Pocos días atrás, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que establece una variante en la liquidación del IRPF sobre el aguinaldo y salario vacacional. El proyecto fue remitido, en un único articulado, conjuntamente con la modificación al impuesto de Primaria que lo reimplanta para determinadas extensiones rurales.

Confieso que sentí curiosidad por estudiar la ley cuando la prensa informó sobre la sesión de la Comisión de Hacienda y los dichos del Senador Bordaberry. Luego aparecieron otras voces dentro del propio gobierno, como la del Vicepresidente de la República, que hablaron de "una propuesta limitada". Realmente, una vez estudiada la ley mi curiosidad se transformó en asombro.

Es conocida mi posición, lisa y llanamente contraria al impuesto. En ocasión de su discusión parlamentaria —2006— expuse los argumentos filosóficos y económicos, en especial los efectos de traslación del impuesto de un agente a otro que no reiteraré. Si me permito recordar lo básico: i) es un tributo al trabajo, que castiga más a los que menos calificación tienen y, de hecho, éstos suelen de manera indirecta pagar el impuesto de los mejores calificados, al menos de los que están al tope de las organizaciones, aun cuando aparezcan no abonándolo formalmente; ii) castiga doblemente el ahorro porque limita las posibilidades de formarlo, al sustraer una parte del ingreso en el momento de su generación, gravando luego su rendimiento. Por tanto, claramente atenta contra el progreso individual de las personas, en especial de aquellas que no poseen otro capital que su talento y trabajo y, como consecuencia, contra la movilidad social tan necesaria para el crecimiento de las naciones, pero sobretodo tan cara para quienes defendemos al esfuerzo personal y la libertad como "la" herramienta válida de satisfacción de las personas; iii) derivado de lo anterior, como el mayor ingreso suele provenir de mayores conocimientos y habilidades personales (más años de estudio), se reduce la tasa de retorno de la enseñanza, afectando el progreso de los países; iv) la forma en que se controla es "agresiva" para con la intimidad de las personas a diferencia de otros impuestos al trabajo, como los aportes de previsión social que, con efectos similares (no iguales en función de la estructura proporcional de éstos contra la progresividad del IRPF), no se "mete" dentro de la vida de los individuos.

Desde el momento que el gasto público toma aproximadamente un 35% del PIB, impuestos al trabajo habrá. Esto es así porque a tasas elevadas, las distorsiones que genera "el mejor impuesto" se vuelven "insoportables" y por lo tanto hay que recurrir a otros impuestos, seguramente peores que los preexistentes, pero con tasas menores y efectos "soportables". Imposición al trabajo hubo y hay, aquí y en todo el mundo. Como expresé, la aportación de previsión social lo es, pero el IRPF vino a elevarla y hacerla "insoportable" para muchos; piénsese que las tasas marginales pueden llegar al 30% del ingreso y, normalmente son del 20%.

El proyecto, manteniendo la liquidación por el ingreso anual, hace tributar al aguinaldo y el salario vacacional a la tasa máxima que tributa la persona sin considerar estas dos partidas. Por ende, para que haya una reducción en el monto a pagar por el contribuyente debe suceder que sean estas partidas las que hagan cambiar de franja al contribuyente (subir la tasa), de donde el ahorro se mide como el monto de ingresos que excede el límite de la franja por la diferencia de tasa. Entonces, con esta definición es evidente que el alivio no puede ser sustancial; sí puede pasar que en ciertos casos el monto descontado en algunos meses sea menor al actual, reduciendo el saldo o la devolución final. No olvidemos que el impuesto es de liquidación anual y suele pasar que existan devoluciones por pagos en exceso, o bien anticipos que se ajustan con el sueldo de diciembre.

Desde el gobierno se dice que la reducción de la carga supone una renuncia de unos $ 400 millones al año (US$ 15 millones, o 0,025% del PIB), beneficiaría a aproximadamente 130.000 personas, de las cuales la mitad dejaría de abonar el impuesto, siendo éste su compromiso electoral. No voy a interpretar si el proyecto cumple o no las promesas electorales, eso es personal, cada uno sabrá confrontar su expectativa con la realidad. Sí me parece claro que el monto total luce reducido y, como veremos a continuación, estimo que tanto la cantidad de personas como el monto involucrado serían sustancialmente inferiores.

El cuadro I adjunto, hecho bajo el supuesto de que la persona cobra salario vacacional y tiene 20 días de licencia anual, resulta ilustrativo y muestra el monto mensual de reducción según el caso. La ley beneficia a algunos sí y otros no, con poca diferencia salarial. Con $ 1 de diferencia en el salario se puede pasar de un máximo beneficio a uno nulo (cero peso), puede beneficiar a personas que ganan más y no hacerlo con sueldos menores. Del mismo modo, a mayor cantidad de hijos, el "límite" donde comienza el beneficio se corresponde con un sueldo superior. Alguien con un sueldo entre $ 27.075 y $ 30.520 al mes con hasta un hijo a su cargo, el impuesto se reduce entre $ 1 y $ 194 por mes pero, si tiene 2 o más hijos que mantener, no tiene reducción alguna de su impuesto. Si la misma persona con un hijo a cargo pasa a ganar $ 30.521 al mes, deja de tener reducción en el impuesto anual, pasando la misma de $ 194 al mes a cero. Muy injusto y aleatorio por cierto. No creo que a nadie que esté en el límite se le ocurra hacer una hora extra.

Los intervalos de ingresos donde "todo queda como ahora" son bastante más amplios que los que ven reducido su aporte. Así, personas con sueldos de $ 150.000 o 325.000 al mes tienen beneficio y otras de $ 30 mil no. En un sueldo de $ 28.000, la baja del IRPF ronda los $ 60 al mes. Por último, si el dependiente que abona el impuesto es funcionario público de los que no cobran salario vacacional (la enorme mayoría), la reducción en el impuesto que el cuadro indica, disminuye —en términos porcentuales— de manera significativa.

El cuadro II muestra mi estimación de la cantidad de personas que tendrían una reducción de su aporte y el monto total. La estimación está hecha a partir del informe de la DGI sobre datos de 2013 (últimos disponibles) ajustados a valores de 2015, bajo tres supuestos que, entiendo, aumentan tanto la cantidad de beneficiados como el monto: a) dentro del rango de ingresos, la distribución de personas, incluyendo los núcleos familiares, es uniforme. En general siempre hay cierta concentración sobre el límite inferior del intervalo, b) en el primer tramo, el de menos ingresos, todos los contribuyentes tienen como máximo un hijo a cargo y, c) todos empleados que cobran salario vacacional, cosa que sólo hacen los privados y algunos públicos. En contrapartida, seguramente en las franjas de ingresos más bajos, haya más contribuyentes que hace dos años, en función que el aumento en los salarios supera a la corrección en los límites de las franjas. Así calculado, el número de personas que se beneficiarán serían unas 75.000, de las cuales 43% lo hará con menos de $ 100 al mes, algunos de los cuales dejarían de abonar el impuesto. El costo total del alivio fiscal rondaría los $ 150 millones.

En síntesis, la mayoría de los contribuyentes no tendrán reducción alguna, la misma es casi al azar, asimétrica entre empleados públicos y privados y con un costo menor a la mitad de lo que las autoridades han indicado. Las restricciones financieras están jugando.

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Isaac Alfie