Si una empresa contamina, genera un costo para las personas. Disponer de mejor información sobre contaminación ayudará a que los perjudicados puedan reclamar. El que rompió los platos, los tiene que pagar.

"Tang Donghua, un campesino productor de arroz de la provincia de Hunan (China), espera tener una cosecha de una tonelada. Tang enfrenta un solo problema: la cosecha está contaminada". Así comienza un artículo que The Economist dedica a un desafío medioambiental chino. Han sido negligentes en el uso del suelo durante años. Ahora la tierra le pasa factura. Contaminó Juan de los Palotes, pero paga Tang (a dos kilómetros de su campo hay una fábrica que ha tenido, durante años, derrames de tóxicos).

El 20% de la tierra arable de China está contaminada por sustancias orgánicas e inorgánicas tóxicas. En 2015, Yonglong Lu publica en una revista científica internacional —Environmental International— un análisis donde relaciona contaminación de los suelos y salud. Queda demostrada una asociación entre la cantidad de tóxicos en la tierra y los inusuales altos niveles de tumores de hígado, pulmón y gástricos. Se trata de 450 pequeñas poblaciones rurales que se conocen como "Villas del Cáncer".

La contaminación del aire y del agua es más notoria: muchas veces se observa a simple vista. No es el caso de la contaminación del suelo. Tang está cosechando arroz tranquilamente.

Las autoridades de China estuvieron construyendo una base de datos sobre el estado de los suelos desde 2005. Pero los datos no estaban disponibles para el público. La información fue clasificada como secreto de Estado, comenta The Economist. Recién en 2014 se dieron a conocer los datos que mostraban que 250 mil kilómetros cuadrados estaban contaminados (equivalente al área arable de México). En el 40% de la tierra contaminada estaba presente el cadmio y el arsénico.

En Uruguay se han dado pasos importantes para mejorar la información sobre contaminación, en su extensión y calidad. Pero una tarea pendiente es procurar que esa información sea más "saliente". Este es un concepto de la economía del comportamiento. Las personas pueden estar rodeadas de información, pero entenderla y procesarla es costoso, y se les hace difícil distinguir lo importante de lo accesorio. La manera en que se muestran los datos, puede ayudar a identificar esa información como importante y a actuar en consecuencia. La autoridad competente, que se encarga de recoger la información sobre contaminación, tiene que guardar dinero para hacer esa información lo más destacada —"saliente"— posible.

También, facilitar que los investigadores tengan acceso a todos los datos, ayuda a hacer más "saliente" la información sobre contaminación para el resto de la población. La investigación es un canal fantástico de difusión de información de calidad.

Helmut Rainer, investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Munich, publicó este año un artículo en la revista científica American Economic Journal: Economic Policy. En su estudio, el profesor Rainer evalúa los efectos de los paros del transporte público en cinco ciudades de Alemania. Encuentra que los paros de transporte aumentan el volumen de tránsito y el tiempo de desplazamiento en un 10%, y se incrementan los accidentes y lesiones en un 15%. La explicación es sencilla: si hay paro en el trasporte colectivo, más personas tienen que sacar su auto a la calle (también los que manejan peor). ¿Y qué tiene que ver esto con la contaminación? El profesor alemán encuentra que, esa mayor cantidad de autos circulando por la ciudad los días de paro, aumenta en 14% la contaminación por partículas en el aire, y se incrementa en 11% el ingreso a los hospitales por problemas respiratorios.

Este es un ejemplo más de las consecuencias que tienen, sobre el bienestar de otras personas en materia de contaminación, las decisiones que tomamos. Esto es válido no sólo para las acciones que toman las grandes empresas o corporaciones, sino también para las decisiones que tomamos los ciudadanos corrientes cada día: desde dónde tiramos la basura, qué hacemos con las bolsas del supermercado, la cantidad de vasos descartables que malgastamos en la oficina, o si compramos productos de empresas que no cuidan el medioambiente.

Quizás todo esto pueda parecer pura teoría o una historia linda. Pero hay un lenguaje que lo entienden todos: "el que rompe, tiene que pagar" (citando a Marcelo Caffera, PhD en Economía Ambiental por la Universidad de Massachusetts, entrevistado días atrás). Basta de explotar a los ignorantes o a los que no tienen poder. La autoridad ha de empujar a los ciudadanos a levantarse y reclamar sus derechos. Y el acceso a la información cumple un rol en este sentido.

ALEJANDRO CID