ISAAC ALFIE

Una decisión anunciada

A comienzos de junio de 2014, desde esta misma columna y a propósito de la situación de las cuentas públicas decía: "Es evidente que una situación como la descrita habrá que corregirla de inmediato, cualquiera sea quien asuma la próxima Administración y, sería bueno que se comience, desde ya".

No fui el único entre mis colegas que advertí de la situación que ya se observaba como inexorable desde fines de 2012.

Pasadas las elecciones el gobierno realizó sucesivos ajustes fiscales pero, salvo un recorte fuerte en las inversiones, todos por el lado de los ingresos. Así en 2015 subió extraordinariamente el Imesi a los combustibles, también a los cigarrillos —aunque en este caso razones diferentes a las fiscales—, siguió utilizando el ajuste en las franjas del IRPF para aumentar la carga real, fue eliminando exoneraciones y reducciones de IVA y reinstauró el impuesto de Primaria y Patrimonio a ciertas explotaciones agropecuarias. Por el lado de los egresos, restringió la inversión de tal manera que la llevó a un mínimo de registro histórico (excepción 2002) de apenas 2,3% del PIB. Pese a ello y a que, incorrectamente, se registró como ingreso el derivado de la sustitución de deuda y pago anticipado de Ancap a Venezuela, el año cerró con un déficit de 3,5% del PIB que se mantuvo hasta ahora.

En ocasión del presupuesto nacional, el coro de advertencias sobre lo optimista de las proyecciones de crecimiento fue grande y elocuente. Los aumentos de gastos votados resultaban exagerados para los recursos disponibles en 2016 y 2017. Dado lo anterior, al inicio del presente 2016 se realiza otro ajuste, de nuevo por el lado de los ingresos, esta vez basado en las tarifas de las EE.PP. Apenas cuatro meses después, las autoridades vuelven a plantear la necesidad de seguir ajustando, ahora mediante aumento de impuestos.

El ajuste es imprescindible, de eso nadie puede tener dudas., pero la forma de llevarlo a cabo es por demás discutible. Una sola cifra: el aumento de la carga impositiva propuesto, por más que se diga es 3 y 4%, significa un 25% sobre el pago actual. Es decir, en términos generales todos pagaremos un cuarto más de lo que lo hacemos hasta ahora. Téngase presente que lo relevante es la tasa marginal. Partiendo ya desde impuestos altos, los efectos de los aumentos se vuelven más perniciosos. Todos los impuestos son malos desde el momento que distorsionan la asignación eficiente de recursos, pero se necesita recaudar para cumplir las funciones que un Estado moderno lleva a cabo y, es claro que hasta cierto punto las ganancias que el gasto público trae, superan a las pérdidas que la imposición genera. El problema aquí es doble; i) la distorsión y por ende pérdida de bienestar, no es lineal sino cuadrática a la tasa impositiva y, ii) las sociedades esperan un "quid pro quo" cuando contribuyen y, ciertamente, de existir es mínimo. Seguramente la predisposición a abonar impuestos sería otra si los habitantes percibieran que los servicios de educación y seguridad interna son buenos.

El impuesto elegido para aumentar la carga tributaria es de los más inconvenientes en general para cualquier país y, en particular, en uno pequeño que debe estar abierto al mundo como condición imprescindible para crecer. No voy todos a reiterar los argumentos que he desarrollado en otras ocasiones, pero me permito recordar que los impuestos suelen ser trasladables entre los agentes económicos (todos nosotros), que descargan su peso tanto como pueden en otro integrante de la sociedad, en un proceso natural y, podríamos decir, inconsciente, en función de la relativa elasticidad o inelasticidad de sus ofertas y demanda. Bien fácil; si usted es el único o de los pocos que saben o pueden hacer determinada cosa o trabajo, la remuneración la fija usted, máxime si tiene alternativas (demanda) para ello. En cambio, si usted hace algo no diferenciado, el precio se lo da el mercado y éste viene con impuestos incluidos. Así la carga financiera de un impuesto suele no recaer, al menos 100%, en quien lo paga a al DGI. En el IRPF es muy claro que el impuesto que supuestamente se carga a los salarios más altos —los cargos más especializados—, termina a mediano plazo siendo pagado por personas que o "no abonan" o lo hacen en las primeras escalas de tasas. Un proceso de ajuste dinámico inevitable que perjudica a quienes supuestamente quiere beneficiar.

El ajuste plantea también un cambio de menor entidad, aunque inconveniente, en el IRAE como es la imposibilidad de deducción inmediata de manera íntegra de las pérdidas fiscales acumuladas. También introduciría la obligación de pagar el IRPF a la distribución de utilidades "no reinvertidas" si luego de tres años de generadas no se realizan tales inversiones. El concepto es extraño porque toda utilidad retenida está de hecho reinvertida, no necesariamente en bienes de capital fijo (máquinas, inmuebles), una parte relevante suele ser en capital de trabajo, —liquidez, financiamiento de deudores, reducción de deudas financieras—. A su vez, como las utilidades son nominales, con una inflación de 10% anual, meramente para preservar el capital en términos reales (no descapitalizar la empresa que sólo conduce a la desaparición), habrá que retener de las utilidades el 10% del patrimonio al inicio del ejercicio. Esta medida, de la naturalmente debemos ver su redacción para entenderla en detalle, luce tan inconveniente como el aumento del IRPF.

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