Autoridades priorizan el control político y la estabilidad social al cambio de modelo económico.

Los análisis de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China muestran que, de los 60 puntos aprobados tras el tercer plenario del Partido Comunista en noviembre de 2013, un 90% están a medias o con todo por hacer. Y en el último año, hasta algunos de los avances se han revertido. "El hecho de que la mayor parte de estas medidas no se hayan llevado a cabo es muy decepcionante", asegura Jörg Wuttke, presidente de la entidad mencionada.

El caso más paradigmático es el de las empresas estatales. No solamente no se ha avanzado en abrirlas a la inversión privada o en cambiar sus directivos para mejorar su eficiencia, sino que el Partido las controla más que nunca y aboga por fusiones con criterios políticos para hacerlas aún más grandes. Tampoco hay progresos significativos para liquidar las llamadas compañías zombi, que a pesar de acumular pérdidas y no tener futuro absorben una cantidad ingente de recursos —especialmente crédito— y siguen inundando la economía de productos que agravan el problema de exceso de capacidad.

La respuesta de las autoridades a la crisis bursátil del año pasado evidenció que Pekín no tiene inconveniente en actuar cuando lo considera necesario —a pesar de que hacerlo suponga una contradicción— si el fin es la estabilidad. La intervención sin complejos de las Bolsas cuando cundió el pánico entre los inversores o los movimientos en los mercados de divisas para limitar la caída del yuan choca con la voluntad expresada de abrir su sistema financiero y asignar los recursos de acuerdo con las leyes que dicta el mercado. Irónicamente, la palabra reforma sigue estando en boca de prácticamente todos los altos cargos chinos en sus discursos.

Los analistas achacan la falta de avances a la mentalidad cortoplacista de las autoridades y su obsesión con la estabilidad social. Sobre los hombros del presidente Xi Jinping pesa una losa enorme: lograr un mínimo del 6,5% de crecimiento económico anual hasta 2020 para que el PIB per cápita de los chinos se doble en comparación con el de la década anterior. "Se trata de un contrato político entre el Partido y los ciudadanos, una promesa pública que Xi hace a su gente, así que necesita ser mantenida a toda costa", explica Yan Se, profesor de Macroeconomía de la escuela de negocios Guanghua.

Además, las autoridades parecen haber encontrado más resistencia de la que esperaban cuando han querido tocar a las empresas estatales.

Por un lado, está la influencia de las poderosas familias que se han enriquecido estando al mando de estos gigantes. Por otro, el temor de las administraciones locales a quedarse sin ingresos fiscales y a una oleada de despidos que amenace la preciada paz social.

Entretanto, las consecuencias de no actuar empiezan a ser visibles. El crédito crece desde hace meses a un ritmo mucho mayor que la economía (15% frente a 6,7%), las compañías zombi empiezan a no poder pagar las deudas y la morosidad de los bancos aumenta. Las salidas de capital siguen a la orden del día, el yuan continúa depreciándose frente al dólar y la enorme cantidad de liquidez inyectada en el último año para animar la economía ha inflado una burbuja inmobiliaria.

"No hay una crisis inminente, pero con este patrón de crecimiento preocupa lo que pueda pasar en cinco años", asegura Yan.

Las posibilidades de que las autoridades pisen el acelerador con las reformas son, a corto plazo, ínfimas. El año que viene se celebra el Congreso del Partido Comunista, un encuentro que relevará a gran parte de la cúpula dirigente del país, por lo que China está ya inmersa en su particular campaña electoral y la estabilidad es, si cabe, aún más importante.

El escenario más probable, según Björn Conrad, vicepresidente del centro de estudios alemán Merics, es que las autoridades sigan tirando de estímulos para llevar a la economía al nivel políticamente deseable y las reformas se pospongan indefinidamente. Y hasta sugiere la posibilidad de que ni siquiera se pongan en marcha.

MODELO ECONÓMICO