La nueva administración insinúa cambios en algunos enfoques, que van en una dirección diferente y en algunos casos opuesta, a los de la anterior.

No se trata solo de la forma, mucho más ordenada y profesional, sino también del fondo, al menos en algunos temas importantes.

Uno de ellos y no menor parece ser la política exterior, al menos en tanto asociada a la persona de Rodolfo Nin, quien para empezar ha querido escuchar a los que saben, no solo como muestra de inteligencia para dejarse asesorar, sino como forma de reinstalar un sentido de política mayor, de consenso, a la política exterior.

De esta forma, dejando aparentemente de lado posturas ideológicas y divorciadas de la mejor historia diplomática del país, empezó a terminar con la zarabanda tercermundista, con la lógica de comparecencia internacional como parte de una especie de Pit-Cnt internacional, y se ha acercado a la apertura al mundo que el país venía abandonando.

Terminó con el tema de los sirios, con el de Guantánamo, y ahora se encamina a trabajar con el TISA, que en realidad es un sucedáneo liliputiense de TLC, aunque siempre bienvenido —no hay disponible otra cosa— para un país como el nuestro. Algunos autodenominados intelectuales, sin conocimiento de los contenidos del TISA ya se pusieron en contra, deshonrando así una característica del intelectual que supone estar abierto al conocimiento, para intentar descubrir la realidad tal cual es.

Pero el gobierno sigue adelante y lo celebro. De igual modo lo hace con la Unión Europea. Si bien en lo comercial son discutibles los beneficios, no cabe duda que hay que apoyar el retorno a la "casa común de Europa" como la llamaba Gorbachov, de donde salimos y de donde con seguridad habrá para avanzar con audacia, aunque de momento no se vean muchos beneficios comerciales.

Y celebro especialmente que se intente transitar este camino sin pegar portazos a nadie, menos aún a Argentina, que no es ésta de los Kirchner, su versión más desfigurada aunque también real.

Otro tema para subrayar deriva de las expresiones que, en el marco de la elaboración del Presupuesto Quinquenal, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori anunció la semana pasada. Señaló que el objetivo del Poder Ejecutivo es "llegar a 2019 con un punto menos de déficit sobre el Producto, esto es con un déficit fiscal agregado de 2,5%".

Si bien el ajuste anunciado es de menor magnitud al estimado necesario por ejemplo por Cinve, y no se daría en forma inmediata, de todos modos constituye una señal positiva en la medida que implica reconocer que la posición fiscal de cierre de 2014 era inconveniente para el manejo de las finanzas públicas. Y subraya que hay que realizar un esfuerzo para evitar que continúe el proceso de deterioro del resultado fiscal observado desde el año 2011.

Aunque será ardua esta tarea hacia adentro del gobierno, el solo planteo —que el propio presidente ha manifestado a las gremiales con las que se reunió— merece respaldo.

En este sentido, hay que destacar el intento de controlar la gestión de algunas empresas públicas, en concreto Ancap y Antel, que se han destacado no solo por sus pérdidas y por la fabricación de candidaturas, sino especialmente por hacer tareas que nadie les encomendó. Tal el caso por ejemplo del Antel Arena, como el de fabricar cemento, o viabilizar la insólita producción de azúcar de ALUR —un agujero negro— o crear un nuevo monopolio, el de los agrocombustibles.

Y volviendo algo más la mirada a lo agropecuario, hay expresiones que quizás han pasado desapercibidas y que en mi opinión son novedosas y buenas.

Me refiero a la preocupación que parece denotar el gobierno por la seguridad en el medio rural, lo que implica una mejora indudable sobre lo que supone el respeto al derecho de propiedad, tan golpeado en la administración anterior.

No solo fue atacado por los planes de uso y manejo del suelo que siguen vivos aunque anémicos; me refiero más que eso a expresiones por ejemplo de la senadora Constanza Moreira, cuando realizaba disquisiciones geográficas acerca de su alcance, subrayando que en Carrasco sentía menos necesidad de cuidar aquel derecho. O de la senadora Lucía Topolansky, que planteó cambiar la Constitución para abordar este derecho fundamental; o tantas expresiones parecidas.

Ahora el propio presidente anunció en Artigas que entre los temas de su agenda figura nada menos que los delitos contra la propiedad rural. Y el propio MGAP ha anunciado la creación de Mesas Departamentales sobre Seguridad, cuyo alcance desconozco, pero que suponen embarrarse las manos para enfrentar a los delincuentes, que ni son producto del liberalismo, ni de los gobiernos anteriores; son transgresores de la misma ley que nos obliga a todos.

Entre las confusiones que están muy extendidas menciono el enfoque parcial, que supone sostener el derecho de propiedad como algo defensivo, como el derecho encargado de cuidar los bienes de los que los tienen. Es un error.

Me interesa más el derecho de propiedad en un sentido ofensivo, es decir considerado como el derecho de todos a poseer privadamente sus bienes. Por ejemplo a tener su casa propia, su negocio, a disfrutar plenamente de las utilidades del mismo, a arrendar su propiedad y disfrutar de su renta, a exigir el cumplimiento de los contratos que protegen sus decisiones, a evitar que ajenos a su negocio se metan en él o quieran manejarlo, a testar a favor de éste o aquél, etc.

El derecho a poseer privadamente, constituye un fundamento de la institucionalidad democrática. En efecto, un derecho a la propiedad bien difundido, extendido, respetado, es clave para la estabilidad de las democracias. En cambio cuando el uso y goce del mismo se limita sin ley, o con ésta pero asociado a difusas categorías como el bien común, el proceso, el hombre nuevo, etc., la institucionalidad se resquebraja.

El derecho a la propiedad privada no es ilimitado, es cierto. Pero si la ley lo va a retacear, deberá indemnizarse al dueño por el derecho que se le quita, y cabe recordar que no corresponde al gobierno en función de sus intereses, interpretar su ejercicio. Por eso, cuando el abigeato o la falta de seguridad se extienden en el campo, el problema es mucho más grave que el valor de unas vacas y ovejas; se trata de un pilar del funcionamiento social.

En definitiva, justo en el entorno del congreso de la Federación Rural, se difundieron enfoques del gobierno bienvenidos, hasta ahora ausentes, y que resulta de justicia subrayar.

Julio Preve FOLLE