Las crisis económicas de los países emergentes latinoamericanos han sido escasas en los últimos dos lustros y medio, tras las más recordadas por los uruguayos: las del sudeste asiático y Rusia en 1998, la de Brasil en 1998-99 y las de Argentina y Uruguay en 2001-2002.

Algunos países desarrollados de Europa y los emergentes de la Eurozona han tenido y siguen teniendo problemas macroeconómicos, como la ausencia de crecimiento con alto desempleo y la deflación de precios. También un par de sudamericanos, los que niegan al capitalismo y al mercado, y por eso atraviesan momentos con crisis macroeconómicas. Como corolario de ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dejado de tener trabajo intenso en América Latina y ha concentrado su actividad en países que aceptan su intervención en la discusión y financiamiento de sus programas macroeconómicos de estabilización.

Aunque Argentina y Venezuela atraviesan por fuertes desequilibrios en su actividad, en el comportamiento general de sus precios y en el de su sector externo, la institución creada para acompañar procesos de estabilización interna y externa no ha tenido injerencia alguna en ellos, no se le ha llamado a participar para llevar adelante los ajustes necesarios para lograr la normalización económica. Tal vez porque la institución es vista por esas administraciones de gobierno como un "engendro despreciable" creado hace ya casi siete décadas, y por ser una institución que sostiene crediticiamente procesos de normalización económica pero que no avala crediticiamente acciones que sean meras prohibiciones del libre accionar de personas y empresas privadas en los distintos mercados.

Pero también es cierto que su trabajo en América del Sur no ha sido ni intenso ni extendido en el tiempo porque los emergentes de la región, con las escasas excepciones señaladas, han vivido al menos diez años en fuerte expansión, con inflaciones sensiblemente bajas para sus antecedentes históricos y con fortalecimiento de sus monedas en general.

En las recurrentes crisis macroeconómicas de los emergentes latinoamericanos del siglo pasado, la intervención del FMI se caracterizaba por una recomendación de políticas que difícilmente variara para cada país. Es que en prácticamente todos los casos los desequilibrios consistían en una situación macroeconómica caracterizada por recesión o estancamiento, alta inflación y problemas en la balanza de pagos. Esa combinación de problemas era generalmente provocada por una mezcla de políticas definida por una política fiscal con alto déficit, la monetaria expansiva y la cambiaria con una trayectoria del tipo de cambio en rezago de la inflación doméstica, al usársele como instrumento antiinflacionario.

El programa de estabilización que elaboraba un gobierno se sometía a estudio del FMI, el que "sugería" la conveniencia de un conjunto de acciones cuya aplicación apuntaba a lograr metas cuantitativas trimestrales concretas que se evaluaban trimestralmente por una misión oficial de la institución. Si se cumplían por el empleo de las políticas que se disponían en el programa aprobado por el FMI, el organismo liberaba los fondos del préstamo que concedía para apoyar el "ajuste". Los préstamos eran contingentes, sujetos al cumplimiento del programa y al alcance de las metas dispuestas en él. Por las características de los desequilibrios macroeconómicos los programas consistían en una mezcla de políticas restrictivas y expansivas.

La fiscal y la monetaria eran restrictivas; la cambiaria podía asumir diversas formas entre las que van desde la flotación del tipo de cambio hasta su fijación. La combinación no aseguraba —ni hoy aseguraría— la consecución de los objetivos a los que apuntaba, pues algunas son favorables para frenar a la inflación —la fiscal y la monetaria restrictivas— pero contrarias al aumento de la actividad. Para lograr el crecimiento la política cambiaria jugaba que con la devaluación de la moneda local favorecería a la actividad productiva de transables —exportables y sustitutivas de importaciones—, pero ello se reflejaría en el aumento de los precios. En Uruguay se han vivido muchas experiencias de ese tipo pero desde hace ya tiempo, desde el exitoso canje de deuda de 2003, el organismo internacional no ha incidido de modo alguno en la política macroeconómica del país. No hubo necesidad. Tampoco el deseo de atender sus recomendaciones tras la inconveniente sugerencia que hiciera en 2002-2003 al gobierno del Dr. Batlle y que con mucho criterio y tino éste rechazara, de renegociar la deuda privada uruguaya con quitas significativas. De haberse aceptado la sugerencia, el camino hacia el futuro se habría pavimentado con severos obstáculos para el aumento de la producción, del empleo, del ingreso y del bienestar general.

Es muy probable que el FMI vuelva a una participación más activa en los programas macroeconómicos de los países de América del Sur. Sus economías se enlentecen, algunas tienen problemas inflacionarios y otras deflacionarios y asimismo tienen un tipo de cambio, en muchos casos, anormalmente desalineado de lo que es el de equilibrio o del tipo que revertiría los altos déficit de la cuenta corriente de sus balanza de pagos, llevándolos al equilibrio o a un superávit.

Y en esos contextos la llamada "ayuda" financiera contingente del FMI será altamente probable. En el caso de Uruguay, se nota una mayor e injustificada atención de la prensa y de los analistas —no de la conducción económica— a lo que "dice el FMI en su informe del art. IV". Informe sobre el que existen algunas diferencias con lo que declarara en conferencia de prensa y a El País, durante la reunión del Primavera del FMI y del Grupo Banco Mundial en Washington D.C., el Director del Departamento del Hemisferio Occidental de la institución, Alejandro Werner. Mientras en el informe se plantea una política monetaria restrictiva como medida antiinflacionaria acompañada de una serie de ajustes a la política tributaria, en definitiva para recaudar más —menos exoneraciones y exenciones, reducir el mínimo no imponible, etc.— y a la política de gasto público —reducir el ritmo de crecimiento de los gastos—, Werner entiende que la tasa de interés de mediano plazo debe mantenerse baja —política monetaria expansiva— y la fiscal enfocada "más en ganar eficiencia en el gasto y seguir logrando los mismos objetivos sociales, productivos de manera más eficiente".

Es difícil tener la fórmula exacta para solucionar simultáneamente los problemas macroeconómicos de un país. Hoy es también difícil no tener coincidencias en el poder de cada política para resolver esos problemas. Y hoy, al menos en el caso uruguayo, es bueno que no haya que acudir más a una institución que pudo haber sido importante en etapas en las que el capital humano nacional o las necesidades financieras no eran satisfactorias. Hoy no es esa la situación por la que atravesamos.

Jorge Caumont