Un par de semanas atrás, se conocieron las cifras del resultado fiscal 2016. Mostraron un deterioro adicional sobre el fin de año, algo que confieso no esperaba. El desequilibrio alcanzó al 4% del PIB, más de US$ 2.100 millones, un monto absolutamente excesivo para un país como el nuestro. Parece que le hemos perdido el respeto a los dólares.

Naturalmente que ello debe preocuparnos y estar alertas, tal como lo han señalado numerosos colegas en diversos ámbitos. Ello es porque dicho faltante, de no corregirse, conduce inevitablemente a la inestabilidad económica, sea porque se financia con emisión (inflación) o, como hasta ahora, básicamente con deuda. Esta última conlleva una carga adicional de intereses que se adiciona al gasto previo y, "si todo lo demás permanece constante", aumenta el desequilibrio de manera automática y por idéntico monto a los intereses sobre el nuevo endeudamiento.

El endeudamiento bruto total del sector público se encuentra por encima del 60% del PIB, nivel que, para una economía como la nuestra, sin moneda propia, bordea los límites máximos. Es cierto que existen algunos activos líquidos a los cuales recurrir y que el gobierno en general dimensiona en "un año de vencimientos", pero ellos no son de gran cuantía frente a lo anterior. El tema central es que esta relación (deuda a PIB) viene creciendo a ritmo acelerado y no es sostenible en el tiempo que lo pueda seguir haciendo sin que a nadie "se le ocurra" pensar en la real capacidad de pago futura.

Dado el nivel de deuda, el país ya no puede plantearse como objetivo de mediano plazo mantener estable el ratio deudaPIB, el que debe reducirse en, al menos, 20 puntos, tarea no sencilla ni corta que requiere una importante y persistente disciplina. Un problema adicional de la coyuntura es que en plazos relativamente cortos no es posible que nuestra moneda siga apreciándose, por el contrario debería depreciarse frente al dólar para ir a una paridad más realista y sostenible. Dado que poco más de la mitad de la deuda está en moneda extranjera, esta circunstancia aumenta de forma automática el citado cociente. Todo lo anterior, dependiendo de la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de devaluación real del peso, implica conseguir superávit primarios (antes del pago de intereses) importantes, nunca menos de 2,5 a 3% del PIB por un período prolongando cuando en 3 de los últimos 5 años y en el lustro en su conjunto, tuvimos déficit primario. Esto implica que la magnitud del ajuste adicional a realizar es no menos de 2,5 veces el votado el año pasado. Si estamos contestes que no hay capacidad para aumentar impuestos sin dañar la capacidad productiva —a mi entender ya la última suba lo hace—, se impone desde ahora la restricción del gasto público.

Sin perjuicio que todo déficit de la magnitud que tenemos no es posible mantenerlo por largo tiempo, seguramente la mayor crítica que se le puede hacer es que se da sin que existan inversiones que lo respalden. Si al menos el dinero gastado en exceso se hubiese dado por un aumento en las inversiones públicas en infraestructura, en la medida que fueran adecuadamente estudiadas y técnicamente avaladas, se hubiera aumentado el potencial de crecimiento, reducido costos futuros y mejorado la productividad general de la economía, lo que nos lleva a un estadio superior. A su vez, una vez hechas no hay que repetirlas en el futuro inmediato y, por tanto, el desequilibrio se reduce de manera automática. Lamentablemente esto no solo no es así, sino que, peor aún, en los últimos años tenemos los menores registros históricos de inversión pública y, parte de la inversión contabilizada como tal, es público y notorio que no se la puede incluir dentro de la categoría, sino que directamente debe llevarse a fondo perdido. Entonces, el problema se agranda.

Parece lógico pensar que la inversión física debe guardar cierta relación estable con el nivel de actividad. Por ejemplo, para mover más carga se necesitan más vías y mayor mantenimiento de las existentes. Por tanto, medir la inversión en términos del PIB razonablemente nos pauta cómo estamos en materia de infraestructura.

Todos sabemos, a juzgar por el estado de las rutas, pero especialmente por los propósitos declarados del gobierno en las últimas giras y las expresas y reiteradas menciones tanto del Presidente Vázquez, como del Ministro Astori, que el país necesita grandes inversiones en esa materia.

El atraso en infraestructura se puede aproximar mediante la diferencia entre lo que el país dedicaba a invertir en períodos normales, unos 3,5% del PIB, —GC y EE.PP.— y el 2,9% promedio de los últimos 12 años. Un faltante del orden de 0,6% anual, 7,2% en 12 años, casi US$ 4.000 MM a valores actuales. Ahora bien, esta cifra global esconde una asimetría importante en la carencia, en efecto, los déficit básicamente se produjeron en el gobierno central, —más de 5 / 6 de la diferencia—, en rutas, puentes, caminos, escuelas, hospitales, etc. Y, además, muchas "inversiones" computadas en las EE.PP. no son tales. A lo anterior habría que adicionar que durante 2000 2004, la inversión del GC también se redujo y, en promedio, tuvo un nivel similar a la de los años posteriores.

Alguno podría decir que Uruguay nunca fue un dechado de infraestructura y, por tanto, 3,5% del PIB era insuficiente, lo que amplia aún más la brecha de necesidades. Hay que enfrentar el tema sin dinero; cuando lo hubo no se usó para ello.

ISAAC ALFIE