de la coyuntura.

Desde luego estas variables influyen, pero el debate está ahora en las tensiones dentro de la coalición de gobierno, el rumbo que desea darle la Presidente a lo que queda de su gobierno y a un cada vez más profundo desencuentro entre el programa del gobierno y la comunidad. De este saldrán los determinantes del desempeño de la economía chilena en los próximos meses o tal vez, años.

Francisco Rosende - Economista