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En el contexto de una nueva crisis política

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Foto: EFE.
BRA26 BRASIL 04/03/2016.- Fotografía de archivo fechada el 28 de octubre de 2010 que muestra al entonces presidente brasileño Luiz Inácio da Silva con las manos impregnadas de petróleo durante el lanzamiento de la plataforma de Petrobras "Ciudad de Angra dos Reis". La Policía Federal brasileña allanó hoy el domicilio particular de Lula da Silva, la casa de uno de sus hijos y otras residencias cuya propiedad se atribuye a la familia, informaron hoy, 4 de marzo de 2016, fuentes oficiales. La operación se enmarca en las investigaciones de corrupción en la estatal Petrobras y fue ordenada por el juez federal Sergio Moro, que está a cargo de las averiguaciones sobre una red que se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera. EFE/Marcelo Sayao La policía brasileña allana la casa de Lula y otras propiedades de su familia
MARCELO SAYAO/EFE

La eclosión de una nueva crisis política en Brasil trajo consigo un aumento de la incertidumbre y afectó las perspectivas de continuidad de la recuperación, cuyos primeros signos ya se vieron en el primer trimestre de este año, cuando hubo un crecimiento del PIB del 1% ante el trimestre anterior.

En el centro de la crisis están, nuevamente, sospechas de corrupción involucrando al propio Presidente de la República y asesores y ministros cercanos a él. Como se sabe, este nuevo escándalo se sigue a las investigaciones de corrupción en gobiernos anteriores (según la Operación Lava-Jato), vinculados al Partido de los Trabajadores (PT), y que contribuyeron, aunque indirectamente, al impeachment de la presidenta Rousseff en agosto del año pasado, y para la llegada al poder del entonces vicepresidente.

Las nuevas denuncias fueron presentadas por el Ministerio Público al Supremo Tribunal Federal (STF) y están en debate en la Cámara de Diputados, a quien corresponde autorizar al STF a investigar al Presidente de la República. A todo esto debe sumarse la condena en primera instancia a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesar de toda esta turbulencia política, los mercados han reaccionado de forma sorprendentemente tranquila: después de una devaluación del 9% del real y del aumento de los intereses futuros en casi un punto porcentual, las cotizaciones retrocedieron y hasta la bolsa de valores de San Pablo —cuyo índice cayó un 10%— ensayó una recuperación, aunque parcial (cerca del 2,5%). Hay elementos favorables que justifican esta trayectoria, principalmente la fuerte baja de la inflación, que cayó al 3% anual en junio y debería cerrar el año por debajo de la meta del 4,5%. También hay expectativa de que, independientemente de lo que resulte de la decisión de la Cámara de Diputados, el actual equipo económico se mantendrá y que la situación fiscal, que sigue siendo crítica, tiende a acomodarse incluso en la ausencia de la reforma previsional. Son apuestas de riesgo, en parte determinadas por un ambiente externo favorable, y que pueden respaldar la continuidad de la trayectoria de recuperación económica. Sin embargo, se trata de un equilibrio inestable, que deja al país vulnerable a cambios de humor de los mercados.

En una perspectiva más amplia, lo que los sucesivos escándalos de corrupción revelan es el inmenso potencial que el marco institucional brasileño ofrece para ese tipo de práctica. En el caso del grupo JBS, por ejemplo, una de las principales revelaciones de tráfico de influencia que da origen al pago de sobornos está en el acceso a préstamos subsidiados del Bndes, el banco de desarrollo económico y social del gobierno federal. Como parte de la política de formación de "campeones nacionales" — componente de la estrategia desarrollista durante el gobierno del PT que apunta a la creación de grandes empresas brasileñas con penetración internacional— el grupo JBS adquirió empresas en el mercado local e internacional con el apoyo del Bndes, a través de préstamos subsidiados y de participaciones accionarias del banco.

Acceso a préstamos subsidiados, exoneraciones de impuestos, estímulos sectoriales y regionales a través de fondos oficiales, protección arancelaria, políticas arbitrarias de control de precios e intervención del gobierno en las agencias reguladoras por medio de designaciones políticas, son mecanismos extendidos en la economía que, con el pretexto de promover el desarrollo económico, acaban por crear una amplia casta de empresarios rentistas a quienes interesa más obtener favores del gobierno que invertir en aumentos de productividad. Este ambiente, obviamente, es también altamente propicio para la diseminación de la corrupción, a menudo disfrazada en forma de contribuciones electorales a los partidos políticos. En el caso brasileño reciente, esa tendencia fue potencializada por la visión de que cabía al Estado el liderazgo del desarrollo a través de la inversión pública y de empresas estatales, como en el caso de Petrobras, cuyo programa de mega inversiones está en el origen de la operación Lava-Jato y que casi le provocó la quiebra. En todos los casos, el resultado fue una profunda distorsión en la asignación de los recursos en la economía en favor de grupos y/o sectores específicos, reduciendo la productividad agregada y generando desequilibrios fiscales, debido a la presión sobre el presupuesto federal.

El Gobierno de Temer venía apuntando en la dirección correcta en lo que se refiere a la realización de reformas estructurales y reequilibrio fiscal. Después de aprobar una enmienda constitucional que limita el crecimiento de los gastos del gobierno federal a la inflación del año anterior, estaban en la pauta la reforma laboral, que flexibiliza algunos aspectos de la legislación para adaptarla a nuevas formas de relaciones de trabajo y la reforma de la seguridad social. La primera acaba de ser aprobada en el Senado, incluso en medio de la elevada inestabilidad política. La reforma de la Seguridad Social, sin embargo, por tratarse de tema sensible y que requiere de un cambio constitucional, enfrenta mayores obstáculos en el actual momento político. Si no se aprueba este año, tampoco lo será en 2018, por tratarse de año electoral. Sin embargo, es fundamental para revertir la tendencia de crecimiento de los gastos públicos por encima del crecimiento nominal del PIB. Sin esta reforma, la meta de control de los gastos puede resultar inviable y la deuda pública continuará creciendo, poniendo en duda la sostenibilidad del régimen fiscal.

Por eso, la perspectiva es que, aunque la recuperación se sustenta —y su dinámica apunta en esa dirección, con aumentos de la producción industrial y de las ventas del comercio en los últimos meses— la reanudación del crecimiento deberá ser gradual. Su aceleración tendrá que esperar a 2019, donde quizá la extensión de la idea de que corrupción y exceso de intervencionismo del Estado en la economía son cuestiones íntimamente ligadas, podría llevar a la elección de un presidente y un Congreso comprometidos con las reformas estructurales y la redefinición del marco institucional del país.

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Foto: EFE.

PAULO LEVY

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