La semana pasada se conocieron nuevos elementos del ajuste fiscal en curso desde el inicio del actual período de gobierno.

Primero fue el recorte de las inversiones públicas, luego el retoque de algunos impuestos con un sentido "finalista" más que "fiscalista" (excepto lo del ajuste por inflación del IRAE en diciembre, que fue para recaudar más); más tarde, en enero, el aumento de las tarifas públicas, excepcional en términos de lo que venía siendo habitual (y la no rebaja en el caso de Ancap, con el petróleo mucho más barato) y ahora, para regir desde el año próximo, un aumento explícito de impuestos y ajustes en gastos. Es decir que se ha venido procesando, en etapas, un ajuste fiscal convencional, con todos sus elementos tradicionales. El aumento de impuestos proyectado es de US$ 385 millones y alcanza a los impuestos a la renta (IRPF, IASS e IRAE), pero hay que restar US$ 50 millones de una reducción selectiva del IVA. En el caso de los gastos se espera ahorrar unos US$ 125 millones básicamente por una reforma en la Caja Militar y un abatimiento en el costo de distribución de los combustibles. Este ajuste suma US$ 460 millones y el presupuesto casi no se toca.

Más que necesario, este ajuste fiscal era inevitable e imprescindible. El actual gobierno heredó un déficit fiscal de 3,5% del PIB y éste, en vez de mejorar como se había proyectado en el escenario presupuestal, continuó empeorando en la medida en que los ingresos fueron acompañando a una actividad económica más floja de lo previsto en aquella instancia: en 2015 el PIB creció 1,0% frente al 2,5% previsto y en 2016 apunta a crecer en torno a cero frente a una previsión que también estaba situada en 2,5%. Ahora se revisó el crecimiento esperado para todo el quinquenio, que baja del 14,6% al 7,7%. En los 12 meses a marzo, el déficit fiscal se ubicó en 3,6% del PIB, pero esto subestima la realidad ya que en septiembre pasado se contabilizó como ingreso de Ancap el beneficio de la quita obtenida por el pago anticipado de una deuda con Pdvsa (0,3% del PIB). Por lo tanto, el déficit está hoy en casi 4% del producto, cuando en el escenario presupuestal se previó para este año que estaría en 3,1% del PIB. Este desvío es el que se busca corregir con esta nueva etapa del ajuste fiscal que entrará a regir el próximo primero de enero.

Tomando como base a 2014, se ha registrado una mejoría de más de un punto porcentual del PIB en el resultado primario de las empresas públicas (donde se produjo el grueso del ajuste hasta ahora) y un deterioro casi similar en el del gobierno, donde la mayor parte de los gastos está indizada y su evolución es endógena. Tras el ajuste en las empresas públicas, ahora llegó el turno de atacar el frente del gobierno central.

Sin dudas que pudo y debió evitarse. Todos los aumentos de ingresos, normales y extraordinarios, de la fase alta del ciclo económico, se gastaron y no se acumularon municiones para enfrentar el receso que sigue a todo auge, dado que los ciclos económicos no han sido derogados, contrariamente a lo que parece que algunos creyeron. Se fue pro cíclico en el auge y ahora se es pro cíclico en el receso. No es algo novedoso en nuestro país, por cierto. Es una política de estado.

Después de que en 2010 y 2011 el déficit fiscal se ubicara en torno a 1% del PIB, el gasto subió de manera extraordinaria, 18% en 2012, 17% en 2013 y 15% en 2014, muy por encima de lo que cualquier regla de prudencia hubiera aconsejado, por ejemplo, tomando una tasa de crecimiento económico tendencial de 3% y un crecimiento nominal de precios del 7% (techo del rango meta).

¿Qué podemos decir del diseño de esta nueva etapa del ajuste en proceso? Primero, que está basado mucho más en aumentar ingresos que en bajar gastos (tres a uno). Una vez más, el sector privado es el que carga con el peso del ajuste y poco y nada se toca al sector público. Con la excusa de que casi todo el gasto es "social", el presupuesto casi no sufre ajustes. Segundo, el diseño del ajuste impositivo es consistente con el mandato político del Frente Amplio y es coherente con la reforma impositiva de 2007. Pero al aumentarse la imposición sobre las rentas del trabajo y el capital, se generan desincentivos para la inversión en capital humano y físico. Una cosa es la política y otra los efectos económicos.

A todo esto, con esta nueva fase del ajuste, ¿alcanzará para poner a las finanzas públicas en un trillo adecuado? El objetivo fiscal sigue siendo llegar a un déficit de 2,5% del PIB en 2019, pero ahora desde más alto y con menos tiempo por delante que en el momento del presupuesto. Aun suponiendo que con este nuevo ajuste se cubrirá el desvío fiscal de este año, por ahora de un punto del producto, entre el presupuesto y la realidad, todavía quedará por delante encarar la diferencia entre las proyecciones de crecimiento anteriores y las actuales, ahora corregidas, para los próximos dos años (2,8% y 3% versus 1% y 2%).

Por lo tanto cabe esperar que dentro de un tiempo, de aquí al año que viene, se vuelva a generar un desvío entre la proyección fiscal y la realidad, que dará lugar a una nueva etapa del ajuste fiscal.

JAVIER DE HAEDO