Dadas las ventajas para un país de posponer sus esfuerzos de mitigación de emisiones dejando que los demás paguen por dicho costo hoy, existe la necesidad de que el nuevo acuerdo a firmarse en París contemple mecanismos para asegurar el cumplimiento ("enforcement") de los esfuerzos acordados.

El problema con este último punto es que al día de hoy no existe una autoridad supranacional que pueda penalizar incumplimiento climático, por lo que las penalidades sólo podrían ser diseñadas como penalidades entre pares.

Es así que, por ejemplo William Nordhaus de la Universidad de Yale, propone utilizar sanciones comerciales para quien no realice los esfuerzos prometidos en una coalición de socios comerciales (o en Clubes Climáticos, como él los llama).

Soluciones regionales ("bottom-up") como la propuesta por Nordhaus, además de dificultar el cálculo de la mitigación total a nivel mundial, no garantizan la minimización de costos de mitigación y, si se superponen con sanciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pueden generar incentivos perniciosos. Jean Tirole , premio Nobel de Economía 2014, junto con Christian Gollier, proponen un sistema que solucionaría los tres problemas mencionados. Dicho sistema consiste, en primer término, en crear un mercado de permisos de polución mundial (lo que garantiza la minimización de costos de mitigación gracias a la equi-marginalidad), otorgando a la OMC la tarea de sancionar con impuestos fronterizos a los países que no fijen el mismo precio para el CO2 que el resto y, en segundo lugar, en considerar el incumplimiento (cuando las emisiones anuales superen la cantidad de permisos adquiridos en el mercado mundial) como deuda soberana.

El diablo está en los detalles. Esta expresión describe a la perfección por qué razón la solución propuesta por el premio Nobel de Economía está más lejos de ser practicable que la propuesta por Nordhaus. En Copenhague la posición de las economías emergentes (que reivindican su falta de responsabilidad en el CO2 acumulado en la atmósfera hasta hoy) y de los Estados Unidos, fue claramente favorable a una solución "bottom-up". Esto dio lugar a los INDCs (Contribución Intencional Nacionalmente Determinada) a presentar previo al COP-21. Además, a juzgar por las múltiples declaraciones conjuntas realizadas por Estados Unidos y China desde mediados de 2014, estos dos grandes socios comerciales (y principales emisores) apuestan a una solución "a la Nordhaus".

La solución del precio único para el CO2 es también contestable, teniendo en cuenta dos argumentos puramente económicos: la capacidad de ajuste y la incertidumbre en relación a los costos de mitigación. En un mundo ideal donde los costos se ajustan en forma inmediata el precio único garantiza la minimización de costos de mitigación a nivel mundial pero, dado que sólo tenemos 35 años para contrarrestar las emisiones de los últimos dos siglos, el precio hoy que incitaría a distintos sectores a mitigar emisiones es muy distinto de un sector a otro (basta pensar, por ejemplo, en la diferencia en contenido de CO2 y precio implícito de mitigación entre el sector transporte y el sector del acero). Además, como he sostenido en Creti y Sanin (2011), en presencia de diferentes grados de incertidumbre sobre los costos de mitigación entre sectores, puede ser óptimo (cuando la pérdida debido a la no igualación de los costos marginales es más que compensada por la ganancia en términos de reducción de emisiones) para la economía en su conjunto fijar un impuesto medioambiental para unos sectores y crear un mercado de permisos para otros.

Finalmente, las sanciones comerciales ligadas al clima en sí mismas son contestables dado que muchos países (en particular en tiempos de crisis) pueden no estar interesados en practicar sanciones climáticas que puedan encarecer sus importaciones y comprometer sus exportaciones.

Es así que lo que podemos esperar de la COP-21 es un acuerdo que registre una multiplicidad de acuerdos regionales entre socios comerciales. Podremos estar muy satisfechos si además el Green Climate Fund (GCF) consigue fuentes sólidas para llegar cerca del objetivo de los 100 billones de dólares anuales hasta 2020 prometidos por los países desarrollados y si el sector privado se involucra activamente (además de afinar los métodos de verificación y monitoreo a nivel internacional).

COLUMNISTA INVITADA - MARÍA EUGENIA SANIN